El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Juan Villca, admitió este martes que el gobierno de Luis Arce no puede luchar contra los avasallamientos en Bolivia, supuestamente, por falta de condiciones. Dijo que se requiere implementar “eventos más radicales”, como la militarización en los predios.
Fuente: ANF
“Los territorios son extensos y es por eso que los esfuerzos que hacen las instancias (del Gobierno no alcanzan). Por ejemplo, en minería, la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) es la instancia pertinente, y las condiciones que tiene para hacer respetar (los territorios), —uno puede evaluar—, evidentemente no tiene las condiciones”, puntualizó Villca.
Los avasallamientos en Bolivia son una constante y el gobierno nacional no puede hacer cumplir la ley que establece sanciones penales para quienes incurran en ese ilícito.
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La Ley 477 “contra el avasallamiento y tráfico de tierras” contempla cárcel de 3 a 8 años para las personas que incurran en la toma de tierras. La norma también establece desalojo con efectivos policiales en predios donde exista avasallamientos.
Sin embargo, la situación en Bolivia es más complicada porque los avasalladores toman tierras privadas y fiscales amenazando con armas de fuego. Secuestran personas, policías, periodistas y, en su gran mayoría, gozan de impunidad.
El Comité Cívico de Montero del departamento de Santa Cruz denunció la existencia de una red organizada de avasalladores, quienes serían los responsables del violento ingreso al predio Patujú, propiedad de la familia Vaca Diez, en el municipio de Montero.
Durante el operativo conjunto ciudadano y policial para recuperar la propiedad avasallada, encontraron cuadernos con nombres y teléfonos de los participantes, así como registros de aportes económicos destinados a la logística del avasallamiento y presuntos pagos a autoridades judiciales. También se incautaron palos, hondas, cuchillos, carpas y petardos.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, condenó los avasallamientos y exigió el cumplimiento de la ley. Dijo que hasta la fecha suman 331 predios avasallados en todo el país.
También existen otros avasallamientos que ocurren en lugares donde existe la posibilidad de explotar minerales, como el oro. Muchas comunidades indígenas de las regiones del Norte de La Paz y del Beni denunciaron que fueron avasallados por cooperativas mineras conformadas ilegalmente. La AJAM no mostró resultados de lucha contra ese ilícito.
“Exacto (el gobierno no puede luchar contra los avasallamientos). En este momento hay diferentes actores que tienen que intervenir, no solamente el Órgano Ejecutivo. Cualquier gobierno que ingrese requiere de la coparticipación del Tribunal de Justicia, Tribunal Agroambiental, necesitamos del Órgano Legislativo. Tiene que ser un esfuerzo de todos”, puntualizó Villca.
Resaltó que ni la AJAM, ni el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tienen la posibilidad de luchar contra los avasallamientos por falta de recursos y condiciones.
“En el tema del INRA, ahorita tenemos una institución sin funcionarios porque los créditos del extranjero eran para cuidar, regular, distribuir o definitivamente, proteger (las tierras fiscales)”, puntualizó el viceministro.
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