Un recuento realizado para este reportaje da cuenta de al menos 10 quiebres institucionales que el MAS deja como herencia al país.
Fuente: ANF
Durante dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) no solo gobernó Bolivia; ocupó el Estado desde sus raíces institucionales. Bajo el sello del “proceso de cambio” y el discurso de la reivindicación de los sectores históricamente excluidos, el partido liderado por Evo Morales y, posteriormente, por Luis Arce, reconfiguró el sistema político boliviano haciendo uso de su mayoría.
Un recuento realizado para este reportaje da cuenta de al menos 10 quiebres institucionales que el MAS deja como herencia al país, entre los que se pueden citar el prorroguismo del expresidente Evo Morales, el desconocimiento del voto ciudadano en el referéndum del 2016 y en las elecciones del 2019, la toma de instituciones que deberían ser independientes, el sometimiento de la justicia, entre otros aspectos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El resultado es un Estado en el que las estructuras que debían equilibrar el poder se encuentran debilitadas, dependientes y en muchos casos, deslegitimadas.
A continuación, se detalla cómo el MAS transformó las bases institucionales de Bolivia, incluyendo el análisis de expertos y activistas que destacan la magnitud de este desgaste.
1. El referéndum del 21-F: la decisión del pueblo que fue desconocida
El 21 de febrero de 2016 marcó un punto de inflexión en la historia democrática del país. Los ciudadanos acudieron a las urnas para responder una pregunta crucial: ¿debería Evo Morales poder postularse nuevamente a la presidencia? La mayoría dijo “No” (51,3%), reafirmando la idea de que ningún liderazgo debía perpetuarse en el poder.
Pero esa decisión fue desconocida por el oficialismo. El MAS, en lugar de aceptar la derrota, lanzó una narrativa de deslegitimación del voto popular, acusando a la oposición y a los medios de haber “confundido al pueblo” por el escándalo del caso de la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata.
Poco después, el Tribunal Constitucional Plurinacional reinterpretó la voluntad popular, argumentando que la reelección era un “derecho humano”.
Al respecto, la activista y analista política Alondra Quispe explica que ese hecho fue posible debido a la cooptación del Tribunal Constitucional por parte del MAS, lo que dejó sin independencia a la justicia.
“Cuando se da el referéndum del 2016, se tiene este nuevo instrumento de la Constitución (el Tribunal Constitucional), se tiene una decisión por parte de la ciudadanía que es el NO para la reelección, pero al final se termina desconociendo el resultado y avalando a través de una sentencia constitucional. Entonces aquí la independencia de poderes se rompe completamente. Ves a un Tribunal Constitucional cooptado o por lo menos siendo afín a quien se encuentra en el partido de gobierno”, señala.
El 21-F no solo fue un referéndum; fue el punto de partida del desgaste institucional, cuando el aparato del Estado comenzó a utilizarse para contradecir la voluntad ciudadana.
2. La reelección indefinida: la Constitución reinterpretada para perpetuar el poder
La sentencia constitucional de 2017, que declaró la reelección indefinida como derecho humano, fue un hito en la erosión institucional.
En lugar de proteger la Constitución, que limitaba expresamente los mandatos presidenciales, el Tribunal Constitucional se convirtió en un “instrumento político” al servicio del poder. Esto simbolizó la transformación de la justicia constitucional en un mecanismo de validación del poder ejecutivo.
El politólogo Franz Flores observa que “lo más típico de ver es cómo Evo Morales ha tenido la capacidad de desconocer la norma, por ejemplo, de la no reelección una y otra vez y de desconocer un referendo tan importante… Esto afecta no solo la imagen, sino sobre todo el apego hacia la democracia de los ciudadanos”.
Agrega que “el referendo es una institución de democracia directa que Evo Morales la ha dañado. Hace falta un buen tiempo antes de que la gente vuelva a creer en la democracia. Esto es peligroso”.
Este fallo introdujo la idea de que el liderazgo político podía estar por encima de la ley. Esa reinterpretación socavó la confianza ciudadana en las instituciones judiciales y en la Carta Magna, que había sido aprobada en 2009 con amplio respaldo popular.
La consecuencia fue un precedente peligroso: las normas dejaron de ser permanentes y se volvieron maleables según la conveniencia del poder político. La democracia boliviana pasó de tener un sistema basado en reglas claras, a un modelo de poder sustentado en la elasticidad institucional.
3. La militancia como requisito del funcionario: el Estado “partidizado”
Durante el periodo del MAS, la línea entre Estado y partido se desdibujó. Ser militante o simpatizante del proceso de cambio se transformó en un requisito implícito para acceder o mantenerse en un cargo público.
Ministerios, empresas públicas y entidades descentralizadas fueron copadas por personas designadas por afinidad partidaria, no por mérito profesional. Esto debilitó la eficiencia del aparato público y subordinó la política a la lealtad, generando un círculo de obediencia partidaria.
Incluso, el MAS incluyó en su reglamento interno que para ser funcionario público, se debía cumplir con el requisito de ser militante del MAS.
“No existe la figura de autoridades neutrales, ni independientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal; todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”, señala el citado reglamento. Y luego aclara que “autoridades designadas” son los ministros, viceministros, directores de entidades descentralizadas y desconcentradas, jefaturas de unidad y servidores públicos del Gobierno, de las gobernaciones, de los gobiernos regionales y municipales en los que gobierne el MAS”.
El abogado constitucionalista Arturo Yañez señala que “Todas las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia están completamente devastadas… porque ese rol depende de la cercanía o lejanía al poder, además se han elegido personas que no son idóneas para esos cargos. Un sistema que no da seguridad jurídica no atrae inversiones”.
De esa forma, el Estado se convirtió en una maquinaria política de retribución y control. Las decisiones técnicas cedieron ante la lógica de la obediencia partidaria.
4. Interinatos donde debían existir cargos institucionalizados
Uno de los rasgos del Estado durante el largo ciclo del MAS fueron los interinatos en cargos que debían ser institucionalizados y, por tanto, independientes, por ejemplo, en el Banco Central de Bolivia, la Contraloría General del Estado, el INRA, la Aduana, YPFB, la ABC, las autoridades de fiscalización y control, entre otras.
Estos “interinos permanentes” dependían completamente de la voluntad política que los había nombrado. Un funcionario interino no puede contradecir a su autoridad superior porque carece de estabilidad; su permanencia depende de su obediencia. Esta práctica desinstitucionalizó la administración pública, promoviendo la sumisión en lugar de la responsabilidad.
5. Las elecciones de 2019: la crisis que derrumbó la confianza electoral
El proceso electoral de 2019 representó el punto más crítico de la institucionalidad democrática. La interrupción del conteo rápido (TREP), inconsistencias en las actas y falta de transparencia generaron una crisis de legitimidad sin precedentes. La OEA y la Unión Europea certificaron el “dolo” en los resultados electorales.
“Es el caso también del Tribunal Supremo Electoral, quienes en el 2019 han tenido un fuerte problema de credibilidad, de fortaleza, de transparencia y que ahora en estas elecciones, a pesar de que son otras las autoridades, siguen saliendo estos temas de fraude y desconfianza de la población. El legado que nos deja el MAS en torno a la institucionalidad es desconfianza y fragilidad en todo el sistema”, afirma Alondra Quispe.
Más allá del desenlace político, la renuncia de Evo Morales y la transición posterior con el gobierno de Jeanine Añez, el daño estructural fue profundo: la confianza en el voto quedó fracturada.
Por primera vez desde el retorno a la democracia, amplios sectores sociales cuestionaron el valor mismo de las elecciones como mecanismo de resolución pacífica.
El episodio de 2019 demostró que cuando un sistema electoral no es percibido como imparcial, todo el andamiaje institucional colapsa. A partir de entonces, la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral quedó bajo sospecha, y el país ingresó en una etapa de polarización y desconfianza permanente.
6. El Tribunal Supremo Electoral: entre presiones y desconfianza
El TSE fue uno de los órganos golpeados por el control político del MAS. La designación de vocales respondió a cálculos partidarios, sobre todo en la etapa de las elecciones del 2019, y la percepción pública de influencia política fue persistente.
Flores complementa: “La institución más dañada es el poder legislativo, que originó un efecto dominó sobre el poder judicial y el poder electoral… Ni el Congreso Nacional ni el poder judicial se han apegado a normas y leyes en estos 20 años”.
El sistema electoral, que debería ser un árbitro neutral y garante de la democracia, terminó reducido a un escenario de sospecha. Cada elección posterior fue recibida con reservas, lo que refleja un problema estructural: la pérdida de credibilidad institucional no se recupera con un cambio de autoridades.
7. La Defensoría del Pueblo: una voz pública silenciada
La Defensoría perdió independencia y se alineó progresivamente con el discurso gubernamental, hasta alcanzar su punto más alto con Nadia Cruz, quien luego de ser defensora del pueblo pasó a ser funcionaria del gobierno de Evo Morales. Sus denuncias de violaciones de derechos humanos dejaron de ser investigadas con autonomía.
Yañez subraya que “La imagen de Estado a nivel internacional es funesta; nos ven como una jungla, un país predemocrático donde prima la ley del más fuerte. El daño a instituciones como la Defensoría del Pueblo refleja que no se tutela la Constitución ni los derechos de las personas”.
Cuando la Defensoría guarda silencio ante los excesos del Estado, la ciudadanía pierde un canal de defensa moral y jurídica. En los hechos, el ente defensor de la sociedad civil se transformó en un defensor del gobierno, contribuyendo a normalizar la vulneración de derechos como parte del paisaje institucional.
8. El Ministerio Público: persecución y justicia selectiva
Durante el MAS, la Fiscalía se consolidó como un instrumento político. La prisión preventiva se convirtió en recurso para neutralizar adversarios.
Yañez agrega que “todos los nombramientos de fiscales departamentales desde hace más de 12 años han sido ilegales, contrarios a la Constitución y a la Ley, pero nadie ha respondido. Esto demuestra la ausencia de seguridad jurídica”.
Este desequilibrio no solo afectó la credibilidad del Ministerio Público, sino que instaló una cultura de impunidad selectiva. La justicia dejó de ser el último recurso del ciudadano y pasó a ser un mecanismo de coerción del poder.
Uno de los primeros hitos en este manejo político del Ministerio Público fue el caso del Hotel de las Américas, que se usó para neutralizar a la oposición cruceña.
9. El sistema judicial: elecciones fallidas y subordinación
La elección popular de magistrados, presentada como un acto de democratización, terminó legitimando la subordinación judicial. La selección de candidatos estaba a cargo de la Asamblea Legislativa que, a su vez, estaba dominada por le MAS.
En dos de las tres elecciones judiciales los votos nulos y blancos sumaron más del 60% quitando legitimidad al proceso. Las últimas elecciones se llevaron a cabo de manera parcial porque el Tribunal Constitucional decidió prorrogar a los
magistrados de algunos departamentos.
Las decisiones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Consejo de la Magistratura mostraron alineación sistemática con los intereses del Ejecutivo.
Así, la justicia boliviana dejó de ser un árbitro independiente y se convirtió en un componente más del engranaje político. El ciudadano común percibió que la ley no era igual para todos, sino un instrumento de conveniencia.
La falta de independencia judicial es identificada en varios de los informes de organismos internacionales que han alertado a los gobiernos sobre este delicado manejo político.
“La situación de la justicia es muy grave porque la garantía de la justicia no es un fin en sí mismo, sino para el ejercicio de derechos, y esto es fundamental para los ciudadanos”, afirma la coordinadora del programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos de UNITAS.
10. La Asamblea Legislativa: la aplanadora de los dos tercios
Con mayoría calificada, el MAS convirtió al Parlamento en extensión del Ejecutivo. La deliberación democrática fue reemplazada por la obediencia partidaria.
De los cuatro períodos que gobernó el MAS, en dos, logró dos tercios de votos, lo que le permitió aprobar o anular todo aquello que quisiera. En los otros dos periodos tuvo mayoría absoluta, por lo que dejó de usar el mecanismo de los dos tercios y reemplazó asuntos importantes por la mayoría absoluta como los reglamentos legislativos.
Flores enfatiza que “el dominio del MAS sobre el poder legislativo ha viabilizado la desinstitucionalización del gobierno y afectado profundamente al poder judicial. Esto impacta directamente en la imagen del Estado y en la confianza ciudadana”.
El pluralismo político quedó relegado y las minorías fueron sistemáticamente marginadas. Este control legislativo absoluto permitió al MAS moldear la institucionalidad nacional a su medida, consolidando un sistema hegemónico con apariencia de democracia, pero con una estructura interna de poder concentrado.
Los dos tercios a lo largo del gobierno de Evo Morales sirvió para las designaciones digitadas solo bajo criterios partidarios, el ejemplo más contundente fue la elección del fiscal general del Estado, cargo que recayó en ciudadanos como Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa, ambos hombres de confianza del poder.
El balance final: un Estado debilitado y una democracia frágil
Tras veinte años de hegemonía política, Bolivia enfrenta una crisis institucional profunda. El MAS deja un país con instituciones dudosas, órganos judiciales sin independencia, un sistema electoral debilitado y una administración pública subordinada al poder partidario.
“El nuevo gobierno tiene que asumir ciertas conductas enmarcadas en normas y el Estado de derecho… Romper con la lógica de cooptación es un proceso progresivo, no sucede de la noche a la mañana. Poner nuevas limitantes y recuperar la confianza será la clave”, dice Alondra Quispe.
El legado institucional del MAS no es solo político, sino estructural: un aparato estatal donde el partido se confunde con la institucionalidad, y donde la autonomía, la transparencia y la meritocracia se han visto erosionadas por el control político.
La reconstrucción democrática exigirá mucho más que nuevos gobiernos: requerirá restituir la independencia de las instituciones, recuperar la confianza ciudadana y reinstaurar la cultura del respeto a la ley.
Un nuevo reto: el gobierno de Rodrigo Paz y la reconstrucción institucional
El gobierno electo de Rodrigo Paz Pereira asume el poder en medio de crisis económica, polarización política y desgaste institucional.
Flores apunta que “si este gobierno tiene un buen rendimiento económico y resuelve problemas diarios como empleo y precios, el apego a la democracia se fortalecerá y habrá respaldo ciudadano a las instituciones”.
Yañez advierte que “construir un sistema confiable requiere de muchos años, acuerdos y reformas legales; la seguridad jurídica no se la declara por decreto, pero algunas acciones tendrían que empezar a hacerse desde el inicio”.
La tarea no será sencilla: implica desmontar estructuras de control político arraigadas durante dos décadas, promover una reforma judicial profunda, reconstruir la confianza ciudadana y devolver al servicio público su carácter meritocrático.
El éxito de la gestión de Rodrigo Paz dependerá de su capacidad para romper con el pasado y construir un gobierno basado en la transparencia, el equilibrio y la autonomía de las instituciones.
Una mirada a la institucionalidad democrática
El Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS refleja el deterioro de la institucionalidad democrática, los datos muestran que cada año los registros van en crecimiento. En 2024, se reportó 915 vulneraciones, 525 eran a la institucionalidad democrática. La mayoría.
La abogada Claudia Terán, coordinadora del Programa Defensores de UNITAS, describe que este menoscabo se traduce en la desconfianza grande no solo en el aparato estatal, sino en el Estado democrático de derecho, por lo tanto, se viene un periodo de “reconstrucción profunda de la confianza en el Estado, porque no es suficiente el voto”.
Sostiene que la gente está viviendo un tiempo de desaliento por muchos factores de su vida cotidiana, por lo que es necesario trazar un camino de diálogo de restablecer las relaciones y establecer claramente el respeto a los estándares internacionales de derecho.
Fuente: ANF