Fuente: eldeber.com.bo
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10 años después de haber promulgado la Ley de Seguridad y Defensa del Estado que autorizaba la compra de los radares, el gobierno recién emitió el decreto 5477 que regula su uso. La norma señala que los radares secundarios –seis en total– pasarán a manos de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y los otros siete radares primarios serán operados por la Fuerza Aérea.
“En el marco del Parágrafo I del Artículo 12 de la Ley N° 521, se autoriza al Ministerio de Defensa otorgar en calidad de comodato el sistema de radares secundarios de empleo civil y subsistemas complementarios para el control del tránsito aéreo, a favor de Naabol, por un periodo de treinta años”, señala el artículo 8 del decreto promulgado en el último gabinete.
En agosto de 2016, el Gobierno firmó el contrato con la empresa francesa Thales Air Systems para la compra de un sistema de radares, por un costo de 196 millones de euros, aproximadamente, instalación que concluyó recién en octubre de 2023.
De acuerdo con las previsiones del Gobierno, una de las funciones de estos radares era la de utilizarlos en el seguimiento de aeronaves que, en ocasiones, surcan los cielos bolivianos para transportar cocaína. La ley que da nacimiento a los radares es la ley 521 de abril de 2014. Esa ley prevé el derribo de aeronaves que sean sospechosas de transporte de drogas y el gobierno debía reglamentar la norma en un plazo de 180 días, han pasado más de 10 años desde entonces y recién publicaron el decreto.
Sin embargo, este decreto reglamentario no especifica en qué casos se derribará aeronaves y qué institución estará a cargo, solamente refiere que sea el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (Cosdea) el que elabore un reglamento para el derribo de aeronaves.
“En un plazo no mayor a noventa (90) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Cosdea mediante normativa específica establecerá los procedimientos operativos para la detección, identificación e interceptación de aeronaves; así como para la declaración a una aeronave como infractora, ilícita u hostil, mismos que deberán contemplar medidas, fases y acciones, en el marco de la citada Ley”, señala la disposición transitoria única del decreto.
Lo que sí fija la norma es el presupuesto institucional de Cosdea, será de Bs 82 millones que deben sustentar entre Naabol, el 77,3% del total; la DGAC que correrá con el 3,1%; el Ministerio de Defensa con el 15,4% y finalmente el ministerio de Gobierno con el 4,2% del monto anual. Para este año y de manera complementaria se entregará Bs 18,1 millones y el presupuesto debe ser incluido a partir de 2026.