Luis Sivila Alurralde
Todo parece indicar que cualquiera de los dos candidatos gane las elecciones, el Pacto Fiscal será una realidad. Rodrigo Paz en su programa indica que el 50% de recursos irán a beneficiar a gobiernos departamentales, municipales y universidades. Por su parte, Tuto Quiroga va más allá y ofrece 62% para las regiones (con algunas consideraciones).
Esto significa, que las autonomías municipales y departamentales serán una realidad, toda vez que, asignadas sus competencias, contarán con recursos suficientes para ejercerlas como corresponde en un Estado con autonomías. Durante los 16 años de vigencia de la nueva Constitución, no fue posible aplicarlas en su real dimensión por las políticas centralistas del gobierno que felizmente concluye su gestión.
Sin embargo, para el Sector agua y saneamiento, serán necesarias, además, otras gestiones, tal vez aún más complicadas; aunque ningún candidato ha propuesto específicamente algún plan. Para esto deberán reformar la Constitución y ambos manifestaron que sí lo harán.
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Se espera un nuevo modelo de gestión de los servicios. El actual modelo, que exime a la empresa privada de participar como operador, deja a los gobiernos municipales la responsabilidad de la prestación con una competencia exclusiva; nunca asumida en su dimensión constitucional. Primero, por la escasez de recursos tanto financieros como técnicos, pero también, por el desconocimiento y la falta de decisión política de los alcaldes. Por no decir incapacidad.
La necesidad de realizar ajustes a la Constitución, abre la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia de los operadores de agua y saneamiento, que en la actualidad demuestran deficiencias que pueden estar afectando a la salud de la población, como también al medio ambiente.
Asimismo, el sistema regulatorio sectorial, requiere de ajustes y cambios para mejorar el modelo, que en la actualidad, ha perdido el rumbo para garantizar que las operadoras presten el servicio en las mejores condiciones posibles con calidad, eficiencia, eficacia aplicando las mejores prácticas de visión empresarial.
Los resultados del actual modelo sobre la prestación del servicio de agua y saneamiento, deja un balance preocupante. A modo de muestra, algunos botones:
Luego de 20 años de un gobierno, que en un buen tramo, tuvo todo el poder político en sus manos, no generó un Ente rector que ejerza función de titularidad del recurso hídrico (Autoridad del Agua). Demostrando debilidades en crear consensos para generar una Ley de Agua actualizada y robusta.
Escasa definición de políticas sectoriales desde el gobierno central; que permitan a los habitantes acceder a servicios básicos bajo criterios de universalidad, accesibilidad, asequibilidad, eficiencia, sostenibilidad técnica y sobre todo calidad en sus tres dimensiones: calidad del agua, calidad del servicio y calidad en la relación con los usuarios.
La conversión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en ejecutor de obras por encima de su principal misión: desarrollar y ejecutar políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos. Abriendo espacios a la corrupción de la MAE y sus principales ejecutivos.
La regulación en el Sector, solo cambió de nombre a las superintendencias, por Autoridades de Control Social, manteniendo el mismo sistema regulatorio importado, llamado neoliberal.
El regulador, lejos de ser una entidad eficaz, eficiente, innovadora, moderna con alta gobernanza, transparencia e independencia en la toma de sus decisiones, ha sido más bien cooptada por sectores sociales afines al gobierno, que condicionan al Ejecutivo el nombramiento de personal, desde la MAE hasta los puestos de apoyo.
La regulación se centró en las EPSA urbanas y periurbanas; limitándose a la entrega de documentos de registro a EPSAs rurales, sin ningún efecto positivo para ellas, hasta la fecha.
Las EPSA, lejos de perseguir la eficiencia, tienden a desacreditar el valor económico de la cosa pública. Sus directorios son asumidos por personas sin el menor conocimiento del modelo de gestión del operador, de su entorno institucional y normativo. El nombramiento de gerentes responde a decisiones políticas o de grupo, dejando de lado la meritocracia, En muchos casos sin conocimiento del rubro que se hará cargo.
El reporte de variables e indicadores de desempeño, en su mayoría (categorías C y D), elaborados por consultores externos, no son debidamente apropiados por la EPSA, peor comprendidos por sus directorios, para ejercer mejoras y/o ajustes.
Los gobiernos municipales no han entendido su rol en la gestión del agua, su relación con las EPSA está limitada a la ejecución de obras de manera concurrente con el gobierno central y departamental. Dejando a la deriva sus facultades de legislar, reglamentar y ejecutar la prestación del servicio (poderoso instrumento que jamás utilizaron). Más bien, intentan cooptar a las operadoras con fines de prebenda política.
Este panorama sectorial tiene que cambiar. Esperemos que el nuevo gobierno asuma el mandato de los bolivianos: retomar la institucionalidad, hacer cumplir las leyes, erradicar la corrupción.
La esperanza que los nuevos gobernantes asuman el reto para realizar mejoras en el Sector, es grande; aunque sabemos que la economía será la primordial tarea durante los primeros meses. Se espera una gestión comprometida con el recurso hídrico y su infinidad de desafíos sobre políticas públicas en temas técnicos, sociales, legales, financieros, ambientales y un largo etcétera.