En Bolivia, ser mujer y pobre sigue siendo una condena. Según el Informe sobre el Estado de la Justicia 2024, elaborado por la Fundación Construir, el 62,68% de las mujeres privadas de libertad se encuentra con detención preventiva, es decir, sin sentencia.
Fuente: ANF
El estudio revela que las cárceles del país albergan a 2.251 mujeres, en su mayoría recluidas por delitos menores vinculados al microtráfico o al narcomenudeo, lo que demuestra un patrón de criminalización de la pobreza y la desigualdad estructural que las empuja al delito.
El hacinamiento carcelario alcanza el 210% a nivel nacional, lo que agrava las condiciones de vida dentro de los recintos. Muchas de las mujeres cumplen detención en espacios pensados originalmente para varones, sin servicios adecuados de salud, educación ni trabajo. El informe denuncia que la situación es especialmente crítica para las mujeres embarazadas —33 en todo el país— y para las 167 niñas y niños menores de seis años que viven junto a sus madres en las cárceles bolivianas.
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La mayoría de las internas proviene de contextos de pobreza extrema, falta de acceso a educación y empleos formales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el 78% de las mujeres encarceladas ganaba menos del salario mínimo antes de su detención, y más de un tercio sobrevivía del trabajo informal.
“Las necesidades económicas y la coerción ejercida por terceros son factores determinantes”, señala el estudio, que además apunta a que la Ley 1008 —de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas— impone sanciones desproporcionadas a delitos de bajo impacto social.
El informe también revela que 636 mujeres privadas de libertad se identifican como indígenas u originarias campesinas, muchas de ellas recluidas lejos de sus comunidades y con barreras idiomáticas que impiden una defensa adecuada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que estas mujeres requieren un trato diferenciado y medidas alternativas a la prisión, pero Bolivia aún no cumple con esos estándares.
En el ámbito jurídico, el sistema penal boliviano continúa aplicando de manera excesiva la detención preventiva. Pese a que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal prohíbe encarcelar a mujeres embarazadas o madres lactantes, salvo en casos excepcionales, las cifras muestran que esta disposición no se respeta. Las cárceles no cuentan con infraestructura ni personal especializado para atender sus necesidades, situación que, según Naciones Unidas, puede constituir tratos crueles o degradantes.
La Fundación Construir denuncia además la falta de transparencia institucional. A inicios de 2025, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia solicitó información oficial sobre la población penitenciaria femenina, pero el Régimen Penitenciario se negó a entregarla alegando la inexistencia de un convenio. Esta negativa, según el informe, vulnera el derecho ciudadano al acceso a la información pública y evidencia la opacidad del sistema penitenciario.
El estudio concluye que la cárcel, tal como está concebida, “reproduce desigualdades de género y pobreza”, castigando a mujeres que, en la mayoría de los casos, no representan un peligro social.
Fundación Construir plantea una reforma con enfoque de género que priorice las medidas alternativas, la revisión de la Ley 1008 y políticas efectivas de reinserción.
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