Fuente: eldeber.com.bo
El departamento de La Paz vive una doble tragedia ambiental con un denominador común: la minería sin control. Mientras en Viacha la justicia ordena frenar el uso de cianuro y la contaminación de fuentes de agua, en Tipuani las lluvias y la deforestación causada por cooperativas mineras han provocado la tercera gran inundación en menos de dos años. En ambos casos, las comunidades señalan al Estado por mirar hacia otro lado frente a una actividad que se expande sin fiscalización ni respeto a la vida.
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Ayer por la madrugada, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó la Sentencia Constitucional 266/2025, que concede tutela a la Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra seis entidades públicas —entre ellas los ministerios de Medio Ambiente y de Minería, la AJAM y la Gobernación— por omitir acciones frente a la contaminación minera en el municipio de Viacha.
El fallo ordena la ejecución inmediata de medidas para frenar el uso de cianuro y proteger las fuentes de agua que abastecen a más de 60 comunidades. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la decisión como “un paso histórico hacia la justicia ambiental”, recordando que el Estado está obligado por la Ley 1333 y el Acuerdo de Escazú, a proteger los derechos colectivos al agua y la salud.
Los estudios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Viacha (Emapav) son alarmantes: cuatro de las 23 empresas que operan en Viacha contaminan con cianuro los pozos locales, y 21 lo hacen sin licencia ambiental. Las muestras tomadas el 22 de agosto confirmaron contaminación en las plantas Dinámycos, Rupaymin, Jacha Kollo y Jacha Mallku, incluso en tanques de agua utilizados para consumo humano.
Viacha, que no tiene yacimientos metálicos propios, se ha convertido en un basurero minero poque recibe residuos para un segundo proceso de lixiviación de zinc, cobre y níquel. Este modelo extractivo ha dejado tierras infértiles, ríos muertos y una población indignada. “La gente se está marchando porque la contaminación mata en silencio. El agua ya no sirve ni para el ganado”, denunció el dirigente Juan Pablo Yujra, del Comité de Gestión de la Microcuenca Pallina.
Las comunidades lograron que el Concejo Municipal apruebe una ley para expulsar a las 23 empresas, pero el alcalde Napoleón Yahuasi enfrenta cuestionamientos por haber tolerado el funcionamiento irregular de esas plantas. “Hay autoridades que han sido cómplices del daño ambiental”, reclamó la concejal Lizeth Villagómez.
A 350 kilómetros de Viacha, en el norte paceño, la historia se repite con otra cara. En Tipuani, las riadas arrasaron nuevamente el casco urbano. Las imágenes muestran calles convertidas en ríos y vecinos desplazándose en lanchas improvisadas. El agua cubrió talleres, viviendas y escuelas.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, no dudó en señalar la causa: “Nadie puede negar que la minería es la principal responsable de este desastre”. Según la autoridad, la explotación aurífera descontrolada desvió el cauce natural de los ríos, debilitó el terreno y dejó al municipio en “riesgo de desaparecer”.
Unas 420 familias resultaron afectadas y el Gobierno espera la declaratoria de desastre municipal para enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, Calvimontes fue más allá: pidió al alcalde de Tipuani, Amadeo Herrera, definirse “si va a actuar como autoridad o como cooperativista minero”.
El fenómeno no es nuevo. Desde 2022, la zona sufre riadas recurrentes asociadas al desmonte, la tala y el uso de maquinaria pesada por parte de cooperativas que operan sin control. “Es la tercera inundación que tenemos. He perdido mi taller completo de tornería, hemos quedado con la ropa puesta”, relató un vecino.
Dos tragedias, un mismo patrón
Viacha y Tipuani ilustran un problema estructural: la minería en Bolivia opera en amplias zonas sin fiscalización ambiental, sin estudios de impacto y con autoridades locales atadas a intereses corporativos o cooperativistas.
En el altiplano, el cianuro envenena las napas subterráneas; en los Yungas, los ríos son desviados y los pueblos se hunden. En ambos extremos del departamento, las comunidades quedan solas, atrapadas entre el abandono institucional y la promesa de una riqueza que solo deja ruina.
“El Estado tiene la obligación de proteger el agua y la vida, no de mirar cómo se destruye el territorio”, sentenció el Defensor del Pueblo. Su afirmación resume la crisis de un modelo extractivo que, bajo el argumento del desarrollo, sigue cobrando un precio ambiental y humano, cada vez más alto.