El debate presidencial del 12 de octubre de 2025 se convirtió en un espacio clave para que los candidatos expusieran sus visiones sobre reformas estructurales. No obstante, desde la Fundación Jubileo se advierte que algunas de estas ofertas requieren modificaciones legales o constitucionales rigurosas para cumplir con el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).
Fuente: ANF
Propuestas de reforma judicial
Ambos aspirantes coincidieron en presentar planes de reforma al sistema judicial, aunque con matices. Mientras que Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga propuso eliminar la elección popular de altos cargos judiciales (una iniciativa que podría conllevar una reforma constitucional), su discurso también incluyó posibles intervenciones más profundas al sistema institucional.
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Por su parte, Rodrigo Paz del PDC presentó un enfoque más gradual: un listado de acciones orientadas a fortalecer la meritocracia judicial y avanzar en la digitalización del Órgano Judicial.
Ambos coinciden en enfatizar que las reformas deben contar con legitimidad institucional y participación ciudadana.
Riesgos de incompatibilidad constitucional
El análisis de Jubileo identifica varias tensiones entre las propuestas y el texto de la CPE:
La iniciativa de Quiroga para intervenir reservas de oro podría vulnerar la autonomía del Banco Central de Bolivia (BCB) y la Ley 1503.
La propuesta de Paz de implementar una banda cambiaria semiflexible podría entrar en conflicto con el modelo económico estatal centrado en el papel del Estado en sectores estratégicos (según el artículo 316 de la Constitución).
La idea de descentralizar competencias en seguridad, planteada por Quiroga, colisiona con la estructura constitucional de centralización de la Policía Nacional (artículo 251 del texto fundamental).
Por otro lado, iniciativas como industrialización del litio, digitalización del Estado y reforma judicial son compatibles con la Constitución, siempre que se ejecuten respetando los procesos legales correspondientes (reformas, leyes, participación social).
Viabilidad política y constitucional de las ofertas
Según el análisis de Jubileo, ninguna propuesta es completamente inviable desde lo formal, pero muchas requieren reformas constitucionales o consenso político amplio para desplegarse legalmente.
Por ejemplo, aunque la Ley 070 podría ser formalmente derogada por una nueva ley, hacerlo implicaría redefinir el modelo educativo que la Constitución respalda. Cambios sustantivos, como eliminar el carácter “descolonizador” o “plurinacional” de la educación, podrían enfrentar resistencia constitucional y social.
La recomendación central que plantea Jubileo es que los nuevos gobernantes, cualquiera que resulte electo, deberán construir mayoría política, legitimidad social y habilitar procesos institucionales sólidos para que las reformas anunciadas no queden en promesa.
CUADRO: REFORMA A LA JUSTICIA (Fundación Jubileo)