Fuente: eldeber.com.bo
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El tema de los magistrados del TCP que extendieron su mandato más allá del 31 de diciembre de 2023 ha vuelto al centro del debate político, en un momento en que la atención del país está puesta en las elecciones de segunda vuelta. En medio de este escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá definir el mecanismo legal para resolver una de las controversias judiciales más delicadas de los últimos tiempos.
La presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Laura Rojas, tomó la iniciativa ayer, al remitir dos cartas oficiales al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. En ellas, exige el tratamiento urgente de la denuncia presentada por el fiscal general del Estado y solicita activar el procedimiento para juicio de responsabilidades.
“Como asambleístas nacionales tenemos el deber de cumplir la Constitución y las leyes. El pleno de la ALP debe pronunciarse y activar las acciones legales correspondientes contra los magistrados del TCP ”, señala uno de los documentos.
Rojas plantea además una medida de presión política: mientras los magistrados sigan ejerciendo funciones sin legitimidad, la Brigada Cruceña no apoyará la aprobación de proyectos de crédito en la Cámara de Diputados. Además, en su segunda nota, la legisladora exige aplicar la Ley 1549 y la Sentencia Constitucional 0770/2024, que ordenan una nueva convocatoria para elecciones judiciales en los departamentos donde el proceso quedó desierto.
Desde la oposición, las posiciones coinciden en que los magistrados ya no gozan de legitimidad, pero difieren en la vía de salida. La senadora Silvia Salame (Comunidad Ciudadana) sostiene que “no se puede hacer juicio de responsabilidades a delincuentes comunes”, y que los magistrados deben ser procesados por la justicia ordinaria.
El exmandatario y expresidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, mediante un post en sus redes, parece coincidir con esa interpretación: los magistrados cesaron el 31 de diciembre de 2023 y “ya no gozan de juicio de responsabilidades bajo las leyes 044 y 612”. Por tanto, el fiscal general “debe promover acción penal pública”, afirmó.
Oficialismo
Desde el oficialismo, las posturas se dividen. El senador Félix Ajpi (MAS) recordó que “por ley, los magistrados ya están cesados”, aunque reconoció que la ALP debe pronunciarse formalmente. En cambio, la diputada Rosario García, también del MAS, considera que las autoridades electas “deben ser juzgadas mediante juicio de responsabilidades” en el Legislativo, mientrs que la senadora evista Patricia Arce insistió en que el tema debe definirse en sesión plenaria.
El senador Henry Montero (Creemos) cuestionó la intención del MAS de “desestabilizar” el proceso electoral a pocos días del balotaje. El proyecto de ley que pretendía cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral “fue retirado ante el malestar general”, pero alertó sobre una “estrategia de sucesión constitucional fuera de toda lógica legal”.
En medio de este cruce de posiciones, la Asamblea se prepara para una sesión clave. Fuentes legislativas anticipan que el informe de la Comisión de Constitución será remitido en los próximos días y que el pleno deberá decidir.
Y ayer por la noche, la Comisión de Constitución de Diputados planteó una nueva salida al problema: unificar nuevas elecciones judiciales con las elecciones subnacionales de 2026, como única salida a la crisis judicial. La diputada masista Olivia Guachalla afirmó que esta es la única salida para cesar a los autoprorrogados.
La definición del conflicto, sin embargo, parece depender más del tiempo político que del jurídico. Con una Asamblea a punto de concluir su gestión, y un país en campaña electoral, el desenlace podría llegar recién bajo la próxima administración.