La violencia política digital contra mujeres en Bolivia tiene rostro, género y color. Así lo evidencia el informe “Locas Putas y Jairas, radiografía de la violencia política digital contra candidatas en Bolivia”, que analizó cientos de comentarios en redes sociales durante las elecciones generales de 2025. El estudio revela que el racismo, el clasismo y el patriarcado se entrelazan en los ataques que reciben las candidatas, configurando un escenario de exclusión estructural que limita su participación política.
Fuente: ANF
El informe, elaborado a partir de un monitoreo semiautomático en YouTube y un análisis manual de entrevistas difundidas en Facebook y TikTok, recolectó más de 850 comentarios con expresiones de violencia política digital. Las investigadoras identificaron patrones de misoginia, racismo y discriminación ideológica que conforman una práctica sistemática, más allá de casos aislados o de coyuntura electoral.
De acuerdo con el documento, la violencia política digital no puede entenderse solo como misoginia: es una práctica interseccional que combina género, raza, clase e ideología. “La acumulación de rasgos de vulnerabilidad —ser mujer, indígena, de origen popular o de una ideología estigmatizada— intensifica la violencia recibida”, sostiene el informe, que advierte sobre un efecto multiplicador de exclusión.
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Los insultos más frecuentes recurren a estereotipos psicológicos y sexuales que trasladan el debate de lo público a lo íntimo. En lugar de cuestionar las propuestas políticas de las candidatas, los agresores buscan deslegitimarlas mediante ataques a su apariencia, su vida privada o su orientación política. Esto, según el informe, constituye un obstáculo directo para el ejercicio democrático de los derechos políticos de las mujeres.
La misoginia, describe el estudio, actúa como un instrumento de control social. Entre los 385 comentarios analizados en la categoría de misoginia, el término “loca” fue el más repetido (39,1%), reflejando una visión que asocia lo femenino con la irracionalidad y la inestabilidad emocional. Palabras como “amante” (11%) y “perra” (10,4%) también destacaron, apuntando a la sexualización como estrategia para deslegitimar la capacidad política de las mujeres.
El informe detalla que los insultos “ridícula”, “ignorante”, “payasa”, “sirvienta” y “puta” fueron recurrentes, especialmente contra entrevistadoras o candidatas visibles. En el caso de comunicadoras reconocidas, la palabra “irrespetuosa” apareció en el 93,8% de los comentarios, lo que evidencia un sesgo de género en la forma en que se percibe la autoridad femenina en espacios públicos.
La sexualización, agrega el estudio, es una de las estrategias más persistentes para negar a las mujeres su condición de sujetas políticas. En el caso de Eva Copa, candidata por Morena, los ataques combinaron racismo y misoginia mediante insultos como “puta” o “amante”. La tergiversación de una declaración suya sobre “16 maridos” se utilizó para ridiculizarla y sexualizar su liderazgo.
Algo similar ocurrió con Mariana Prado, candidata por Alianza Popular. Su autodefinición como “Nena del Estado” fue distorsionada para lanzar ataques sexistas como “La nena cariñosa del Estado”. Además, se difundieron comentarios que la vinculaban con hombres de su entorno político para restarle mérito propio. El término “puta” fue el insulto más identificado contra ella (17% de los comentarios ofensivos), incluso disimulado con emoticones o símbolos para evadir filtros de las plataformas.
El informe también advierte que la misoginia no se dirige solo contra mujeres. En varios casos, se emplearon términos feminizados contra hombres para degradarlos, como “El Andrónico es una loca”. Este tipo de insultos refuerza la jerarquía patriarcal al asociar lo femenino con la debilidad o la inferioridad, y lo masculino con la autoridad y la fortaleza.
Uno de los hallazgos más relevantes es la intersección entre misoginia y racismo. En Bolivia, la violencia digital se agrava contra mujeres indígenas o de origen popular. Eva Copa fue blanco de insultos como “pasposa”, “jaira”, “india” y “puta”. “Pasposa” —explica el informe— es una palabra usada de forma despectiva para denigrar rasgos físicos asociados al origen rural, reforzando la carga racista y clasista de los ataques.
El estudio también registró casos en que los insultos hacían referencia a la “calle 12 de octubre” de El Alto, conocida por su actividad sexual comercial, como forma de vincular a las candidatas con la prostitución. Este tipo de asociaciones, subraya el documento, no son inocentes: buscan excluir a las mujeres indígenas del liderazgo político mediante la deshumanización.
Soledad Chapetón, exalcaldesa de El Alto, también de origen aimara, recibió ataques similares. Los términos “jaira” y “sirvienta” fueron los más frecuentes. Este último, explica el informe, condensa una doble carga de racismo y misoginia, al reducir a la candidata a un papel de subordinación por su origen social y su posición política.
La ideología política fue otro eje de discriminación. Mariana Prado, por ejemplo, fue agredida con insultos que mezclaban odio partidario y sexismo, como “Cuál golpe, perra, fue fraude maldita”, cuando se refirió a los hechos de violencia política de 2019. En el caso de Susana Bejarano, analista y candidata de Alianza Popular, el 50% de los ataques respondía a categorías de racismo o discriminación, y el 39,5% a ideología. Las palabras “zurda” y “masista” se usaron como descalificativos con connotaciones raciales y sexistas.
Según el informe “Locas Putas y Jairas”, las mujeres con ideologías históricamente estigmatizadas, como las vinculadas a la izquierda, son doblemente afectadas: se las desacredita por lo que piensan y por lo que son. El lenguaje violento se convierte así en una herramienta para disciplinar el disenso y reforzar el orden patriarcal.
Finalmente, el estudio advierte que muchos de los ataques no son espontáneos, sino parte de estrategias coordinadas. Los comentarios violentos se repiten en distintas plataformas, con ligeras variaciones gráficas para evadir los filtros. Esto demuestra —según el informe— que la violencia política digital en Bolivia es un fenómeno estructural y sistemático, sostenido por discursos que buscan mantener fuera del poder a quienes desafían las jerarquías de género, raza y clase.
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