Los representantes de Libre y PDC buscan no solo ganar al electorado, sino asegurar el respaldo legislativo. Medidas clave como eliminación de subsidios, créditos externos y reforma presupuestaria, dependen del aval de la Asamblea
Fuente: eldeber.com.bo
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La segunda vuelta presidencial llega en un momento delicado en la economía de Bolivia, con inflación acumulada de 18,1% este 2025, las reservas internacionales en un declive histórico que llegan a $us 2.881 millones y con una alta dependencia de la importación de hidrocarburos, los partidos que van al balotaje apuestan por ajustes económicos y medidas de shock que requieren de un consenso político, debido a que ninguno de los dos cuenta con mayoría legislativa.
“La salida a la crisis económica es política, no es solo técnica, los técnicos tienen que juntarse buscar aproximaciones y encontrar soluciones más de intermedio. Hay varias coincidencias que son positivas ojala que eso se convierta en acuerdos de gobernabilidad en la asamblea y en las calles, porque soluciones técnicas hay muchas e ideas interesantes también, pero muchos acuerdos y decisiones de política pública dependen de aprobación en la Asamblea”, remarcó el analista económico Gonzalo Chávez.
El experto participó como moderador en el debate económico “Respuestas a la crisis: El futuro no tiene segunda vuelta”, organizado por la Fundación jubileo, un espacio en el que el asesor económico del PDC, José Gabriel Espinoza, y el coordinador del Programa Económico de la Alianza Libre, Ramiro Cavero, expusieron sus ideas y contrastaron argumentos respecto a sus propuestas económicas.
“Estamos conscientes de que la situación que estamos enfrentando es una crisis multidimensional y la salida a ella no es de corto plazo y va a llevarnos y demandarnos un largo proceso, por ello la información es vital para que no se vayan a crear falsas expectativas después del mes de noviembre cuando el nuevo gobierno asuma la responsabilidad de guiar el país”, manifestó Juan Carlos Núñez, director de Jubileo en la inauguración del evento.
Chávez destacó que entre las propuestas hay coincidencias positivas, como la necesidad de cerrar el déficit público, flexibilizar el tipo de cambio y reducir la dependencia del Banco Central. No obstante, reiteró que el próximo gobierno deberá demostrar si tiene la capacidad de construir la gobernabilidad mínima para implementar ajustes que inevitablemente serán impopulares.
Los representantes de Libre y PDC no solo buscan convencer al electorado, sino también a los futuros legisladores. Varias de sus propuestas —como la eliminación de subsidios, la aprobación de créditos externos o la reforma de partidas presupuestarias— requieren aval de la Asamblea Legislativa. Sin ese respaldo, las llamadas medidas de shock quedarían en el papel.
Inflación y dólares
La economía boliviana enfrenta una de sus mayores presiones de las últimas décadas: una inflación acumulada de 18,1% entre enero y agosto, interanual de 24,2% y alimentos con un alza de 36,7%, según el economista Gonzalo Chávez. Esto afecta directamente a los bolsillos y sitúa la lucha contra la inflación como eje de la campaña electoral.
José Gabriel Espinoza (PDC) y Ramiro Cavero (Libre) plantean enfoques distintos. Espinoza identifica desorden cambiario, déficit fiscal y baja productividad como factores críticos. Propone unificar el tipo de cambio, recortar el gasto público 1,8% del PIB eliminando subsidios y partidas “superfluas”, redirigir recursos al crédito productivo y desregular el mercado para estimular producción y contener precios.
Cavero, en cambio, señala que la inflación se explica por la emisión del Banco Central para financiar déficit, la escasez de dólares y la compra de oro con emisión monetaria. Su plan incluye recuperar la confianza en el sistema financiero mediante la devolución gradual de depósitos en dólares y un paquete de financiamiento externo cercano a 12.000 millones de dólares, con apoyo de FMI, BID, Banco Mundial y FLAR.
Espinoza aboga por un tipo de cambio flexible, con intervención del Banco Central solo para mitigar volatilidad. Cavero insiste en un tipo de cambio como ancla para reducir la inflación.
Cavero estima que la devolución de dólares retenidos tomaría unos tres meses con apoyo de créditos externos. Espinoza propone un proceso escalonado y ordenando primero la economía antes de nuevos préstamos.
Reservas internacionales
Las reservas de Bolivia cayeron de 15.000 millones en 2014 a 2.881 millones hasta agosto de este año, afectando importaciones, medicamentos e insumos. Cavero señala que la disponibilidad de dólares dependerá de lo que deje el gobierno y acuerdos con organismos internacionales, mientras que Espinoza apuesta por reducir la demanda de divisas mediante swaps garantizados, evitando endeudamiento tradicional.
Balotaje en crisis
Erika Brockman, analista política, advierte que la segunda vuelta llega en un momento crítico. Espinoza propone reducir el tamaño del Estado, fomentar un “capitalismo para todos”, crear redes de protección social y desarrollar el aparato productivo. Cavero apuesta por apoyo a empresas, inversiones intensivas en mano de obra, transferencias directas y reformas en educación y salud.
Crisis energética
La crisis energética será uno de los mayores retos del próximo gobierno. Raúl Velásquez (Jubileo) señala que en 2024 la renta petrolera fue de 1.600 millones de dólares, pero solo 8 de cada 100 dólares llegan a las empresas, lo que desincentiva la inversión.
En diez años, la producción de hidrocarburos líquidos cayó 62%, con 90% del diésel y 58% de la gasolina importados. La producción de gas natural bajó 54%, y se prevé que en 2026 Bolivia podría importar GLP, con un costo de hasta 160 bolivianos por garrafa, frente a los 22,5 actuales. Para 2028, el país podría ser importador neto de gas natural.
Ramiro Cavero plantea una nueva Ley de Hidrocarburos, pago de mejores precios a productores locales, importación de petróleo en lugar de combustibles refinados y promoción de energías renovables —solar, pequeñas hidroeléctricas y turbinas adicionales— con reglas claras y reforma de la ley de energía para atraer inversión privada.
José Gabriel Espinoza propone reformar subsidios, impulsar biocombustibles, eliminar trabas regulatorias y abrir el mercado eléctrico a inversión privada mediante ajustes legales y alianzas público-privadas.
Velásquez advierte que mientras no se ajuste el precio del gas, las inversiones renovables seguirán limitadas, y que desde 2027 la economía operará con menos de 1.200 millones de dólares anuales por exportaciones de hidrocarburos.
En conclusión, el país enfrenta un futuro energético incierto, donde la discusión ya no es cuánto le toca al Estado, sino cómo administrar lo poco disponible y avanzar hacia un modelo sostenible.