Esa fue la solución que ofreció el Gobernador de La Paz, Santos Quispe, a los pobladores de ese municipio paceño. Desde el Gobierno le pidieron al alcalde Fernando Vera que decida si actuará como minero o como autoridad electa.
Fuente: eldeber.com.bo
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Le hemos hablado a la población de la ciudad de Tipuani: ‘todos los años están sufriendo inundación’, les hemos dicho que tienen que trasladarse a otro lado, porque año tras año lo mismo va a pasar, porque hay dos empresas chinas que siempre están moviendo la tierra y siempre va haber inundación”, fue la conclusión y la solución que ofreció el gobernador de La Paz, Santos Quispe.
Las declaraciones de la primera autoridad departamental de La Paz, surgieron el miércoles, un día después de que varias pozas de sedimentación “mal construidas”, cedieran a la lluvia de tres días y millones de litros de agua contaminada se precipitaran por el río Tipuani e irrumpieran en la población capital e inundaran.
Lidia Choque, mujer de la tercera edad, parte de las más de 420 familias afectadas, que habitaban en 250 viviendas en la zona baja de Tipuani, declaró a EL DEBER, que era la tercera vez que perdía todas sus pertenencias y que su casa quedaba bajo las aguas servidas y amarillentas, estancadas, producto de la mezcla entre el agua de copajira y las del alcantarillado colapsado.
Tipuani, con 7.640 habitantes, existe desde antes de la Republica de Bolivia, pero recién fue fundada como municipio en 1986, es parte de la provincia Larecaja en el departamento de La Paz. Si bien gran parte de su territorio se clasifica como “selva húmeda montañosa”, con colinas cubiertas de vegetación y tres pisos ecológicos, su economía siempre se basó en explotación del oro.
A lo largo de los siglos de existencia, ha sufrido varios embates de la naturaleza, pero en relación a las inundaciones, la más reciente duró seis meses, desde diciembre de 2024 hasta junio pasado. La primera vivienda de Lidia y sus padres, cuando ella era apenas una adolescente, quedó destruida por un evento similar, estaba construida de adobe.
Pero la segunda también cayó, como la de decenas de tipuaneños hace una década, pese a ser construida con cemento y ladrillo. “Ahora, esta mi casa también se va a caer, recién hemos regresado a vivir (por la inundación que duró hasta junio), y ya estaba rajado una parte, pero esta vez (la nueva riada) ya no creo que pueda regresar”, lamentó Lidia.
“Entonces ¿en lugar castigar a los chinos, a los cooperativistas y hacer que (los ministerios) cumplan la ley nosotros tenemos que irnos de nuestras casas? Ese gobernador nunca ha debido trabajar o conseguir algo con esfuerzo, porque sino, sabría que la gente no abandona su terreno y su casa así nomás, luego de conseguir con esfuerzo para su familia”, lamentó Lidia, sobre las declaraciones del gobernador Quispe y la sugerencia del traslado de la ubicación del pueblo.
Explicó que, pese a que su familia, y la mayoría de los vecinos, viven de la explotación del oro, no tienen los recursos económicos para mudarse, construir otra casa y urbanizar “otro cerro de un momento para el otro”, y que, si esa era la sugerencia de una autoridad, el Gobierno debería planificar y pagar por todos los perjuicios. Desde su punto de vista, fue la falta de control del Estado hacia los cooperativistas lo que provocó el incremento del “desmonte industrial” y cambio del cauce del río.
“Bomba de tiempo”
EL DEBER, con apoyo de la Fundación para el Periodismo, publicó el 22 de septiembre el reportaje: “Tipuani y Guanay en riesgo de desaparecer por la minería ilegal y descontrolada”. En el mismo se menciona que en enero de este año, en oficinas de las Defensoría del Pueblo de La Paz, el alcalde de Tipuani, Fernando Vera, junto a su equipo técnico legal, ya había lanzado la advertencia.
Vera aseguró que, de continuar la desenfrenada explotación aurífera, ese municipio podría desaparecer en tres años, y que afectaría a las poblaciones capitales de los municipios vecinos Guanay y Teoponte. El material publicado, también recoge en videos el daño provocado en la primera inundación de este año, con testimonios de vecinos y autoridades municipales.
No obstante, si bien este último evento confirma la advertencia que todos ellos lanzaron, también revela que la minería ilegal y descontrolada podría destruir esas poblaciones en menor tiempo.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, le dio la razón a Lidia Choque, responsabilizando al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Ministerio de Minería y funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no actuar a tiempo, y los llamó a asumir medidas contra lo que considera una “bomba de tiempo”, que afectará a Tipuani y todos los municipios en ese sector.
¿Alcalde o minero?
Calvimontes puntualizó tres elementos luego de la inundación del martes: “Primero, nadie puede negar que la causa principal de este desastre, es por la actividad minera que se desarrolla en la zona”, mencionó Calvimontes el día miércoles.
“La segunda consideración, es que el municipio (hasta la fecha), no ha emitido ninguna declaratoria de emergencia. Yo finalizo, haciéndole una conminatoria fraterna a el alcalde: ¿va a actuar como alcalde municipal o como cooperativista minero? Él tiene que definirse, caso contrario, su municipio tiende a desaparecer”, concluyó el viceministro.
La advertencia contra Vera no es gratuita, la presidente del Concejo Municipal de Tipuani, Ángela Alejandro, señala a Vera por incumplir innumerables tareas de control a las cooperativas y otros actos de corrupción en el manejo de recursos, incluidos los que vienen para la ayuda de los damnificados. Las denuncias contra el alcalde llegaron a la Fiscalía, entre ellas figura una por permitir que cooperativistas destruyeran el vivero municipal y una unidad educativa para la explotación de oro.
Acuerdo incumplido
EL DEBER buscó a Vera para una entrevista, lo llamó y le escribió mensajes, como se hizo desde enero de este año, sin obtener respuesta. Para esta nota, se le envió un nuevo cuestionario con 20 preguntas, ninguna fue atendida, incluida la que le pide datos oficiales sobre el número de damnificados.
Así como Vera es señalado por autoridades y pobladores, por mantener un doble discurso, los funcionarios de otras instituciones tienen responsabilidad. En enero, en la reunión organizada por la Defensoría del Pueblo, a exigencia de las familias damnificadas por la inundación que inició el 19 de diciembre de 2024, también estaban presentes abogados y dirigentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), los representantes de los ministerios de MMAyA, la AJAM y la Gobernación de La Paz.
El 29 de enero, con medio pueblo bajo el agua, todos ellos firmaron un acuerdo de ocho puntos, con el compromiso de que los mineros y las entidades municipales, estatales y departamentales, asuman acciones concretas para evitar nuevos desbordes del río Tipuani.
Rufino Chambi y Fidel Veliz, dirigentes vecinales, confirmaron que ni la Defensoría del Pueblo cumplió con su labor de fiscalización, y que autoridades estatales y cooperativistas auríferos incumplieron con la descolmatación del río (sacar el sedimento del fondo del caudal, para que baje el nivel de las aguas), la construcción de defensivos y el bombeo del agua estancada en el pueblo.
El mañana de la inundación, la detonación de petardos y los mensajes de videos y audios por WhatsApp, difundieron la alerta de la mazamorra que se dirigía hacia el pueblo, y evitaron la muerte de personas. Familias enteras abandonaron sus casas con lo indispensable, llevando lo que podían cargar en los brazos y aguayos a la espalda.
Al momento, varias de esas familias, en balsas construidas con tablas y palstoformos, se acercan a sus casas para dar alimento a sus animales y rescatar algún objeto.