Los activistas insisten en que la defensa de las áreas protegidas urbanas no solo es un tema de biodiversidad, sino también de seguridad y derecho humano al agua. En una ciudad donde los deslizamientos, incendios forestales y sequías son cada vez más frecuentes, preservar estos territorios se vuelve una tarea urgente.
Leonardo Piñero. Foto: Sumando Voces
Fuente: Sumando Voces
Yenny Escalante
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La ciudad de La Paz cuenta con 25 áreas protegidas municipales que resguardan ecosistemas únicos y garantizan el suministro de agua a sus habitantes. Sin embargo, la reducción y eliminación de varias de estas zonas en los últimos años ha puesto en riesgo su biodiversidad y su capacidad de respuesta frente a desastres naturales.
La alerta la dio Leonardo Piñero, politólogo y miembro del Colectivo en Defensa de la Madre Tierra (Codma), durante el conversatorio “La conservación como alternativa al extractivismo”, organizado por la «Plataforma Multiactor para la Implementación de la Meta 30×30 del Convenio sobre la Diversidad Biológica». Es este espacio, el especialista presentó los resultados del trabajo de monitoreo que desde 2020 realizan junto a la Codma, colectivo ciudadano que ha documentado las amenazas que enfrenta el patrimonio natural paceño.
Según Piñero, la ordenanza municipal 259 de 2015, aprobada durante la gestión interina de Omar Rocha, marcó un punto de inflexión. Esta normativa eliminó tres áreas protegidas y redujo drásticamente la superficie de varias otras.
«En el caso de la Quebrada del Río Callapa es 99,97% (de reducción), es decir, en un espacio que tenía casi 2 mil hectáreas, ahora queda menos de una hectárea. Entonces, es una reducción dramática del territorio del polígono de las áreas protegidas», detalló.
Los recortes, denuncia el especialista, coinciden con la expansión de la mancha urbana sobre sectores rurales y periurbanos, lo que generó pérdida de bosques, afectación de cuencas y proliferación de asentamientos en zonas de riesgo. Agregó que se desprotegieron las áreas rurales donde nacen ríos y se mantuvieron como protegidas zonas ya urbanizadas, «es rudículo», criticó.
Entre los casos más graves, Piñero mencionó la situación de Siete Lagunas, donde se redujo un 90% y se dejó 10%. Indicó que, paradójicamente las lagunas mismas fueron excluidas del polígono de protección.
El diagnóstico elaborado por Codma revela además que la mayoría de las áreas protegidas carece de planes de manejo y de guardaparques permanentes, lo que las deja aún más vulnerables frente a presiones urbanísticas, mineras y ambientales.
Como alternativa, los colectivos han impulsado iniciativas de ecoturismo comunitario y visitas periódicas a las reservas, con el fin de visibilizar su valor ecológico y cultural. “Si logramos que la gente se vincule con estos espacios —lugares que conocen y sienten como propios, como el Valle de las Ánimas o la Muela del Diablo—, podremos generar una conciencia ciudadana para defenderlos”, afirmó Piñero.
Los activistas insisten en que la defensa de las áreas protegidas urbanas no solo es un tema de biodiversidad, sino también de seguridad y derecho humano al agua. En una ciudad donde los deslizamientos, incendios forestales y sequías son cada vez más frecuentes, preservar estos territorios se vuelve una tarea urgente.