Fuente: https://larepublica.pe
Noche de terror. La popular agrupación peruana Agua Marina fue víctima de un atentado armado al promediar de las 10:00 p. m. del miércoles durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos. Una balacera perpetrada por presuntos extorsionadores interrumpió por la parte posterior del escenario y dejó cinco personas heridas, entre ellas, un vendedor de bebidas alcohólicas que trabajaba en el evento y cuatro integrantes de la orquesta.
Ante esta situación, el Ministerio del Interior (Mininter) responsabilizó de este hecho a los organizadores del concierto por no contar con las garantías de seguridad. Esto pese a que anteriormente la misma agrupación había denunciado que era víctima de extorsión y solicitó ayuda a las autoridades, pero fueron ignorados hasta hoy.
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Por ese motivo, la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos, bajo la dirección de la fiscal Luz Vargas Salazar, abrió una investigación preliminar tras el violento ataque. Se indaga un posible caso de tentativa de homicidio, y trabaja de manera conjunta con efectivos de la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido.
Como parte de las primeras acciones, peritos especializados realizaron análisis balísticos y biológicos en el lugar del atentado. Según informes de la Dirincri, se contabilizaron al menos 25 disparos, de los cuales 23 impactaron directamente en la pantalla del escenario. Las primeras hipótesis indican que los tiros habrían sido efectuados desde el exterior del local, específicamente desde la parte trasera del escenario, lo que sugiere una acción premeditada y dirigida.
Agua Marina ya había sido extorsionada
Desde julio de este año, miembros de Agua Marina denunciaron públicamente recibir mensajes y llamadas de extorsión por bandas criminales, quienes exigían pagos a cambio de “protección” y amenazaban con atentar contra sus vidas y sus conciertos.
Incluso, los delincuentes solicitaron a la agrupación entre S/ 30.000 y S/ 50.000, bajo amenazas de muerte. “O pagan o los hacemos volar en el próximo show”, se lee en uno de los mensajes de los malhechores. La denuncia fue presentada ante la PNP y comunicada al Ministerio del Interior, pero, según fuentes cercanas a la orquesta, nunca se les brindó apoyo efectivo ni protección policial.
Pese a tener conocimiento de las amenazas, las autoridades no activaron ningún protocolo de seguridad específico para el evento. No se asignaron efectivos policiales adicionales ni se implementó un plan preventivo a pesar del riesgo.
“Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Fuimos con el bus, tranquilamente, pensando que no iba a pasar nada y nos balearon. Menos mal que nosotros estábamos atentos y las balas pasaron cerca de nosotros. Pudo ocurrir una desgracia. En Trujillo, estuvimos en un concierto y nos pusieron explosivos. Esto pasó hasta dos veces”, contó José Quiroga, líder de la agrupación.
Ahora, tras el atentado, el Ministerio del Interior, para deslindarse de la responsabilidad, culpó a los organizadores del concierto y afirmó que no contaban con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, ni la PNP de la jurisdicción fue notificada sobre su realización.
“Cabe señalar que este evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento, por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y los asistentes”, indicó la cartera.
Lo ocurrido con Agua Marina no es un caso aislado. Cada vez son más los músicos y organizadores de eventos que son extorsionados, sobre todo en sectores como la cumbia y el folclore. Sin embargo, la recomendación de la presidenta Dina Boluarte es “no abrir mensajes ni responder llamadas” que reciben de parte de los delincuentes.
Por su parte, la municipalidad de Chorrillos emitió un comunicado en el que aseguró que el evento sí contaba con los permisos tramitados de manera regular. Asimismo, afirmaron que se han iniciado las investigaciones para determinar si existieron irregularidades en el proceso de autorización.
Esta contradicción deja en duda la versión del Mininter sobre las reales condiciones que se realizó el espectáculo, donde asistieron más de 100 personas.
«Gobierno no asignó recursos para grupo especial contra la extorsión»
Ante este panorama, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, señaló que desde el inicio de este gobierno se intentaron tomar acciones que quedaron “básicamente en promesas” y casi ninguna acción que realmente “combata la extorsión”.
“Lo que este Gobierno ha hecho con frecuencia ha sido declarar emergencia en Lima y algunas provincias. Básicamente, eso, creó también una unidad contra la extorsión que estaba extraordinaria, pero nunca le asignaron recursos”, señaló a La República.
Señaló que la receta única y válida para este fenómeno es asignar inteligencia, asignar recursos y adquirir tecnología. “Y nada de eso lamentablemente ha ocurrido. Entonces, sin este grupo especial de crimen organizado, pues van a seguir este tipo de atentados”.
Asimismo, el Gobierno no dota a la policía de recursos económicos, ni personal ni tecnología. Y tampoco ha funcionado el cambio de nombre de los delitos, ni el incremento de penas.
“Lo único coherente que funciona contra la extorsión es hacer trabajo de inteligencia. Mientras el Gobierno no priorice la inteligencia, no reasigne su personal a labores de inteligencia, no fortalezca un grupo especial de lucha contra la extorsión, esta situación va a ir creciendo. A mí no me sorprende lo que ocurre. Es la es una pena decirlo, pero la extorsión está descontrolada”.
También, el exministro del Interior, Rubén Vargas, calificó la situación actual como “el mayor desborde criminal de nuestra historia”, y criticó duramente al Gobierno por haber normalizado el aumento de extorsiones y asesinatos en el país.
Explicó que, en lugar de fortalecer los sistemas de inteligencia, desactivaron unidades clave y persiguieron a los mejores agentes. Además, sostuvo que en lugar de coordinar eficazmente con la Fiscalía, se dedicaron a montar campañas de desprestigio y demolición institucional.
“Debieron seguir el rastro del dinero sucio de las economías ilegales, pero terminaron siendo parte del problema. Debieron impulsar marcos legales firmes contra el crimen, pero optaron por crear leyes que, en la práctica, benefician a los delincuentes. ¿Y ahora tienen la concha de pedir mano dura?”.