Julio Lero se encuentra detenido en el penal de San Pedro, en La Paz, desde el mes de febrero, aunque su detención era por cinco meses, está a punto de cumplir ocho meses.
Fuente: ANF / La Paz
El indígena tsimane Julio Lero Sánchez, investigado por el delito de homicidio de Francisco Marupa, no sabe leer ni escribir, mucho menos entiende el castellano, por eso no revisó su declaración en la que se cometió un “error” en su identidad al confundirlo con un homónimo Julio Lero Tayo. Durante un mes la Fiscalía mantuvo la equivocación, lo imputó y lo encarceló con información errónea.
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Los investigadores no tuvieron el cuidado de obtener de manera adecuada el nombre completo del sindicado al momento de aprehenderlo en febrero de este año. La Fiscalía sostuvo su imputación con errores de identificación. Confundió a Julio Lero Sánchez con otra persona, cuyo nombre y primer apellido eran homónimos, la diferencia estuvo en el apellido materno.
Después de un mes de mantener el error, la defensa de Julio Lero solicitó la corrección de su identidad porque los datos incorrectos le causaron un “perjuicio”. “Mi persona no sabe leer ni escribir ni pronunciar en forma correcta el castellano (por eso) no revise mi declaración”, sostuvo al “Solicitar que se corrija mi nombre de Julio Lero Tayo por el correcto como es Julio Lero Sánchez con CI 17301921QR”, se lee en el memorial del cuaderno de investigaciones que revisó la ANF.
Luis Enrique Mamani Quispe, fiscal de materia en suplencia legal del asiento fiscal de Apolo, inició las investigaciones el 14 de febrero de este año. El error empezó en la declaración informativa policial en la que fue identificado de forma errónea.
Tras ser aprehendido, Lero Sánchez se abstuvo de realizar declaraciones y se acogió al silencio. En la relación de hechos, el fiscal hizo notar que tiene derecho a ser asistido por un abogado, que tiene el derecho de abstenerse; y que se le hace conocer la relación circunstancial de los hechos. Sin embargo, no menciona su derecho a tener un intérprete para comprender el proceso en su contra.
La identidad no es un dato menor, la Fiscalía indagó la residencia y los antecedentes de Julio Lero Tayo con CI 9261509QR y no los de Lero Sánchez, la información incidió en la decisión del juez para determinar su detención preventiva sobre datos erróneos de la Fiscalía. Detención que continúa hasta la fecha.
“Julio Lero Tayo al momento de prestar su declaración informativa policial refirió tener su domicilio en la comunidad Torewa, empero los datos del certificado del Segip se tiene que el mismo tendría su domicilio en San Borja-Chaco Brasil, contradicción que hace latente este riesgo”, se lee en la imputación. La declaración de Lero Sánchez era correcta, pero la Fiscalía buscó los datos de otra persona.
La ANF publicó el 16 de septiembre un reportaje sobre la situación de Julio Lero, quien se encuentra detenido en el penal de San Pedro desde el mes de febrero, aunque su detención era por cinco meses, está a punto de cumplir ocho meses. La Fiscalía anunció que presentará la acusación formal porque supuestamente tienen todas las evidencias para inculparlo.
La red UNITAS en un análisis que realizó del proceso evidenció “irregularidades”, desde errores de identificación hasta la ausencia de pericias técnicas fundamentales”, para establecer la verdad de los hechos.
“La falta de diligencia en la recolección y análisis de pruebas, así como la limitada intervención de las autoridades competentes en los actos investigativos, debilita la búsqueda de la verdad material y puede afectar la imparcialidad del proceso”, precisa el documento.
Problemas estructurales en el proceso
UNITAS identificó el proceso penal iniciado por la muerte de Francisco Marupa “diversos problemas estructurales” en la investigación y en las garantías del debido proceso, lo que pone en evidencia las dificultades que enfrentan las personas de zonas rurales e indígenas al interactuar con el sistema judicial boliviano.
Señaló que existen “deficiencias en la investigación penal”, al evidenciarse “irregularidades” en etapas clave del proceso “desde errores de identificación hasta la ausencia de pericias técnicas fundamentales.
Identifica “limitaciones en la defensa y el acceso a la justicia”, esto debido a que la defensa técnica se vio limita en la posibilidad de presentar pruebas como en la atención de sus requerimientos por parte de las autoridades fiscales.
Por otra parte, la institución dice que existen “brechas lingüísticas y culturales” que por la “falta de intérpretes calificados y la débil consideración del contexto comunitario generan barreras que vulneran el derecho a la defensa y a la comprensión plena del proceso”.
Asimismo, advierte que el contexto de vulnerabilidad y conflictos locales exige un abordaje institucional cuidado para evitar que factores externos influyan en la administración de justicia.
“La imparcialidad de las investigaciones y la aplicación de medidas cautelares proporcionales son esenciales para no profundizar la conflictividad ni criminalizar disputas locales”, sostuvo.
Este jueves se suspendió una audiencia de apelación incidental de la medida cautelar, debido a que Julio Lero no fue notificado para asistir a esta audiencia; mientras que el abogado fue notificado recién anoche. El 17 de septiembre, el juez le amplió su detención preventiva a pedido de la fiscalía y los demandantes.