En las últimas décadas, la participación política de las mujeres ha experimentado un crecimiento sin precedentes en muchos países, especialmente en Latinoamérica, en donde se han implementado leyes de cuotas y paridad que buscan garantizar su presencia en los espacios de poder; sin embargo, esa presencia no siempre se ha traducido en igualdad real. La política, históricamente dominada por hombres, continúa reproduciendo patrones de exclusión y prácticas que limitan la autonomía, la voz y la influencia efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Hoy, el verdadero desafío es transformar esa presencia en influencia y esa oportunidad en resultados tangibles para la sociedad.
En Bolivia, los avances legislativos son indiscutibles desde la promulgación de la Ley 026 del Régimen Electoral (2010), que consagra la paridad y alternancia de género; las mujeres han alcanzado niveles históricos de representación en el Órgano Legislativo. Actualmente, más del 50 % del Senado y cerca del 47 % de la Cámara de Diputados están ocupados por mujeres, situando al país entre los primeros del mundo en términos de participación parlamentaria femenina.
Sin embargo, esta conquista de presencia numérica no siempre se traduce en poder político efectivo, dado que las decisiones estratégicas, especialmente aquellas que afectan los intereses del poder económico o partidario, siguen estando bajo control predominantemente masculino; un escenario que debe revertirse con voluntad política real y con una gestión basada en capacidades, no en cuotas.
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El verdadero contraste aparece en los espacios donde la designación depende de la voluntad política o de la competencia electoral individual, como los gabinetes ministeriales y los gobiernos departamentales y municipales.
En 2024, solo 5 de 17 ministerios estaban encabezados por mujeres, lo que representa una regresión respecto a gestiones anteriores; a nivel local, la brecha es aún más pronunciada ya que, menos del 10 % de las alcaldías están dirigidas por mujeres y, hasta la fecha, ninguna mujer ha sido elegida gobernadora de un departamento. Este escenario revela que el problema radica en la cultura política que continúa asociando el liderazgo con la masculinidad y la gestión pública con el poder patriarcal. Romper ese paradigma no es un acto simbólico, es una condición necesaria para modernizar el Estado y fortalecer su institucionalidad.
El desafío actual no radica solo en incrementar la presencia femenina en los espacios de decisión pública, sino en consolidar liderazgos capaces de transformar la gestión política con visión, eficiencia y compromiso. Se trata de promover la participación de mujeres preparadas, íntegras y con vocación de servicio, fortaleciendo una cultura política que valore la capacidad, la ética y la visión transformadora de las mujeres en la gestión pública.
Superar estos retos exige un cambio profundo en la forma de concebir el poder, un liderazgo femenino que no sea visto como una excepción, sino como una contribución esencial al fortalecimiento de la democracia. La verdadera paridad no se mide solo en números, sino en la capacidad de influir, decidir y transformar el rumbo de un país con la misma legitimidad y excelencia con que siempre lo hemos hecho.
El futuro político de Bolivia será verdaderamente democrático cuando las mujeres no solo ocupen espacios, sino que definan el rumbo con su capacidad, convicción y visión de Estado.
Claudia Pacheco – Economista