A través de un manifiesto denunciaron que a pesar de tener regulados sus derechos y titulados sus territorios, el mismo Estado les arrebata y despoja, otorgando derechos a terceros y permisos para el extractivismo en todas sus formas.
“Rechazamos rotundamente las intenciones de los candidatos políticos que quieren hacerse de la silla presidencial, haciendo de los territorios un sujeto de campaña, pretendiendo individualizarlo para convertirlo en mercancía de venta. Nuestra Madre Tierra no está en venta”, dejaron escrito en el manifiesto, luego de profundas reflexiones y análisis sobre la situación de las tierras colectivas y la crisis ambiental.
El encuentro realizado entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre reunió en Santa Cruz a más de un centenar de delegados de diversas regiones, emitió un manifiesto en el que se advierte que las propuestas de las dos candidaturas en pugna, lideradas por Tuto Quiroga (LIBRE) y Rodrigo Paz (PDC), no garantizan el respeto a los derechos colectivos ni responden a los desafíos ambientales que enfrenta el país.
“Las tierras y territorios colectivos no son sinónimos de pobreza. No es individualizando la tierra que saldremos adelante, es fortaleciendo nuestros modos de vida y prácticas productivas; no es dividiendo ni parcelando la tierra y nuestros medios de vida, sino, es con políticas y fondos públicos destinados a los territorios y comunidades”, advirtieron en el manifiesto que emergió del Foro por la Tierra, Territorio y Medioambiente realizado en Santa Cruz.
Recordaron que el ordenamiento de los territorios, en el marco de sus procesos de gestión y planificación territorial autónomos, conciben al territorio como una unidad indivisible y toman en cuenta las capacidades del uso del suelo, respetando la vocación natural y ambiental de los mismos a los que se denominan “Planes de Vida”.
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«Nosotros esperábamos que los candidatos, a futuro autoridades de nuestro país, estuvieran presentes, pero poco o nada de interés tienen hacia los pueblos indígenas, aunque sí tienen interés en nuestro territorio, en nuestra Casa Grande”, dijo Rosa Pachuri, de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (ORMICH).
En el Foro Nacional 2025 “Tierra-Territorio y Medio Ambiente”, representantes de pueblos indígenas, campesinos, organizaciones sociales y activistas exigieron a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en carrera que definan posiciones claras frente al uso, distribución y protección de la tierra y los territorios en Bolivia.
Ninguno de los candidatos acudió a la invitación, aunque Santiago Terceros, vocero de PDC en Santa Cruz, se presentó para recibir el manifiesto del Foro Nacional junto a la diputada electa Mónica Fernández.
Ambas tiendas políticas, a través de distintos actores, manifestaron en su campaña electoral su posición contraria a la propiedad colectiva de la tierra, la que es reconocida a más de 400 tierras comunitarias de origen (58 territorios indígenas, entre ellas, en tierras bajas).
Las dos duplas (Jorge Tuto Quiroga-Juan Pablo Velasco y Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara) también expresaron gran entusiasmo por los bonos de carbono, como una forma rápida de captar fondos económicos a costa de los bosques. Incluso Paz Pereira mencionó a una autonomía indígena que estaría a puertas de cerrar el acuerdo con una empresa internacional.
“El Estado nos arrebata y despoja a título de desarrollo”
“El territorio; ese espacio de vida que hoy, a pesar de tener regulados nuestros derechos y titulados los territorios, el mismo Estado nos arrebata y despoja a título de desarrollo, otorgando derechos a terceros y permisos al extractivismo en todas sus formas, sobre los derechos territoriales y ambientales conquistados en largas y sendas luchas libradas por nuestros ancestros, abuelos y abuelas”, coincidieron.
Recordaron que los pueblos y organizaciones de la sociedad civil, que la lucha por el territorio siempre estuvo ligada a la autodeterminación y a la realización de otros derechos, como el ejercicio al autogobierno, la gestión y el control de los territorios, en función de las instituciones políticas y la democracia comunitaria; es decir, viviendo con normas propias y procedimientos propios.
Durante el encuentro, que reunió en Santa Cruz a más de un centenar de delegados de diversas regiones, se advierte que las propuestas de las dos candidaturas en pugna, no garantizan el respeto a los derechos colectivos ni responden a los desafíos ambientales que enfrenta el país.
Actividades extractivas sin consulta ni consentimiento
El pronunciamiento fue contundente a la hora de abordar las actividades extractivas mineras, hidrocarburíferas y de la agroindustria a costa de la destrucción de bosques al interior de sus territorios, sin cumplir con los derechos de los pueblos afectados, como son la consulta libre, previa e informada y menos contar con su consentimiento.
“Denunciamos la presencia de las actividades extractivas presentes en los territorios y la inacción del Estado y sus instituciones, que desconocen los derechos territoriales y otros derechos vinculantes que protegen a los pueblos indígenas, comunidades y naciones originarias, y su libre determinación, como el reconocimiento a la pre-existencia, el derecho a la consulta y el consentimiento, constitucionalmente contemplados”, señala el manifiesto.
Actualmente se encuentra en proceso, la acción ambiental preventiva directa presentada por el Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) en contra de la minería ilegal del oro en el río Madre de Dios, admitida en primera instancia en el Juzgado Agroambiental de El Sena, Pando y derivada a Sucre al nivel nacional.
El recurso legal presentado en julio de este año, con el apoyo técnico del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) ha sustentado la denuncia con amplia prueba sobre las operaciones auríferas fuera de áreas autorizadas, que llegan al 90% de las balsas mineras, así como el daño que ocasiona el mercurio al medioambiente y la salud de las poblaciones ribereñas.
“Demandamos superar el extractivismo destructor de la vida la naturaleza para transitar hacia un modelo económico diversificado y sostenible, que fortalezca la agricultura familiar campesina indígena como base de la soberanía alimentaria”, dejaron por escrito.
Conquistas históricas
El Estado Plurinacional y la Constitución Política del Estado no son dádivas, señalaron en el documento, pues se trata de conquistas históricas logradas con sacrificio y unidad del movimiento indígena originario campesino y de la sociedad boliviana en su conjunto, coincidieron las representaciones. Por ello, exigieron respeto irrestricto a estos logros, que no pueden ser negociados ni debilitados por cálculos políticos o intereses sectoriales o individuales.
“La tierra y el territorio colectivo resolvió la vida donde nunca llegó el Estado. Nosotras y nosotros, hemos sobrevivido manteniendo nuestras formas de vida y organizativas propias, preservando nuestras prácticas productivas y económicas, alimentándonos y cuidando lo que tenemos”, reafirmaron.
En ese marco exigieron el cumplimiento de los derechos conquistados con su lucha histórica y resultado del sacrificio de abuelos y abuelas que deliberadamente emprendieron las rutas y caminos de este país, no solo para gritar su existencia sino para exigir y arrancarle al Estado cada derecho reconocido que hoy están plasmados en la Constitución Política del Estado y en el régimen agrario, los cuales, sin duda, protegen la tenencia colectiva de la tierra.
Como parte de esas conquistas, exigieron la titulación colectiva de los territorios indígenas que están en proceso y pendientes, en función de la demanda histórica y los Estudios de Necesidades Espaciales que determinaron una cantidad de tierra para la pervivencia de los pueblos indígenas y que aún está en deuda.
La marcha indígena de tierras altas y bajas por el Territorio y la Dignidad protagonizada en 1990 fue pie para la consolidación de los territorios ancestrales y que hasta la fecha siguen en proceso de titulación.
Auditorías al INRA y la ABT
Ante las irregularidades presentadas en el proceso de distribución de tierras fiscales desde el año 2014 y los permisos otorgados para los asentamientos en los territorios, las organizaciones reunidas señalaron desconocer la distribución de tierras legalmente constituidas.
“Denunciamos el avasallamiento de tierras por actores económicos que incursionan de manera ilegal a nuestras tierras y territorios colectivos atraídos por la avaricia e intereses personales, implementando actividades extractivas de toda índole, exigimos al nuevo gobierno la aplicación de la Constitución Política del Estado y las leyes agrarias que otorgan seguridad jurídica a los territorios colectivos.
Exigieron también la consolidación de las autonomías indígenas como instrumento de protección ambiental y de vida en el territorio, la reconstitución territorial recuperando el sentido profundo y real del horizonte del “Vivir Bien”.
El año 2024 se registró el mayor desastre ambiental de Bolivia; más de 14 millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales. El 80% de la pérdida fue bosque primario, además de fauna incalculable.
Se denunciaron entonces, quemas provocadas como parte de los incentivos normativos alentados por el propio Gobierno y las autorizaciones indiscriminadas otorgadas por la ABT y la participación del INRA en la facilitación de información de tierras fiscales para las tomas ilegales.
Independencia y unidad
En el encuentro participativo, se reivindicó la independencia de las organizaciones y estructuras matrices; se exigió un diálogo transparente respetando los canales de representación orgánicos y se rechazó la cooptación de dirigencias y la intermediación sin respeto ni consulta a las bases.
“Ratificamos nuestra defensa a los derechos colectivos constitucionalizados que se conjugan y complementan con los derechos individuales en el territorio, ante un escenario de regresión de derechos y a su vez, reafirmamos que, como sujetos políticos, no dudaremos en movilizarnos en defensa de nuestras conquistas”, dejaron advertido en el documento.
Las organizaciones y colectivos asistentes coincidieron en que en estos temas se juega el futuro del país. “No aceptaremos retrocesos ni promesas vacías… Quien aspire a gobernar debe asumir compromisos firmes frente a estas demandas”, dice el manifiesto para concluir.
Los colectivos emplazaron a los candidatos presidenciales a comprometerse con una agenda en materia de tierras, minería y ambiental que frene la destrucción de los territorios y siente las bases para un desarrollo sostenible.
Durante la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, se enfrentarán en las urnas la dupla de Jorge Tuto Quiroga -Juan Pablo Velasco de la alianza LIBRE y Rodrigo Paz Pereira y el capitán Edmán Lara por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
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