Las comunidades denuncian el avasallamiento de tierras por actores económicos que incursionan de manera ilegal a sus territorios, atraídos por la avaricia e intereses personales, implementando actividades extractivas de toda índole.
Fuente: Foro por la Tierra-Territorio y Medio Ambiente
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Con un mensaje contundente y una advertencia clara, pueblos indígenas, comunidades campesinas, naciones originarias y organizaciones presentaron este martes un manifiesto con más de 30 demandas sobre tierra, territorio y medio ambiente dirigido a los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. «¡Nuestra madre tierra no está en venta!», proclamaron al cierre del Foro por la Tierra-Territorio y Medio Ambiente, realizado en Santa Cruz durante dos días de intensas deliberaciones.
El documento, titulado «Compromiso de todos en defensa de la vida», es el resultado de profundas reflexiones y análisis sobre la situación de las tierras colectivas y la crisis ambiental que atraviesa el país. Las organizaciones fueron enfáticas: no aceptarán retrocesos ni promesas vacías, y advierten que el respeto a la Constitución, la defensa del territorio colectivo y el fortalecimiento del Estado Plurinacional no son negociables.
Tanto Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) como Rodrigo Paz (PDC) fueron invitados a participar del evento, para escuchar las demandas sectoriales, sin embargo, ninguno asistió. Sin embargo, este segundo envió a Santiago Terceros, vocero departamental del PDC, quien recibió el documento, que fue firmado por los asistentes.
Lucio Ayala, presidente del Territorio Multiétnico II (TIM II), destacó el trabajo realizado por los representantes indígenas, activistas y académicos de tierras altas y de tierras bajas. “Todos venimos de diferentes regiones y somos personas que tenemos derecho, voz y voto para hablar sobre nuestra región Lamentablemente, habíamos invitado con anticipación a los candidatos, pero vemos que nos dan poca importancia a este sector”, lamentó.
Ejes del documento
Uno de los ejes centrales del manifiesto es el rechazo rotundo a las propuestas de individualización de territorios colectivos que algunos candidatos han planteado durante la campaña electoral. «Rechazamos las intenciones de los candidatos políticos que quieren hacerse de la silla presidencial, haciendo de los territorios un sujeto de campaña, pretendiendo individualizarlo para convertirlo en mercancía de venta», señala el documento con dureza. Para los pueblos indígenas y campesinos, el territorio no es simplemente tierra ni un título de propiedad, sino su «Casa Grande», un espacio de vida que representa el presente y futuro de sus pueblos.
El manifiesto agrupa sus exigencias en dos grandes bloques temáticos: Tierra-Territorio y Medio Ambiente. En materia territorial, las organizaciones exigen la titulación colectiva de territorios indígenas que aún están pendientes, en función de la demanda histórica y los Estudios de Necesidades Espaciales que determinaron la cantidad de tierra necesaria para la pervivencia de los pueblos indígenas. Además, demandan el inicio de una auditoría al INRA y la ABT ante las irregularidades presentadas en el proceso de distribución de tierras fiscales desde el año 2014 y los permisos otorgados para asentamientos en territorios indígenas.
Las comunidades denuncian el avasallamiento de tierras por actores económicos que incursionan de manera ilegal a sus territorios, atraídos por la avaricia e intereses personales, implementando actividades extractivas de toda índole. Exigen al nuevo gobierno la aplicación de la Constitución Política del Estado y las leyes agrarias que otorgan seguridad jurídica a los territorios colectivos. También demandan el fortalecimiento a los sistemas de vida, la producción, la alimentación y la medicina tradicional con políticas y fondos públicos, sin intermediación ni burocracias que se prestan a estrategias de clientelismo.
En el ámbito ambiental, las demandas son igual de contundentes. Las organizaciones exigen la prohibición de semillas transgénicas y tecnologías de organismos genéticamente modificados, rechazando la promoción de transgénicos, agrotóxicos y monocultivos impulsados por el agronegocio. Se oponen categóricamente a la minería en territorios indígenas, comunidades campesinas, áreas protegidas y ecosistemas sensibles como las áreas de recarga hídrica, por los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que generan.
El manifiesto también plantea la necesidad de una nueva Ley de Aguas con enfoque de derechos, territorialidad indígena y gestión comunitaria, garantizando el uso prioritario del agua para la vida. Exhortan a la protección de zonas de recarga hídrica, curichis, ríos, lagunas, bofedales, bosques generadores de agua y sitios RAMSAR, rechazando proyectos de infraestructura o actividades extractivas que los afecten.
Entre las demandas más urgentes está la abrogación del paquete de normas que califican como «incendiarias» y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Agroambiental en materia de medio ambiente. Además, exigen la implementación inmediata de la estrategia nacional de agroecología que fomente la creación de bancos de semillas nativas y fortalezca los sistemas alimentarios sostenibles. Las organizaciones también rechazan los bonos de carbono por considerar que fomentan la mercantilización de la naturaleza y atentan contra la soberanía territorial y los derechos de pueblos indígenas.
Un punto crítico del documento es el rechazo al uso y comercialización del mercurio, así como la explotación de minerales críticos y tierras raras por los impactos que producen en los territorios y en los cuerpos de quienes están expuestos. Por ello, exigen atención y resarcimiento a los pueblos indígenas y comunidades campesinas afectadas en su salud y medios de vida por la presencia de metales pesados.
Las organizaciones no se limitaron a presentar demandas. Se declararon en estado de alerta y activaron «desde este momento, todas nuestras formas de monitoreo territorial para el control, defensa y apropiación de nuestros territorios». El manifiesto es claro al advertir: «Estamos en pie de lucha, la defensa de las tierras colectivas la haremos en y desde los territorios».
El documento denuncia que, a pesar de tener regularizados sus derechos y titulados los territorios, el mismo Estado «nos arrebata y despoja a título de desarrollo, otorgando derechos a terceros y permisos al extractivismo en todas sus formas, sobre los derechos territoriales y ambientales conquistados en largas y sendas luchas libradas por nuestros ancestros, abuelos y abuelas».
Las organizaciones firmantes reivindican la independencia de sus estructuras matrices y exigen un diálogo transparente respetando sus canales de representación orgánicos. Rechazan tajantemente la cooptación de sus dirigencias y la intermediación sin respeto ni consulta a las bases.
«El Estado Plurinacional y la Constitución Política del Estado no son dádivas, son conquistas históricas logradas con sacrificio y unidad del movimiento indígena originario campesino», recuerda el manifiesto.
El mensaje final a los candidatos es inequívoco: «Quien aspire a gobernar Bolivia debe escuchar con seriedad y responder con hechos. Aquí se juega el futuro de los pueblos y de Bolivia entera». El documento será entregado formalmente a los candidatos presidenciales, los legisladores electos y la opinión pública en general, estableciendo una agenda que las comunidades indígenas y campesinas consideran irrenunciable para el próximo gobierno. «Nuestra voz no será silenciada: defendemos el presente y el futuro de nuestra casa común y de la vida en el país», concluye el manifiesto.