
El crédito de 100 millones de dólares de la agencia de cooperación japonesa JICA y cuya aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está paralizada, vencerá en noviembre, por lo que el Gobierno de Japón comprometió su apoyo para futuros créditos y proyectos.
El embajador del Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, comentó que ve poco probable cumplir con los plazos, debido a los procesos administrativos que se requieren para ello.
“Felicito a todos los bolivianos por haber demostrado su profundo espíritu democrático y entiendo que Bolivia tiene muchas dificultades ahora. Coyuntura, economía y escasez de dólares, pero como embajador de Japón prometo que vamos a seguir apoyando para resolver estos problemas o retos, también para mantener estabilidad de economía boliviana”, sostuvo Onomura respecto al balotaje celebrado el pasado 19 de octubre.
Consultado por los medios de comunicación sobre el crédito de JICA, el diplomático explicó que “todavía no podemos comunicarles con el electo presidente sobre nuestro crédito de 100 millones de dólares, pero en el futuro cercano espero que podamos comunicar o discutir sobre este crédito”.
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Una promesa
Japón ya había informado anteriormente que el plazo de vencimiento del crédito era a finales de noviembre. “Pero no hay mucho tiempo, porque todavía hay muchos procedimientos de documentos y burocráticos. Entonces, espero que podamos comunicar con el nuevo presidente sobre este crédito, pero prometo (que) nosotros, Gobierno de Japón siempre estamos junto con bolivianos y también, aunque (hay un) cambio de Gobierno, podemos seguir apoyando, fortalecer nuestras relaciones y vamos a caminar junto con el nuevo Gobierno”, agregó Onomura.
Así también, “claro que sí, tenemos muchos proyectos para el futuro porque todavía hay retos que tiene Bolivia. Por eso, para resolverlos estamos siempre preparados para el pueblo boliviano”, sostuvo sobre la posibilidad de la otorgación de nuevos créditos.
El proyecto de Ley N° 156/2023-2024 busca aprobar el Convenio de Préstamo N° B-C-3, por un monto de 100,9 millones de dólares, que estaba destinado a reponer recursos utilizados durante la pandemia, atender emergencias climáticas y garantizar el ejercicio del voto en el exterior en las elecciones generales del pasado 17 de agosto.