Su primer cumpleaños en libertad, Richard no lo pasó celebrando con su familia. “No pude estar con ellos por tema de trabajo. Estoy ahorita en el campo, en Tarija”, cuenta con resignación. Vive con sus padres, pero debe viajar constantemente para conseguir ingresos mínimos, porque denuncia que ha sido abandonado por el Estado.
Fuente: eldeber.com.bo
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El 27 de julio de 2025, Richard Mamani Martínez volvió a sentir la brisa del mundo exterior tras casi una década de encierro. Con 19 años, había ingresado al penal de Morros Blancos, en Tarija, y fue condenado a 20 años por un delito que jamás cometió: violación de una menor de edad. Nueve años después, la Justicia, lentamente, admitía lo que él siempre sostuvo: era inocente.
“Llegué aquí a mis 19 años. Todo el tiempo fue muy complicado. Ahora me pregunto y le digo a la Justicia boliviana: ¿Quién me devuelve mi juventud? ¿Quién me devuelve mis años? ¿Quién me arregla eso?”, interroga Richard con los ojos llenos de lágrimas al recobrar su libertad y recordar los años de encierro que le arrebataron sus proyectos, su vida.
Richard salió del penal de Morros Blancos con dos bolsas en las que se llevaba sus pertenencias personales y sus sueños de rehacer su vida, pero pronto se dio cuenta que no iba a ser fácil por el abandono del Estado. Sus manos, callosas de los trabajos forzados dentro de la cárcel, reflejan una experiencia que ningún joven inocente debería vivir.
Para Richard, la libertad no llegó por un procedimiento ágil ni por un sistema eficaz; llegó gracias al apoyo espiritual del padre Miguel Sotelo, al trabajo incansable de sus abogados, Rosmery Peralta y Elías Martínez, y a la intervención de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que revisaron su caso con rigor.
Antes de que fuera aprehendido injustamente, en 2016, Richard trabajaba para una empresa que estaba a cargo de la construcción de la represa de Chaullamayu. Había estudiado hasta cuarto de primaria y desde su infancia se dedicó a ayudar a sus padres en las labores agrícolas y de pastoreo por ser el mayor de seis hermanos
Tras su salida de Morros Blancos, Richard buscó desesperadamente un sustento. Intentó volver al rubro de la construcción, donde ya tenía un empleo asegurado antes de ser detenido; sin embargo, nadie lo contrató. Hoy sobrevive con trabajos eventuales en el campo, en zonas rurales de Tarija, sin estabilidad y sin respaldo del Estado.
“En trabajo no tengo nada seguro y tengo que buscar trabajos eventuales en la agricultura para ayudar a mis padres. Las autoridades me dijeron que me iban a dar algo, pero de momento no cuento con nada. Tampoco tengo título o libreta de servicio militar y eso hace que me sea más complicado conseguir un trabajo”, lamenta.
Esa precariedad incluso lo llevó a pensar en emigrar a Argentina para conseguir empleo. Pero teme que al salir del país su caso quede abandonado y no prospere su pedido de reparación e indemnización. Fue la Defensoría del Pueblo la que le recomendó permanecer en Bolivia para continuar las gestiones legales.
Su primer cumpleaños en libertad, el pasado miércoles 24 de octubre, tampoco lo pasó celebrando con su familia. “No pude estar con ellos por tema de trabajo. Estoy ahorita en el campo, en Tarija”, cuenta, con resignación. Vive con sus padres, pero debe viajar constantemente para conseguir ingresos mínimos.
También cuenta que para votar en las elecciones el 19 de octubre, fue motivo de revictimización, puesto que tuvo que regresar a Morros Blancos, para emitir su voto y los policías lo trataron mal y hasta le cobraron por ingresar. “Para entrar a votar tuve que pagar. Yo quería iniciar una denuncia, pero me quedé así nomás”, dice con un impotencia.
Además, lamenta que el Estado no le otorgó acompañamiento psicológico pese al trauma vivido y teme que el verdadero autor de la violación —que está libre— de la que él fue acusado, lo esté buscando para vengarse. De hecho, para realizar este reportaje, Richard no contestó varias llamadas o mensajes por no saber a quién pertenecía el número.
La abogada Rosmery Peralta hizo posible que EL DEBER se contacte con Richard y alegó que su defendido evitar hablar con desconocidos, además de que vive con temor de represalias y por ese motivo no da detalles exactos de su paradero y el de su familia.
“Richard vive con miedo, aún no ha superado todo el daño que le causaron en la cárcel. Él sigue creyendo que lo puede detener en cualquier momento la Policía y tiene pesadillas por todo el trauma vivido durante sus nueve años de encierro”, aseguró
El joven condenado injustamente confirma las declaraciones de su abogada y asegura que “es muy complicado vivir así… Tengo miedo hasta de pasear, porque el culpable verdadero de mi caso está libre. No sé hasta cuándo va a pasar eso”.
La psicóloga Jimena Melgar explicó que la privación de libertad por un delito que no se cometió genera un trauma de alta intensidad. Entre los síntomas más frecuentes en víctimas de encarcelamiento prolongado se encuentran pesadillas, recuerdos recurrentes del trauma, hipervigilancia, dificultad para socializar, insomnio y aislamiento.
“La persona pierde la sensación de control sobre su vida, desarrolla miedo persistente, desconfianza extrema y percepción del mundo como un lugar peligroso. Esto afecta su vida laboral, social y económica”, señaló Mlegar. Asimismo, estas experiencias pueden desencadenar ansiedad, depresión y estrés postraumático.
Sobre la percepción de sí mismo, la psicóloga indicó que el encarcelamiento injusto puede generar vergüenza, dudas sobre el propio valor e identidad afectada por el estigma. La reconstrucción de la seguridad emocional implica separar la experiencia traumática de la identidad, trabajar la autoestima, fortalecer relaciones de confianza y retomar proyectos personales.
El impacto también alcanza a la familia, que puede experimentar estrés, miedo, alteraciones en la dinámica del hogar y dificultades económicas. La reinserción social del afectado se ve limitada por prejuicios, miedo a la vulneración y dificultades para reconstruir vínculos afectivos y laborales.
Melgar agregó que, con apoyo psicológico, social y familiar, la persona puede recuperarse funcionalmente y llevar una vida plena, aunque algunos síntomas residuales leves, como recuerdos o ansiedad ocasional, pueden persistir. “Todas las emociones que experimenta son válidas y reflejan lo que vivió. Con tratamiento adecuado, puede recuperar la calma y vivir plenamente, dejando que lo vivido sea solo un capítulo, pero no defina quién es”, aseguró.
Richard con su abogada Rosmery y el padre Miguel
Detención y proceso judicial
La odisea de Richard comenzó El 27 de julio de 2016, en la comunidad de Llanquisa, del municipio chuquisaqueño de Villa Charcas, cuando había ido a visitar a su abuela. Ese día, algunos comunarios le dijeron que la Policía lo buscaba y él decidió esperar para arreglar “el malentendido” antes de regresar a Challaupi, donde vivía con sus padres.
“Yo estaba de visita a mi abuelita y justo ahí me llegaron con la Policía y me sorprendió. Nunca me habían arrestado, ni siquiera por consumo de alcohol. Nada de nada. Ahí empezó toda esa pesadilla”, recuerda con la voz entrecortada, luego hace una pausa para respirar.
Los efectivos policiales llevaron a Richard desde Llanquisa a Villa Charcas y desde allí lo trasladaron directamente a Morros Blancos, un penal que alberga a 1.250 privados de libertad, donde vivió por nueve años un encierro por una denuncia falsa de violación que tenía como víctima a su prima, quien fue coaccionada para no delatar al verdadero agresor: su cuñado.
“Cuando ingresó a Morros Blancos, Richard no hablaba bien el castellano, porque su idioma nativo es el quechua, como el de sus padres”, recuerda el padre Miguel Sotelo de la Pastoral Social Carcelaria Católica, un terapeuta y sacerdote misionero español que llegó en Bolivia en 1982 y que, aunque está jubilado, dedica su vida a ayudar a los presos de Morros Blancos con oraciones y terapias.
El idioma no fue la única dificultad que enfrentó Richard, puesto que como era de escasos recursos, lo defendieron abogados de defensa pública, pero en vez de ayudarlo le pedían que se someta a un procedimiento abreviado, se declare culpable y obtenga una sentencia menor a los 25 años de prisión, que es la pena máxima por el delito de violación a un menor.
“Solo querían que me eche la culpa, pero yo me preguntaba ¿Cómo me echo la culpa de algo que no cometí yo?”, recuerda con impotencia. En ese momento Richard entendió que debía demostrar su inocencia por sus propios medios, pero la Justicia le dio el primer golpe, puesto que ordenaron su detención preventiva en Morros Blancos, la cárcel donde vivió su peor pesadilla, pero también el lugar donde renovó su fe en Cristo.
En la cárcel la sonrisa de Richard se apagó, los policías los trataban como criminal y los primeros días de encierro lo golpearon con laques. “Los policías sin muy abusivos y me pegaron, me pegaron varias veces”, lamenta.
Los hematomas de los golpes recibidos le quedaron por varios días, pero eso no era lo que más le dolía porque había algo que había calado hondo en el corazón de Richard y era saber que su vida se había truncado por un proceso que no conocía, puesto que solo le habían dicho que lo denunciaron por abusar de su sobrina de nueve años.
“Richard me confeso que intentó suicidarse. Yo lo escuché, lo animé y le enseñé como curar sus heridas porque yo tengo alma de sacerdote y también soy psicoterapeuta. Después yo formé un grupo de privados de libertad, en el que estaba Richard, para reunirnos todos los sábados y que sigue vigente con la finalidad de dar terapias a quienes lo necesiten”, señala el padre Miguel.
Con el grupo de internos que formaban la Pastoral Social Carcelaria Católica el padre Miguel inició la construcción, con financiamiento del extranjero, de un centro polifuncional de dos plantas, en donde funciona la capilla, una biblioteca, la sala de terapia y también alberga audiencias virtuales de privados de libertad. De hecho, ese lugar que Richard construyó y pintó con sus manos fue el escenario donde se le entregó su mandamiento de libertad el pasado el 27 de julio, luego de que se anuló la sentencia de 20 años de prisión.
El centro multifuncional que Richard ayudó a construir
Violencia en Morros Blancos
Morros blancos alberga a reos de alta peligrosidad y es uno de los penales que más hechos de violencia ha registrado desde enero de 2024 hasta septiembre de 2025, según el informe de “Alerta temprana sobre la situación de cárceles en Bolivia” publicado por la Defensoría del Pueblo el 30 de septiembre, en el que se informó que el país tiene un hacinamiento superior al 105 % en las cárceles.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que el caso más “estremecedor” del sistema carcelario se registró en Morros Blancos el 2 de agosto de 2023, cuando el privado de libertad L.A.Ch.C., de 28 años, fue rociado con gasolina y quemado vivo para después se decapitado.
En diciembre de 2024, en la misma cárcel tarijeña, un privado de libertad fue encontrado con quemaduras graves. Aunque las circunstancias del hecho no fueron del todo esclarecidas, se presume que podría estar vinculado a conflictos internos o castigos impuestos por otros reclusos, señaló Callisaya.
Mientras que el pasado 18 de agosto otro interno de Morros Blancos fue herido gravemente en el abdomen con una amoladora por otros reclusos, que le exigían un pago como “derecho de estadía”. Afortunadamente, el afectado se recuperó en hospital San Juan de Dios.
De estos tres hechos de violencia y de otros innumerables que no salieron a la luz fue testigo Richard, durante su encierro injusto. Sin embargo, él decidió mantenerse al margen de los problemas y fortaleciendo su fe en Dios apoyando al padre Miguel.
“Richard en la cárcel nunca tuvo problemas, siempre fue un joven tranquilo, sencillo e introvertido, que solo abre su personalidad para quienes lo conocen bien. Por eso, desde la primera vez que escuché su versión sobre su inocencia le creí”, recuerda el padre Miguel, a quien Richard considera su “segundo padre”.
Sin embargo, el sacerdote español asegura que Morros Blancos no es un centro de rehabilitación, pues al contrario lo tilda de ser un “basurero humano” donde se abandona a las personas que cometieron algún delito, y en otros casos a inocentes como a Richard.
“La cárcel es un basurero humano. Yo así lo he definido y así se lo he dicho a las autoridades, porque ahí adentro están las mafias de la droga, están los extorsionadores, los policías también son parte de esto porque cobran por todo y dan malos tratos. Ahí los internos se enferman, intentan suicidarse y nosotros los apoyamos al máximo, como lo hicimos con Richard”, explica.
El segundo año en prisión se caracterizó por la monotonía y la falta de información sobre su caso. Richard logró “comprar a crédito” una tiendita dentro de la cárcel de tarijeña a un interno que acababa de recuperar su libertad. En ese negocio vendía alimentos, coca, gaseosas, entre otros productos y el dinero que recaudaba le servía para ayudar a comer y ayudar a sus padres, quienes lo visitaban una a o dos veces al año porque vivían en Challaupi, Chuquisaca.
El primer recurso legal presentado por su defensa pública no prosperó. La Fiscalía argumentó que la declaración de la denunciante era suficiente para pedir que sea condenado.
No hubo ninguna prueba de ADN, ninguna investigación exhaustiva. Solo la declaración de la víctima, que años después revelaría que había sido obligada a señalar a Richard por su hermana. Esa declaración, se convirtió en la piedra angular de un fallo que ignoraba cualquier principio de presunción de inocencia.
El 16 de octubre de 2019, el Tribunal de Sentencia No. 1 de las provincias Nor y Sud Cinti con sede en el municipio de Camargo, condenó a Richard a 20 años de prisión. La lectura de la sentencia se convirtió en un golpe devastador. “Fue como si me dieran muerte en vida”, dice Richard, describiendo la sensación de impotencia y desprotección frente a un sistema que no escuchaba su palabra.
Fue así que Richard volvió a entrar en depresión y volvió a tener intensiones de quitarse la vida, pero el padre Miguel se convirtió en su sostén espiritual y además fue quien contactó en febrero de 2023 a la abogada Rosmery Peralta, quien años después se convertiría en una de las artífices de la anulación de la sentencia.
Rosmery ya había defendido a inocentes detenidos injustamente, puesto que —cuando estuvo de directora del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret)— siguió el proceso contra los cinco policías que torturaron a Reynaldo Ramírez Vale, quien fue liberado el 3 de julio de 2017, luego de permanecer detenido dos años en la cárcel de Palmasola, donde cumplía una condena de 30 años, que fue anulada, por un feminicidio que no cometió.
La jurista comenta que dejó el Sepret porque la institución fue usada con “fines políticos” por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y dejó de cumplir su misión fundamental: defender a los inocentes. Por ello, creó en La Paz su centro de Prevención y Protección a Víctimas de Tortura, con el que apoya a personas de escasos recursos que necesitan asisten legal, como a Richard, a quien patrocinó ‘ad honorem’ por su “convicción de luchar por los derechos humanos”.
“Cuando viajé a Morros Blancos a finales de 2023 encontré a Richard desmotivado, con depresión severa. Había intentos de suicidio y un sentimiento de abandono total”, recuerda. La abogada destaca que la clave para anular la sentencia fue demostrar la falsedad de la denuncia y la falta de rigor judicial.
Además, trae a la memoria la primera carta que Richard le envió desde la cárcel hasta La Paz, donde ella vive, en la que le contó que estaba preso por una violación que no cometió y que el verdadero autor estaba libre. “Es carta tiene fecha del 4 de agosto de 2023 y Richard me comentó que su prima ya había revelado públicamente que su abusador era su cuñado Ángel Gabriel Gómez Martínez”, señala la abogada.
La primera carta que Richard le escribió a su abogada Rosmery
La verdad salió a la luz
Fue meses antes, el 28 de febrero de 2023, cuando la prima de Richard y víctima de violación llegó a la plaza principal de la ciudad de Tarija para dar una conferencia pública en la que exigió que se condene al verdadero responsable del abuso y se libere a un inocente condenado a 20 años. “El verdadero autor es mi cuñado Ángel Gabriel Gómez Martínez y mi hermana Tredina M. B., que se hace llamar ´Gabi´, me obligó a denunciar a un inocente”, dijo entre lágrimas la víctima.
¿Pero por qué esperó más de seis años la víctima para decir la verdad? Ella dice que vivía en la casa de su hermana y su cuñado, por ello tuvo que esperar a cumplir la mayoría de edad para liberarse de esa coacción y poder decir su verdad.
“Mi mi cuñado me ha violado cuando tenía siete y nueve años y yo le he contado a mi hermana y ella me ha dicho que diga que mi primo me ha violado y que no diga nada de su marido me había hablado. No pude decir nada porque yo vivía con ella y ella me ha amenazaba, no me dejaba irme a mi casa, al campo”, lamentó la víctima.
Esa denuncia pública fue punto de inflexión para el caso de Richard, pero la Justicia no actuó de inmediato. La revisión extraordinaria tardó dos años y ocho meses, un retraso que refleja la burocracia y las debilidades estructurales del Tribunal Supremo de Justicia. “Era muy complicado y tenía que esperar la revisión extraordinaria”, dice Richard, remarcando la frustración que produce un sistema que no corrige sus errores con prontitud.
Tres meses después de la revelación de la víctima, la abogada Rosmery presentó una denuncia por el delito de acusación y denuncia falsa contra Tredina M. B. Ese proceso terminó el 8 de agosto de 2024, cuando la hermana fue declarada culpable y sentenciada a tres años de prisión.
Por su parte, la ex fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aclaró que el caso de violación contra Richard no se tramitó originalmente en Tarija, sino en Camargo, departamento de Chuquisaca, y fue el Tribunal de Sentencia de ese municipio que emitió la condena de 20 años. Sin embargo, tras conocer la denuncia de la víctima, se abrió una investigación en Tarija que concluyó el 13 de febrero de 2025 con una sentencia de 25 años de cárcel para el cuñado Ángel Gabriel Gómez Martínez y de dos años para la hermana de la víctima por encubrimiento.
Ambos sentenciados apelaron las disposiciones y nunca fueron detenidos, por lo que actualmente se encuentran libres. Ahora, la Fiscalía espera la resolución de los vocales de sala.
“La hermana fue quien fue la que indujo a la menor para que haya dado su versión diferente a la verdad aprovechándose de que ella huérfana y que convivía con ella y con su agresor”, explicó Sandra.
Tras conocerse las sentencias, Anacleto Mamani, padre de Richard, se presentó el 18 de febrero en la plaza de Tarija para pedir la liberación de su hijo. Pasaron más de cuatro meses, hasta que el 27 de julio Richard pudo salir de la cárcel, luego de un acto realizado en el centro polifuncional que él construyo junto al padre Miguel y otros internos.
Fue la decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz Martínez, quien se trasladó a Morros Blancos a entregar el mandamiento de libertad a Richard, que se emitió tras un recurso de revisión extraordinaria de sentencia en el que se lo absolvió de culpa.
La magistrada Ruiz explicó que se volvió a revisar la sentencia 12/2019 del 16 de octubre de 2019 debido a la declaración de la víctima, quien denunció que fue coaccionada por su hermana para declarar contra su primo.
“La declaración de la víctima se la tiene como verdad absoluta y nuevamente se retoma la investigación y se determina que, evidentemente, había sido coaccionada por su hermana, cuando era menor de edad. Es así que, con la declaración de la víctima, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad de la sentencia condenatoria y declaró la absolución del señor Richard Mamani Martínez”, explicó.
Exigen reparación de daños
La abogada de Mamani, Rosmery Peralta, confirmó que presentará, en los próximos días, una demanda contra el Estado y el sistema de Justicia en busca de una reparación integral para Richard.
«Richard Mamani va a exigir la reparación integral de acuerdo a los estándares de los derechos humanos. El Estado está en la obligación de restituir sus derechos, respondió Peralta a una pregunta al respecto.
La demanda se fundamentará en graves violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con el artículo 95 del Código Penal, “toda persona que, después de haber sido sometida a juicio criminal, fuere declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio”.
Peralta explica que en el juicio contra Richard se cometieron muchas irregularidades, entre ellas que no se valoró que Richard no vivía en Llanquisa, donde se habían cometidos los hechos de violación y que en 2016 fue a ese lugar solamente a visitar a su abuela. Además, de que no se realizó una prueba de ADN para confirmar que él fue el autor de la violación y la condena de 20 años en su contra se basó en un informe psicológico manipulado.
“El caso de Richard es emblemático. No solo fue una sentencia ejecutoriada basada en declaraciones, sino que además se ignoraron procedimientos básicos de investigación. La falta de recursos económicos de la familia y la ausencia de un acompañamiento jurídico adecuado prolongaron injustamente su encarcelamiento”. La jurista denuncia que este patrón no es aislado: “En Bolivia, muchos hombres enfrentan procesos similares, donde la evidencia científica mínima no se solicita y la defensa se ve limitada por costos excesivos y dilaciones procesales”.
Sobre la posibilidad de que Richard Mamani solicite reparación de daños, la ex fiscal de Tarija explicó que la ley lo permite, y los responsables directos serían quienes indujeron a la menor a mentir, en este caso, la hermana de la víctima
Para la abogada penalista Génesis Olmos, la falla que permitió la condena injusta contra Richard comenzó en el Ministerio Público, que no investigó a fondo el caso y solo se basó en una declaración de la víctima para fundamentar su acusación: “Hubo falta de objetividad y una denuncia falsa conocida por quien inició el proceso. Además, el juez debió aplicar el principio de ´in dubio pro reo’ (si el juez o tribunal tienen dudas sobre la culpabilidad de un acusado tras valorar las pruebas disponibles, la sentencia o decisión judicial debe favorecer al acusado) y otorgarle la libertad”.
“Una vez más se demuestra la falta de objetividad, sensibilidad y humanidad en delitos vinculados a integridad sexual, donde suele existir una presunción anticipada de culpabilidad que destruye la presunción de inocencia y ninguna reparación puede devolver nueve años de vida, ni borrar las secuelas psicológicas que dejaron una condena injusta sobre esta persona”, explicó Génesis.
Según la abogada penalista, en este caso la vulneración fue múltiple y profunda: faltó debido proceso, presunción de inocencia y dignidad humana. Además, señala que este caso debe generar una reflexión urgente en quienes administran justicia: “Cada resolución injusta destruye vidas. Hay que ver más allá del expediente y recordar que ahí hay una persona”.
“Es importante saber que de toda vulneración a un derecho surge otro derecho, que es el derecho a la reparación integral del daño, que está plenamente reconocido en el artículo 113 de la Constitución, y de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que claramente es reconocido dentro de nuestro bloque de constitucionalidad”, agrega.
Cuestionan aplicación de ley y responsabilizan a jueces
Paolo Mojica, director de la Casa del Hombre, coincide con la jurista Génesis Olmos al responsabilizar a los administradores de justicia por este “grave fallo” que condenó a un inocente y agregó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) también son partícipes de la vulneración de los derechos de Richard.
Además, dice que Richard Mamani no es la única victima de una enuncia falsa, pues asegura que la Casa del Hombre registra 21.000 casos similares, en los que el género masculino se ve afectado por la “mala aplicación” de la Ley (348) Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Mojica asegura que existen consorcios de jueces y fiscales que extorsionan a los hombres que son denunciados falsamente con la ley 348 y plantea realizar una propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para abrogarla. También la tilda de “antihombre e inconstitucional”.
“Hay fiscales que solamente se han comprometido a destruir la imagen de los hombres. La misma Fiscalía tiene doble moral porque dice que la ley 348 está a favor de la familia y eso es falso, es más falso que beso de madrastra, porque esta es una ley que solamente desborda al género masculino y destruye a toda su familia, porque el hombre afectado también tiene madre, hija o hermana. Entonces, destruye la imagen de una familia y eso estaá sucediendo a través de redes de distorsiones de fiscales y jueces”, lamenta.
La abogada Rosmery Peralta también cuestiona la aplicación de la ley 348 y apunta directamente contra los administradores de justicia y los fiscales por la sentencia contra su defendido. Asimismo, asegura que está trabajando en un proyecto de ley para presentarlo a la ALP y solicitar la modificación de esta ley.
Richard compartiendo una cena con otros internos
“Estos casos muestran cómo la Ley 348, pensada para proteger a víctimas de violencia, puede ser mal aplicada y convertirse en una herramienta que perpetúa injusticia. Se emiten detenciones y sentencias basadas en declaraciones, sin evidencia científica, y las personas quedan indefensas, especialmente si no cuentan con recursos económicos”, lamentó.
La magistrada Rosmery Ruiz Martínez dice que este caso evidencia un problema en la sociedad y refuta las acusaciones contra los administradores de justicia, pues considera que no hubo fallas en la aplicación de la ley 348. Además, asegura que no existen otros casos de víctimas condenadas injustamente
“He estado leyendo comentarios con relación a la Justicia que dicen que hay muchos (de estos casos), pero yo quiero decirles de que no es una falla de la Justicia, es una falla de la sociedad, que está mintiendo y manifestando hechos que no han ocurrido para inculpar y hacer condenar a personas inocentes”, aseguró.
Sin embargo, la decana dijo que el Órgano Judicial ha reafirmado que ninguna sentencia debe dictarse sin pruebas claras y contundentes. “Sostengo firmemente que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Invito a todos los operadores de justicia a no apartarse nunca del debido proceso y del principio de presunción de inocencia. La Justicia no puede permitirse errores irreparables», agregó.
También señaló que el Estado boliviano debe reparar los daños ocasionados en Richard a consecuencia de una denuncia falsa. “Dentro del ordenamiento jurídico existe la caja de reparaciones, a donde seguramente ellos (defensa de Richard) van a apuntar”, agregó.
El 7 de julio, la Defensoría del Pueblo solicitó al Consejo de la Magistratura un Requerimiento de Informe Escrito (RIE) sobre el caso Richard con el propósito de conocer las acciones adoptadas frente a este caso y las medidas destinadas a evitar la repetición de decisiones judiciales que vulneren el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia.
La Defensoría reveló a EL DEBER la respuesta del Concejo de la Magistratura, la cual permitió conocer que los jueces que sentenciaron a Richard Mamani fueron sometidos a una auditoría interna que determinó que estos administradores de la Justicia tienen responsabilidad en la sentencia injusta impuesta contra Richard.
“El Consejo de la Magistratura informó que el 24 de marzo de 2025 se inició una auditoría jurídica, la cual concluyó con un informe técnico de la Unidad de Control y Fiscalización, que determinó responsabilidad disciplinaria para los funcionarios involucrados”, detalla el informe entregado a este medio.
Asimismo, la Defensoría indicó que el Consejo anunció el desarrollo de capacitaciones continúas dirigidas a los Tribunales de Sentencia en materia penal, en coordinación con universidades públicas y privadas, orientadas a prevenir errores judiciales y fortalecer la aplicación del principio de objetividad y valoración integral de la prueba.
La abogada Rosmery Peralta celebró el resultado de la auditoria del Concejo de la Magistratura e instó a esta institución a destituir a los jueces que emitieron la sentencia N° 12/2019 que “hundió” en la cárcel a un inocente.
Además, la Defensoría aseguró que acompañará el seguimiento del proceso para garantizar que el Estado brinde una respuesta oportuna, justa y adecuada en el trámite de reparación. Asimismo, señaló que tomó conocimiento de que Richard tiene “temores de seguridad debido a amenazas recibidas”.
Por su parte, el ecuatoriano que reside en el distrito cruceño de Montero Hoyos, Jesús Tranquilino Vélez Loor —quien ganó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras ser encarcelado injustamente en Panamá y a la vez fue nominado al Premio Nobel—, advirtió que el Estado boliviano debe actuar de forma inmediata frente a este caso.
“El Estado tiene el deber de oficio de otorgar una reparación integral. No es la víctima la que debe iniciar el proceso. Así lo establece el artículo 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló.
Explicó que cuando existe error judicial, debe existir un proceso automático de reparación que incluya una evaluación del daño físico y psicológico sufrido: “ Al otro día de su liberación debieron llamarlo, reconocerlo como víctima y realizar peritajes bajo el Protocolo de Estambul”.
Vélez Loor recordó que la reparación integral implica: compensación económica por perjuicios, rehabilitación médica y psicológica, restitución de la honra y la vida social, satisfacción pública y garantías de no repetición y procesos penales contra los responsables del encarcelamiento injusto.
“Si el Estado no actúa, incumple compromisos internacionales. La reparación no puede ser un favor: es una obligación”, enfatizó.