Aquí va: atentos, porque los resultados son mucho más graves de lo que imaginábamos.
Estos y otros hallazgos surgen del reciente estudio »El costo social del ajuste», elaborado por Oxfam en Bolivia junto a la Universidad Privada Boliviana (UPB). Son los primeros análisis detallados sobre los efectos sociales y distributivos que podrían tener las medidas económicas que asumirán los próximos gobiernos.
Y no, no se trata de “estudios parciales” ni de interpretaciones “zurdas”: es evidencia empírica sólida, desarrollada por economistas que algunos conozco de mas de 15 años y respeto por su altisima integridad y capacidad tecnica.
Comparto aquí algunos de los resultados más relevantes, que ojalá sirvan para animarles a ver la presentación completa del estudio:
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
1. La devaluación del boliviano reduciría el ingreso consumible promedio de los hogares en un 33 %.
2. La eliminación del subsidio a los carburantes tendrá un efecto diez veces más fuerte por la inflación generalizada que provocará, que por el mero aumento del precio del transporte y otras actividades que dependen directamente de los combustibles.
3. Los hogares con menores ingresos sufrirán una pérdida proporcionalmente mucho mayor de su ingreso disponible que los más ricos, aunque paradójicamente fueron los que menos se beneficiaron del subsidio.
4. La pobreza moderada aumentara hasta en 11 puntos porcentuales (1 de cada diez bolivianos) solo por devaluacion del boliviano y no se sabe que pasaría si ambos fenómenos ocurren al mismo tiempo.
5. El aumento de la pobreza extrema, lo pueden ver en el grafico, ya no me da fuerza para ponerlo en texto, es abrumador.
El estudio también desmonta mitos persistentes en la opinión pública. Por ejemplo, la Administración Pública no ha crecido significativamente en empleo entre 2016 y 2024, su expansión se dio posiblemente antes, mientras que el verdadero aumento provino del trabajo por cuenta propia, reflejo de la precarización laboral.
En el reciente encuentro entre economistas de los dos partidos en la contienda electoral, Rolando Morales Anaya, un economista al que respeto profundamente, señaló que sus propuestas son casi idénticas: ambas carecen de medidas sustanciales para mitigar el impacto de la crisis en los hogares bolivianos. Lo que debería ser la prioridad, la economía cotidiana de las familias, sigue ausente del debate político.
¡Como el indica, las ideas que hoy se reciclan, como “dar acciones de empresas públicas a los ciudadanos” o “individualizar la tierra comunitaria,» son refritos de los años noventa, o incluso, en el caso de la tierra, de épocas aún más oscuras, como la de Melgarejo!
Estamos, sin exagerar, ante una de las crisis económicas y financieras más profundas de los últimos cuarenta años. Y frente a ello, se insiste en enfocar las propuestas en cifras de PIB y déficit fiscal, ignorando los efectos humanos y sociales devastadores que estos ajustes traerán.
El estudio de Oxfam y la UPB advierte que podríamos retroceder casi dos décadas en materia de reducción de la pobreza. Y eso es un escenario conservador, porque los cálculos se hicieron considerando cada medida por separado, sin incluir su efecto combinado ni otras que seguramente vendrán, como el recorte de empleos públicos.
No se trata de derrotismo, sino de realismo. Debemos comprender la magnitud de lo que se viene para poder exigir con firmeza y lucidez a los responsables, de ayer, de hoy y de mañana, que asuman su responsabilidad histórica.
Esto no es una lucha técnica ni ideológica: es una lucha por la vida misma, y no podemos darnos el lujo de perderla.
Por eso, les pido algo con claridad: no respondan a este post con frases vacías como “no hay otra opción” o “es necesario”.
Hay una responsabilidad ética y social profunda en quienes gobiernan y en quienes gobernaron. Estas decisiones no son neutras: significan vidas truncadas, sueños rotos, salud deteriorada, deserción escolar, hambre e injusticia.
Y si todo esto va a ocurrir, porque probablemente ocurrirá, no pueden ser los más pobres quienes paguen la mayor parte del ajuste, cuando ni siquiera fueron los principales beneficiarios del subsidio ni del tipo de cambio fijo.
No hay “mal menor”.
Los dos bloques políticos en campaña son igualmente irresponsables por su falta de respuestas a la altura del momento.
Durante años fueron oposición, y algunos de sus miembros incluso, aunque brevemente, fueron el gobierno, pero ninguno asumió medidas dignas ni estructurales cuando tuvo la oportunidad.
Al MAS, por supuesto, hay que exigirle rendir cuentas por haber conducido al país hacia esta crisis y es absolutamente necesario.
Pero seamos realistas: en Bolivia eso difícilmente ocurrirá.
Los políticos tienden a protegerse entre sí, a cuidarse la espalda y a buscar chivos expiatorios simbólicos, antes que asumir responsabilidades reales.
Así que no perdamos tiempo eligiendo entre males: dediquémonos a exigir medidas justas.
Que la crisis la paguen los ricos, los que más ganaron y menos aportan:
Los grandes agroindustriales que tributan apenas el 1 %, los mineros auriferos legales, pocos, y apenas los legales, que pagan solo el 2,5 %, y todos los sectores que durante años se beneficiaron de privilegios fiscales, subsidios y complacencia política.
Porque la justicia social y ecológica empieza por ahí: que la factura del ajuste no la pague, una vez más, los hogares con menos recursos!
PS: Joaquin Morales y Natasha Moralescoffier gracias a ustedes y los equipos con quienes trabajaron por este trabajo tan necesario y urgente.
Por Stasiek Czaplicki Cabezas, economista ambiental especializado en cadenas de valor agropecuarias y forestales.