Fuente: ANF
En los últimos años, Bolivia ha registrado un incremento sostenido en el número de víctimas de accidentes de tránsito, tanto heridos como fallecidos, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno nacional y la Dirección de Tránsito para reducir la siniestralidad vial. Las cifras oficiales muestran que, lejos de disminuir, el problema ha ido en aumento, especialmente en los últimos años proyectados.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 1.748 personas muertas en accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que representa un incremento del 15,4% respecto a 2023, cuando se reportaron 1.515 fallecidos. Esta tendencia ascendente se repite en el caso de los heridos, que pasaron de 15.051 en 2023 a 15.817 en 2024, es decir, un aumento del 5,1%.
Entre 2008 y 2024, la cifra de fallecidos ha experimentado altibajos, pero con una clara tendencia al alza en la última década. Por ejemplo, en 2008 se contabilizaron 1.248 muertos, mientras que para 2024 la cifra preliminar alcanza los 1.748, lo que supone un incremento del 40% en ese periodo. En cuanto a personas heridas, el aumento fue del 19%.
Santa Cruz es el departamento con más personas afectadas: en 2024 reportó 6.276 heridos y 409 muertos, superando ampliamente las cifras de años anteriores. Le sigue La Paz, con 4.122 heridos y 466 fallecidos, consolidándose como una de las regiones con mayor índice de siniestralidad.
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Mientras en Cochabamba, en 2024, se registraron 2.025 personas heridas y 291 fallecidas, que al ser comparado con el año anterior, se observa un ligero descenso en heridos (de 2.085 en 2023) pero un preocupante repunte en muertes (de 275 en 2022).
Frente a este escenario, el Gobierno implementó el Plan Nacional de Seguridad Vial (2021-2025), una hoja de ruta interinstitucional que busca reducir la siniestralidad mediante ejes como la prevención, fiscalización, atención post-accidente y gobernanza.
Asimismo, la Dirección de Tránsito y las policías departamentales han intensificado los operativos de control, con énfasis en la verificación de alcoholemia, velocidad, SOAT e inspección técnica vehicular, especialmente durante fines de semana largos y festividades.
También se han impulsado campañas de educación vial centradas en el uso del casco, el cinturón de seguridad, el respeto al peatón y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol. Estas acciones se han territorializado para llegar a municipios y comunidades.
Por otro lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Obras Públicas han trabajado en la mejora de la infraestructura vial, con proyectos de señalización, mantenimiento y eliminación de “puntos negros” donde ocurren la mayoría de los accidentes.
Además, se ha fortalecido la generación y uso de datos a través del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, que sistematiza estadísticas para orientar las intervenciones en corredores y departamentos con mayor incidencia.
Pese a estos esfuerzos, las cifras revelan que las medidas no han sido suficientes para contener el crecimiento de la siniestralidad. La falta de cumplimiento de las normas, la escasa cultura vial y las limitaciones en la fiscalización están entre las causas que explican este fracaso, de acuerdo a los especialistas.
Mientras las autoridades insisten en que las políticas implementadas son las adecuadas, los números muestran una realidad cruda: cada año hay más bolivianas y bolivianos heridos o muertos en las carreteras, por lo que “urge una evaluación profunda de las estrategias y un reforzamiento real de las acciones para revertir esta tendencia trágica y evitable”, según los entendidos en el tema.