Por Ramiro Sánchez Morales
En octubre de 2025, Bolivia se encuentra en la antesala de un momento fundacional: la primera segunda vuelta electoral desde la promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009. Este balotaje inédito, que enfrenta a Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), no es solo una contienda electoral más. Representa el epílogo de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y la inauguración de un nuevo ciclo político marcado por la fragmentación, el giro a la derecha y la imperiosa necesidad de construir gobernabilidad en un contexto de varias crisis económicas. El desafío para quien resulte electo no será solo ganar, sino gobernar sin una mayoría clara en un país político y socialmente fracturado.
El Nuevo Equilibrio de Poder y la Fragmentación Parlamentaria
El fin del predominio masista ha reconfigurado dramáticamente la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La dispersión del voto ha generado un Congreso fragmentado donde ningún bloque detiene una mayoría simple, mucho menos calificada. Este nuevo equilibrio de poder dinamiza la posibilidad de una gestión presidencial unilateral y convierte la negociación y el pacto en el verdadero motor de la gobernabilidad.
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La historia política boliviana es clara: la estabilidad se ha cimentado históricamente sobre acuerdos y conciliaciones. Sin coaliciones estables se corre el riesgo de caer en la parálisis política, donde iniciativas urgentes para la reactivación económica y la reforma judicial pueden quedar empantanadas. El próximo gobierno estará obligado a transitar de la confrontación ideológica a la construcción de consensos programáticos, buscando alianzas con fuerzas opositoras, incluyendo sectores que mantengan influencia social y electoral residual significativa del MAS. La exclusión total del anterior oficialismo solo serviría para avivar la confrontación social y la ingobernabilidad.
La urgencia de una agenda de estado en medio de la crisis
El presidente electo heredará una situación económica profundamente delicada, marcada por la escasez de divisas, la falta de combustibles y una inflación creciente, que ha mermado la capacidad adquisitiva y la confianza ciudadana. La magnitud de esta crisis exige un pragmatismo radical y la capacidad de articular una agenda de Estado que trascienda la coyuntura electoral.
Esta agenda debe enfocarse en tres pilares esenciales:
Reforma Judicial: Impostergable para restaurar la confianza en el Estado de Derecho y combatir la corrupción estructural. Procurar dotar de Seguridad Jurídica al país.
Gestión Sostenible de Recursos Estratégicos: Administración responsable y transparente de recursos como el litio y los bosques, fundamental para la solvencia económica futura.
Estabilidad Macroeconómica: Medidas urgentes y realistas para afrontar la falta de liquidez y sentar las bases para un crecimiento sostenido.
Sin una coalición parlamentaria funcional, cualquiera de estas reformas vitales está condenada al fracaso o a un desgaste político inmanejable.
La Lección Histórica: Gobernar es Pactar
La experiencia política de Bolivia, desde las reformas de Víctor Paz Estenssoro hasta los acuerdos que posibilitaron la gobernabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada, subraya una verdad ineludible: en la fragmentación, gobernar es pactar. Estos ejemplos demuestran que la flexibilidad y la capacidad de adaptación son más valiosas que la rigidez de los programas electorales.
El nuevo liderazgo que emerja de este balotaje deberá entender que el arte de la política es la negociación, no la imposición. El éxito de Paz Pereira o Quiroga no se medirá solo por el cumplimiento de sus promesas de campaña, sino por su habilidad práctica para tejer acuerdos, ceder y articular mayorías parlamentarias estables que permitan aprobar leyes y ejecutar políticas públicas a largo plazo.
Bolivia ante la Encrucijada Histórica: La Urgencia de la Gobernabilidad Democrática y el Fin del Autoritarismo
Este balotaje simbólico también representa la primera segunda vuelta electoral bajo la Constitución de 2009 y señala el fin de un ciclo de casi veinte años de hegemonía del MAS. Este nuevo capítulo requiere desmantelar los resabios del autoritarismo, extirpar la corrupción conquistada y restablecer las bases de una gobernabilidad genuinamente democrática y plural.
El Despertar de la Fragmentación: El Fin de la Hegemonía
La dispersión del voto y la fragmentación interna del MAS han generado un escenario político inédito. El ciclo de la «mayoría absoluta» ha concluido. El nuevo mapa político se caracteriza por un Congreso fragmentado donde ninguna fuerza tiene la capacidad de legislar o gobernar sin recurrir a pactos y alianzas. Esta realidad, aunque compleja, es esencialmente sana para la democracia, pues fuerza a la deliberación, el consenso y el contrapeso institucional, mecanismos que estuvieron desactivados durante la era de la «mayoría aplastante».
El desafío inmediato para el próximo gobierno será transformar la fragmentación en pluralismo constructivo. La ausencia de una mayoría clara en la ALP hace que la cultura del acuerdo no sea una opción, sino una condición de supervivencia. El liderazgo que Bolivia necesita tendrá que ser capaz de tejer coaliciones estables y funcionales, no solo para aprobar leyes, sino para legitimar políticas de Estado y evitar la parálisis ante la profunda crisis que atraviesa el país. El fracaso en la construcción de estos consensos equivaldría a un autogolpe a la estabilidad institucional, prolongando la ingobernabilidad creciente en las calles.
La Deuda Histórica: Desmontar el Autoritarismo y Fortalecer la Democracia
Durante casi veinte años de predominio del MAS, se observó un proceso sostenido de erosión institucional que concentró el poder en el Ejecutivo y debilitó los mecanismos de control y equilibrio. La independencia de poderes, pilar fundamental de cualquier república, estaba gravemente comprometida, especialmente en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El objetivo central del nuevo ciclo político debe ser el fortalecimiento radical del proceso democrático. Esto implica no solo respetar la alternancia y la pluralidad, sino también despolitizar y desmantelar los instrumentos de control que fueron cooptados para perseguir adversarios políticos y asegurar la impunidad.
La Urgencia de la Reforma Judicial
La reforma judicial es la tarea democrática más urgente e ineludible. La percepción ciudadana de un sistema de justicia corrupto, lento y parcializado es una de las principales fuentes de desconfianza y polarización social. El próximo presidente tendrá la responsabilidad de impulsar mecanismos que garanticen la elección meritocrática y la autonomía financiera y funcional del Órgano Judicial, poniendo fin al sistema de cuoteo político que ha enraizado la impunidad. La restauración de la credibilidad judicial es un paso esencial para restaurar la confianza en el Estado de Derecho.
El Cáncer de la Corrupción y el Deterioro Institucional
Uno de los legados más corrosivos del ciclo autoritario ha sido el enraizamiento de la corrupción a niveles sistémicos, facilitado por la concentración de poder, la ausencia de contrapesos reales y la impunidad judicial. El uso discrecional de los recursos del boom de los commodities alimentó redes clientelares y de malversación que trascendieron la esfera pública para penetrar en la economía y la sociedad.
Indicadores internacionales evidencian esta situación:
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional: Bolivia ha permanecido estancada o retrocedido en este índice, situándola en la franja de alta percepción de corrupción, reflejando la falta de avances en la lucha anticorrupción.
Reportes del Banco Mundial y el BID: Ambos organismos remarcan debilidades en la gobernanza, falta de transparencia en la contratación pública, y la necesidad urgente de fortalecer la rendición de cuentas y auditoría, elementos debilitados para proteger redes de interés.
La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado con dientes, respaldada por una Fiscalía independiente y un Poder Judicial reformado. La nueva administración debe comprometerse a transparentar la gestión de recursos estratégicos, particularmente el litio, que promete ser la próxima gran fuente de ingresos, pero también un gran riesgo de corrupción. La inacción mantendrá al país atrapado en un círculo vicioso de inestabilidad.
La Economía en Ruinas: El Contexto de la Gobernabilidad
El nuevo gobierno asumirá una crisis económica severa: escasez de divisas, disminución de Reservas Internacionales Netas (RIN), déficit fiscal persistente y creciente malestar social por falta de combustibles e inflación. Este contexto es en buena medida consecuencia de la política económica populista y extractivista del ciclo anterior, caracterizada por despilfarro, ausencia de inversión productiva diversificada y dependencia excesiva de la renta gasífera.
Para revertir esta tendencia se requieren medidas económicas pragmáticas y valientes que solo podrán sostenerse con amplio respaldo político y social. El próximo gobierno deberá:
Priorizar la estabilidad macroeconómica por encima del gasto político.
Impulsar una reforma fiscal para ampliar la base tributaria y combatir la informalidad.
Generar un clima de confianza para atraer inversión extranjera, esencial para reponer divisas.
La economía, al igual que la justicia, no puede ser gestionada con visiones unilaterales. El diálogo con el sector privado, actores sociales y fuerzas políticas de la ALP será indispensable para implementar un plan reactivador que no agudice la fractura social.
La Obligación de Incluir: Negociación con Realismo Político
La influencia residual electoral y social de Evo Morales aún como figura visible, es un factor que el próximo gobierno no puede ignorar. La exclusión total del anterior grupo gobernante sería un error estratégico que solo alimentaría confrontación y bloqueos sociales.
La gobernabilidad requiere realismo político, es decir, tender puentes y buscar consensos incluso con adversarios. Los pactos deben ser programáticos y transparentes, enfocados en políticas de Estado (economía, justicia, recursos naturales), y no en la mera distribución de cargos o cuotas de poder. El liderazgo exitoso en este nuevo ciclo demostrará madurez al negociar con responsabilidad, dejando atrás la retórica de la «confrontación total» para enfocarse en la estabilidad del país.
Conclusión: El Liderazgo que Bolivia Demanda
El balotaje de octubre de 2025 es solo el preludio de un período que definirá si Bolivia logra consolidar su transición hacia una democracia plena o si se estanca en la ingobernabilidad y el conflicto. El liderazgo en esta nueva era se medirá por su capacidad práctica de mayorías articulares, gestionar la crisis económica y, principalmente, desautorizar el autoritarismo con el fortalecimiento republicano y la limpieza del sistema judicial.
El futuro inmediato no lo decidirán la rigidez o la retórica electoral, sino la flexibilidad, el pragmatismo y la visión de estadista del próximo presidente. Esta segunda vuelta representa una oportunidad histórica para cerrar definitivamente el capítulo de hegemonía y corrupción institucional, comprometiéndose con la responsabilidad activa de construir una gobernabilidad plural, transparente y sostenible en beneficio de la nación.
La estabilidad y el desarrollo dependen ahora de la voluntad política para pactar y la valentía para reformar. Gobernar en Bolivia ya no es una tarea de imposición, sino de consenso y construcción democrática.