Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía Departamental de Oruro estableció que la Unidad Educativa Juan Misael Saracho, donde el pasado 21 de septiembre se produjo una avalancha humana que causó la muerte de dos jóvenes, tenía una capacidad máxima para 500 personas; sin embargo, se vendieron cerca de 4.000 entradas.
El exceso de público, la ausencia de medidas de seguridad y la falta de control en la organización del evento, denominado “Saracho Fest”, derivaron en una tragedia que hoy es objeto de una investigación penal.
El fiscal de materia Alex Vargas, encargado del caso, confirmó a EL DEBER que durante la inspección ocular se verificó la desproporción entre el aforo real y la cantidad de entradas distribuidas. “Tenemos evidencia de que se imprimieron 4.000 boletos, de los cuales 662 sobraron en los talonarios y 80 desaparecieron, aparentemente sustraídas por algunos padres. Este hecho demuestra que la capacidad del lugar fue excedida de manera irresponsable”, señaló el fiscal.
De acuerdo con las primeras indagaciones, padres de familia y miembros del comité organizador participaron directamente en la impresión, distribución y venta de los boletos, lo que agrava su situación legal.
La Fiscalía convocó a declarar a más de una docena de personas y anticipó que se ampliará la investigación a entre 12 y 15 nuevos citados, incluidos funcionarios municipales y otros actores vinculados a la organización de esta celebración que no contaba con ninguna regulación.
El Fiscal Departamental, Aldo Morales, advirtió que no se descartan nuevas aprehensiones. “Se trata de un hecho grave, con dos víctimas fatales, y vamos a llegar a todos los responsables. La investigación se ampliará para esclarecer las responsabilidades necesarias en el marco de la ley”, declaró luego de la inspección.
Además, se verificó que el evento no contaba con el respaldo de ambulancias, personal médico ni un equipo suficiente de seguridad, apenas seis guardias para controlar a una multitud. Tampoco se contrató una empresa especializada ni se activaron protocolos de emergencia. Todo ello, según la Fiscalía, contribuyó al colapso del evento y la tragedia.
Las pesquisas apuntan también a la directora y parte del plantel administrativo, quienes conocían la realización del evento y la masiva venta de entradas. Aunque las autoridades educativas y municipales sostienen que está prohibido realizar fiestas dentro de unidades educativas, no existe una norma específica que lo prohíba expresamente. En este caso existe un vacío legal, según advirtieron varios especialistas.
La Resolución Ministerial 001/2025, que regula la gestión educativa, solo prohíbe el consumo de alcohol y estupefacientes (artículo 66) y los viajes de promoción (artículo 72), pero no menciona la organización de conciertos o fiestas extracurriculares. Este vacío normativo cobra relevancia en vísperas de las graduaciones de fin de año, cuando múltiples unidades educativas organizan actos sociales dentro o fuera de sus instalaciones.
El dirigente del magisterio urbano paceño, José Luis Álvarez, advirtió que las juntas escolares tienen amplias atribuciones para tomar decisiones incluso por encima de los directores. “Si los padres deciden realizar fiestas o cobrar aportes, lo hacen amparados en la Ley 070. Esto genera distorsiones y situaciones de riesgo como la que hoy lamentamos”.
En la última semana se agravó la tragedia del Saracho con la muerte de María René, una adolescente de 16 años, que se sumó a la primera víctima fatal. Este deceso elevó la gravedad del caso y podría implicar sanciones mayores para los investigados. Además, el Ministerio Público analiza posibles delitos de corrupción y uso indebido de influencias, por haber utilizado un predio estatal con fines lucrativos con apoyo de funcionarios de la municipalidad.
Por otro lado, el vocalista del grupo musical que se presentó esa noche, quien se lanzó al público y pudo provocar parte de la avalancha, mantiene una fianza económica de Bs 6.000 y debe seguir el proceso en libertad, tras la decisión judicial de levantarle el arraigo para permitirle trabajar.
Percy Ríos, vocalista de la agrupación Sangre Cumbiera, no estuvo en las inspecciones que se desarrollaron la pasada semana en Oruro, mientras que la Justicia levantó el arraigo.