Responsabilidad. Camacho afirmó que la directora envió una carta evadiendo su responsabilidad, bajo la interpretación de que «alguien» le dijo que no asista, situación que considera como una burla al pueblo cruceño.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
Luego de la suspensión de la reunión convocada de la Comisión Agraria Departamental (CAD), en el Centro de Educación Ambiental (CEA), el gobernador Luis Fernando Camacho, acompañado de secretarios y asambeístas, inmediatamente se dirigió a la Fiscalía departamental donde en «ventanilla» presentó una querella penal contra la directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) -Santa Cruz.
El supuesto delito es por incumplimiento de deberes, ante la inasistencia a la reunión convocada por el gobernador cruceño, a la cual asistió la institucionalidad cruceña, razón por la cual hizo un llamado a la Fiscalía departamental, ahora que ya ha cambiado la justicia, a que dé respuesta y tranquilidad al pueblo cruceño.
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Camacho dejó en claro que esta denuncia es personal contra la directora (Magdalena Panduro) y responsabilizó a esta institución que obedece al Gobierno nacional, tanto en la ex gestión de Evo Morales como la actual Luis Arce, de ser cómplice de los avasallamientos de tierras en Santa Cruz.
Agregó que la servidora pública envió una carta evadiendo su responsabilidad, bajo la interpretación de que «alguien» le dijo que no asista, situación por la cual, aparte de ser una burla al pueblo cruceño, incurre en una ilegalidad.
“La responsabilidad es personalísima, ella es la que tiene la delegación para asistir, de acuerdo a ley y no lo ha hecho”, argumentó, dejando en claro que no se puede dar más este tipo de evasión de las autoridades del gobierno nacional, haciendo daño no solo a Santa Cruz sino al país, al sector agropecuario y a los indígenas.
Por lo tanto, la primera autoridad del departamento justificó que por ello no quieren dar la cara al pueblo cruceño para que funcione la CAD a través de la fiscalización de los saneamientos de tierras, y así se puedan detener los avasallamientos con tomas violentas de propiedades productivas.
“La ausencia de la directora del INRA no es una simple inasistencia, es un acto deliberado que impide y sabotea el funcionamiento de una instancia legalmente constituida, y se constituye en un ilícito penal de incumplimiento de deberes”, acotó.