“Evaluación con transparencia, para confiar en la justicia”, es el eslogan que el Consejo de la Magistratura promueve en las jornadas que desarrolla para la elaboración de un nuevo reglamento, que será aplicado en la siguiente gestión.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
El Consejo de la Magistratura elabora el reglamento de “Evaluación con transparencia, para confiar en la justicia”, con la idea de perfeccionar los pasos legales para premiar a los mejores o destituir a los peores jueces.
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El martes, en Sucre, presentarán un informe, para avanzar en la aprobación y su aplicación en 2026.
“El trabajo del Consejo de la Magistratura se centra en el control y la fiscalización, se centra en la evaluación y capacitación de los jueces, todo esto es parte de la carrera judicial, cuando Bolivia tenga un juez legítimo, evaluado y capacitado, la sociedad empezará a confiar en su justicia y en sus jueces. Pero a la fecha no hay una buena visión de la justicia, por ende, los jueces deben ser evaluados”, aseveró el presidente de esa instancia judicial, Manuel Baptista, en entrevista con EL DEBER.
En La Paz, del 1 al 3 de octubre, la Magistratura realizó el segundo ciclo de “jornadas nacionales para el análisis y ajustes del documento marco (reglamento) para la evaluación de desempeño de la carrera judicial en Bolivia”.
La primera se realizó en Santa Cruz, en septiembre. Además de contar con la participación de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y la Fiscalía, los eventos tuvieron el apoyo del programa de “apoyo policial de la Unión Europea (UE) a la fuerza especial de Policía de Bolivia, para la lucha contra el crimen organizado”.
Parámetros no definidos
La Ley 025 del Órgano Judicial, establece que los resultados de la evaluación pueden ser positivos y negativos; ante la primera el juez permanece en el cargo y en caso de la segunda, procede la destitución.
“Sin embargo, en estas jornadas se presentaron otras propuestas”, informó Baptista. Entre las sugerencias, está el establecer una segunda oportunidad en caso de una evaluación negativa del juez; también se sugirió establecer promedios de calificación, que en lugar de su destitución amerite una capacitación adicional y que, en el caso de lograr buena calificación, sean promovidos a vocales o destinos a centros judiciales de mayor relevancia.
No obstante, Baptista admitió que aún no tienen claro cuáles serán los “criterios” o parámetros de evaluación y quiénes podrían asumir esa responsabilidad, con el fin de evitar susceptibilidades en la población, sobre el favorecimiento a determinados grupos de funcionarios judiciales. Explicó que el anterior reglamento no era claro y dio lugar a varios litigios.
“Adelantarme a decir que, ‘el criterio de evaluación es tener 100 causas resueltas al año’, es tal vez cometer un error, pero todos estos hallazgos serán sistematizados y presentados ante la sociedad civil y los medios de comunicación, para que se ponga en escrutinio público este reglamento que será aprobado por el Consejo de la Magistratura”, sostuvo Baptista.
En ese contexto, el presidente de la Magistratura informó que en algunas de las mesas de trabajo se sugirió la valoración psicológica para los actuales jueces y los postulantes. Sin embargo, esta propuesta debe ser evaluada en el ámbito técnico y legal, con el fin de que no se vulneren derechos, explicó Baptista.
Visión europea
La representante de la Unión Europea y magistrada de España, María Antonia Díez, en entrevista con EL DEBER, destacó la organización de las jornadas nacionales, para perfeccionar el reglamento de evaluación de la Magistratura. Comentó que, al igual que en Bolivia, en su país uno de los principales problemas disciplinarios es la retardación de justicia.
“El sector público (los gobiernos) tiene la responsabilidad de dar los medios suficientes para que exista un número de jueces, para que el juez pueda dictar una sentencia con tranquilidad y en un número razonable. Este problema también lo tenemos en España y Europa, pocos jueces para dictar muchas sentencias, por lo que estas jornadas sirven para que la Magistratura logre hallar las causas de la retardación de justicia, en una evaluación de desempeño, para ver si es un retraso porque el juez trabaja poco, o es un problema porque no tiene el apoyo suficiente”, mencionó Diez.
En Bolivia, la máxima sanción que la Magistratura puede dar a un juez es su destitución, y en casos en los que se establezca que la conducta del procesado fue delictiva, presenta los expedientes ante la Fiscalía para que esa instancia investigue y promueva un proceso penal.
No obstante, la destitución del juez marca la carrera del profesional, pues de acuerdo a las actuales normas, esta persona ya no podrá volver a ejercer cargo alguno en la administración judicial.