Emilio Martínez Cardona
El contexto actual del proceso electoral se produce dentro de una continuidad, con un ambiente previo de muchos años de autoritarismo híbrido, donde han habido varias constantes: la descalificación de la prensa desde el poder, sobre todo con Evo Morales, las agresiones a periodistas en las movilizaciones de las bases y, en los últimos años, los secuestros a periodistas durante las tomas de tierras.
El mecanismo utilizado con reiteración fue el siguiente: el entonces presidente estigmatizaba a los medios, mostrándolos como “enemigos del pueblo” a través de distintos epítetos (oligarcas, vendepatrias, logieros, neoliberales, etc.), lo que terminaba activando agresiones físicas cuando los trabajadores de la prensa se encontraban con las bases de los movimientos sociales, con ataques espontáneos de seguidores fanatizados u organizados por mandos medios.
Ese mismo ciclo de descalificaciones y agresiones se vivió en la primera vuelta electoral, sobre todo desde las bases evistas, dirigidas por esa “contra-candidatura” de Morales que impulsó el voto nulo, con incidentes como el de Yapacaní.
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Esa cultura autoritaria en el modo de relacionarse con la prensa parece haber sido adoptada por otros actores. La agresividad verbal sostenida, sistemática y escalada del candidato a vicepresidente del PDC, retoma o continúa esa línea de descalificación que viene desde el evismo.
Esto, al punto de motivar un pronunciamiento del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), que por medio de su coordinadora para las Américas, Cristina Zahar, exhortó a Edman Lara a “cesar sus ataques contra la prensa”, señalando que “dicha retórica corre el riesgo de desencadenar un peligroso efecto dominó, que podría incitar a la violencia física contra los periodistas”.
El citado postulante pidió disculpas luego de alguno de sus ataques, pero posteriormente ha reincidido e incluso en el debate vicepresidencial del domingo pasado dijo ser “víctima de un cerco mediático”.
Cabe preguntarse por la intensidad que podrían tener desde el poder estos ataques y los afanes “regulatorios” hacia la prensa y las redes sociales, no sólo desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino también eventualmente desde el Ministerio de Gobierno, que Lara buscará situar en su esfera de influencia por razones evidentes.
Aunque la salida del poder formal de una fuerza con pretensiones de partido único abre caminos para la redemocratización de Bolivia, la cultura autoritaria hacia la prensa no debe reciclarse en nuevos actores, que seguirían representando un riesgo para recuperar la plena calidad democrática en el país.