A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el debate público se concentra en los nombres y en la confrontación política, pero poco se discute sobre el desafío económico que enfrentará quien asuma el mando. Bolivia llega a esta instancia con una economía bajo fuerte presión: las reservas internacionales en su nivel más bajo en casi dos décadas, una brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo cercana al 85%, una inflación que ronda el 23% y un Banco Central limitado por un esquema de tipo de cambio fijo que muestra claros signos de agotamiento.
El reciente debate presidencial abordó parcialmente estos temas. Los candidatos mencionaron la inflación, la falta de divisas, la escasez de combustibles y el financiamiento del Banco Central al sector fiscal, aunque sin ofrecer propuestas estructurales claras. Más allá de los discursos, lo cierto es que la estabilidad económica del país está en riesgo y demanda medidas estructurales urgentes.
El régimen monetario vigente, basado en el control de agregados y la estabilidad del tipo de cambio, fue eficaz en tiempos de bonanza, pero hoy se sostiene con hilos. El menor volumen de exportación de hidrocarburos, el incremento del costo de la subvención a los combustibles, el financiamiento al sector público y las restricciones al crédito externo explican gran parte de la fragilidad actual. Estos factores han deteriorado la credibilidad de la autoridad monetaria y evidencian los límites de un régimen que ya no puede absorber shocks externos ni garantizar estabilidad de precios.
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Ante este panorama, Bolivia debe considerar no solo flexibilizar el tipo de cambio, sino también abrir el debate sobre realizar una reforma monetaria y transitar hacia un régimen de metas de inflación: un marco moderno de política monetaria que ya ha demostrado resultados exitosos en América Latina. Países como Chile, Perú, Uruguay y Colombia transitaron desde esquemas rígidos hacia regímenes basados en metas explícitas de inflación, con mayor transparencia, flexibilidad y credibilidad. En todos los casos, el cambio de régimen monetario se apoyó en tres pilares: disciplina fiscal, autonomía del banco central y comunicación clara con la sociedad.
La evidencia internacional es contundente: los países que adoptaron metas de inflación lograron reducir la volatilidad macroeconómica, recuperar la confianza y estabilizar los precios sin sacrificar crecimiento. En cambio, persistir en regímenes rígidos terminó profundizando los desequilibrios externos y fiscales.
Bolivia puede —y debe— seguir ese camino, pero requiere condiciones básicas: fortalecer la independencia del Banco Central, reducir la dominancia fiscal, permitir mayor flexibilidad cambiaria y diseñar una hoja de ruta —gradual o acelerada— hacia las metas de inflación, según la capacidad política y social del país. No se trata de imponer recetas externas, sino de adaptar las lecciones regionales a nuestra realidad institucional.
La transición no será fácil ni inmediata, pero posponerla solo aumentará los costos. En un contexto de desconfianza, incertidumbre, inflación, escasez de divisas y combustibles, el país necesita un nuevo régimen monetario que devuelva confianza y credibilidad a la política económica.
Tras el debate y a pocos días de la segunda vuelta, es importante recordarlo con claridad: sea quien sea el que asuma la presidencia, deberá enfrentar la tarea impostergable de modernizar el régimen monetario y sentar las bases de una nueva estabilidad económica.
Angel Rafael Surco Chuquimia
Es economista