Organizaciones indígenas y campesinas denuncian vulneración de derechos y exigen la liberación de Julio Lero, detenido desde hace más de ocho meses
Fuente: Brújula Digital
Sumando Voces
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la comunidad Torewa campesina exigen la inmediata liberación de Julio Lero Sánchez por considerar que su detención de más de ocho meses es “una violación flagrante de las garantías y el debido proceso”.
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Lero Sánchez fue apresado por la muerte de Francisco Marupa, un comunario de Torewa Indígena, aunque diversas instituciones que han iniciado su defensa legal, aseguran que se han cometido una serie de irregularidades en el caso que llevaron al acusado a autoincriminarse, por lo que ya lleva ocho meses preso.
“Pedimos la liberación inmediata del hermano Julio Lero Sánchez y, si debe seguir defendiéndose, lo haga en libertad”, señala el comunicado conjunto, en el que se denuncia durante los ocho meses de detención se han cambiado 5 investigadores y fiscales, que “no han encontrado un solo indicio” de que haya cometido el delito de asesinato.
El comunicado de Contiocap, por ejemplo, señala que ha sido detenido “sin tener ninguna prueba” y que los policías y fiscales se basaron solo en una declaración “obtenida de forma ilegal y bajo coacción evidente”.
Por ejemplo, señala el pronunciamiento, que “ha sido interrogado por civiles sin facultades legales para hacer el interrogatorio, quienes ejercieron coacción y presión para generar la autoincriminación, con claros indicios de violencia, con la finalidad de lograr su inculpación, aprovechando su poco conocimiento del idioma español”.
Francisco Marupa, un indígena Leco de la comunidad Torewa indígena fue asesinado a mediados de febrero. En ese entonces, las organizaciones indígenas de la zona se pronunciaron indicando que era un crimen relacionado con la minería ilegal, el avasallamiento de tierras y la caza ilegal.
Luego, la Policía detuvo a Lero Sánchez y dio el caso por cerrado, sin embargo, ahora diversas organizaciones de la sociedad civil, piden su liberación por considerar que no existe ninguna prueba en su contra.
Fuente: Brújula Digital