Fuente: ANF
El proyecto de ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, aprobado por la Cámara de Diputados y que espera tratamiento en el Senado, busca sentar un precedente en Bolivia al establecer un marco legal que asegure justicia, memoria y reparación para quienes fueron afectados en contextos de rupturas del orden constitucional.
El proyecto contempla un enfoque amplio de reparación que abarca medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en dimensiones que van desde lo individual hasta lo colectivo, e incluyen también aspectos materiales, inmateriales, morales y de proyecto de vida.
Uno de los apartados centrales son las medidas de no repetición, orientadas a garantizar que el Estado adopte acciones estructurales para evitar que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Estas disposiciones implican un cambio institucional profundo en la relación entre las autoridades civiles y las fuerzas de seguridad.
Entre las principales medidas, se establece la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de violaciones a derechos humanos, sin importar si fueron o no servidores públicos en el momento de los hechos.
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El proyecto también plantea la baja definitiva de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía que hubieran cometido, encubierto o permitido violaciones de esta naturaleza. A la par, se prevé la prohibición de participación en cargos de gobierno para dirigentes políticos, sindicales, cívicos o servidores públicos que hayan planificado o ejecutado dichas acciones.
Otra disposición relevante establece la prohibición de acceso a funciones en el Órgano Judicial y el Ministerio Público para servidores públicos que hubieran vulnerado derechos a través de detenciones indebidas o procesos ilegales. Con ello, se busca depurar al sistema judicial y garantizar imparcialidad en el futuro.
El proyecto también reconoce la necesidad de un control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas y la Policía, con el fin de reforzar los principios democráticos y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen bajo subordinación y respeto a los derechos fundamentales.
En paralelo a las medidas de no repetición, el proyecto de ley plantea la restitución de derechos y bienes a las víctimas. Esto incluye desde la libertad en casos de detención indebida, la devolución de restos en desapariciones forzadas, hasta la reincorporación laboral y la restitución de propiedades incautadas arbitrariamente.
Las medidas de rehabilitación contemplan atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita, así como acceso a educación, programas de capacitación laboral, asesoría jurídica y créditos bancarios para reconstruir la vida de las víctimas y sus familias.
En materia de compensación económica, la normativa proyecta el pago por daños materiales, morales y por afectaciones al proyecto de vida, cubriendo gastos directos, ingresos perdidos y el impacto emocional de los hechos.
Las medidas de satisfacción, de carácter simbólico, incluyen disculpas públicas, ceremonias oficiales en memoria de las víctimas, anulación de normas inconstitucionales y hasta el nombramiento de calles o la instauración de días conmemorativos.
La norma será aplicable a los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019. Además, contempla su aplicación a futuros hechos de naturaleza similar que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, a fin de prevenir la impunidad y garantizar justicia.