Pérez acusó directamente a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Ministerio de Minería de ser cómplices de esta situación por su “irresponsabilidad y desinterés total en el tema de seguridad”.
Fuente: ANF
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez Ramos, expresó su preocupación por el creciente número de accidentes y muertes en las minas de Potosí, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Según denunció, las principales víctimas de los socavones son jóvenes de entre 19 y 30 años, quienes, en busca de un ingreso rápido, terminan enfrentando los mayores riesgos dentro de las cooperativas mineras.
Pérez señaló que la mayoría de los fallecidos en los últimos meses pertenecen a cooperativas mineras, donde las condiciones de seguridad son precarias y los controles prácticamente inexistentes.
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“Los jóvenes son los que realizan las tareas más arriesgadas. Aunque ganan más, también ponen su vida en juego. En cambio, la gente mayor ya no es permitida en esos trabajos”, declaró a ANF.
El dirigente cívico lamentó que la minería en Potosí se haya convertido en un espacio donde la juventud arriesga la vida día tras día. “Cuando uno entra a una mina, debe saber que puede no salir. Por mucha seguridad que se diga tener, el riesgo siempre está presente, y lo peor es que nadie está garantizando condiciones mínimas de protección”, advirtió.
Pérez acusó directamente a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Ministerio de Minería de ser cómplices de esta situación por su “irresponsabilidad y desinterés total en el tema de seguridad”. A su juicio, ambas entidades priorizan los negocios y la venta de óxidos antes que el bienestar de los trabajadores. “A Comibol y al Ministerio no les interesa la seguridad. Solo están enfocados en los negociados económicos”, sostuvo.
Según Comcipo, en lo que va del año se han producido “cualquier cantidad de decesos” en el sector minero, sin que se adopten medidas efectivas de prevención. Pérez denunció que no existe ningún tipo de fiscalización seria sobre las condiciones laborales en las cooperativas, que hoy emplean el doble o triple de personas que hace algunos años.
“Si antes trabajaban con 100 personas, ahora son 200 o 300, y el control simplemente no da abasto”, explicó.
Pérez insistió en que el Estado debe intervenir con urgencia, estableciendo controles estrictos de seguridad industrial y sanciones para las cooperativas que incumplan las normas. “La minería no puede seguir funcionando como un territorio sin ley. Si no se actúa pronto, seguiremos lamentando más muertes de jóvenes trabajadores”, alertó.
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Fuente: ANF