Fuente: Visión 360
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Ante el surgimiento de puntos de incendios, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) pidió a los jueces agroambientales del país —y en particular a los de la Chiquitania, Amazonía y Chaco— acatar las medidas emitidas por el Tribunal Agroambiental a inicios de septiembre y activar de oficio su competencia cautelar ambiental para fiscalizar, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de la sofocación y mitigación de incendios.
“Exigimos que los jueces ambientales hagan el requerimiento de informes detallados sobre planes de emergencia y que, además, realicen inspecciones directas en los lugares de mayor riesgo”, asevera el presidente del CIAB, Juvenal Bonilla. Un estudio elaborado por esa institución, este año, identificó que el 75% de los incendios forestales registrados en Santa Cruz, durante 2024, ocurrió en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, sin presencia efectiva del Estado.
El estudio del CIAB establece que el origen de los incendios forestales radica en la falta de control estatal sobre las tierras fiscales y áreas protegidas. “La inacción puede derivar en desastres como los que vivimos el año pasado. No podemos esperar a que el daño sea irreversible para recién actuar”, advirtió Bonilla.
En 2024, Santa Cruz registró 7,6 millones de hectáreas incendiadas. Es decir, una de cada cinco hectáreas del departamento sufrió incendios. Y una revelación clave del estudio del CIAB es que, en los últimos 15 años, no se dio un cambio de uso de suelo en las áreas incendiadas. Como ejemplo, después de los incendios de 2019 (4,2 millones de hectáreas), la superficie cultivada creció un promedio de 0,45% cada año hasta 2024. “Esto demuestra una desvinculación entre los incendios y expansión agrícola”, expresa Bonilla.
En esa línea, los ingenieros agrónomos valoran las 15 medidas precautorias que el Tribunal Agroambiental dictó en los primeros días de septiembre y piden se cumplan. Entre dichos mandatos destacan: la obligación de remitir el presupuesto destinado a la prevención y control de incendios, detallar las acciones implementadas para evitar los incendios de 2024, dotar de equipos e insumos a los bomberos, exhortar al Ministerio Público a investigar y sancionar a los responsables.
Estas disposiciones contemplan también que se mantienen vigentes las prohibiciones de quemas y desmontes en tierras fiscales y áreas protegidas, que son los territorios de mayor afectación; lo cual es respaldado por la investigación “Incendios forestales en el departamento de Santa Cruz 2010 – 2024”, publicada por el CIAB en junio.
Así, el CIAB se suma al pedido de las organizaciones ambientalistas, en el sentido de que las tierras fiscales y áreas protegidas tengan un mayor control. Su presidente advirtió que el verdadero problema radica en “la ausencia de fiscalización y gestión integral por parte del Estado, lo que permite ocupaciones irregulares y convierte a estos territorios en focos permanentes de incendios”.
Los ingenieros agrónomos llaman a que la acción de jueces y autoridades se oriente a la conservación, restauración y prevención en tierras bajo responsabilidad estatal, y no a criminalizar injustamente a sectores productivos que trabajan en el marco de la legalidad.