El exdirector también advirtió sobre otras fallas estructurales que obstaculizan la rehabilitación, entre ellas la presencia policial dentro de los centros penitenciarios, que —según él— desvirtúa el enfoque educativo y comunitario.
Fuente: ANF
Los gobiernos subnacionales de Bolivia no están cumpliendo con las responsabilidades que la ley les asigna en materia penitenciaria. Así lo advirtió Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario, quien señaló que tanto las alcaldías como las gobernaciones han incumplido de manera sistemática las disposiciones de la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y la Ley 836, que establecen su corresponsabilidad en la reinserción social, la infraestructura y el equipamiento de los centros penitenciarios del país.
Limpias explicó que la normativa vigente no solo asigna competencias al nivel central del Estado, sino que distribuye obligaciones entre las entidades territoriales autónomas para fortalecer la política de seguridad ciudadana desde un enfoque integral. “Los gobiernos municipales y departamentales deben incluir en sus presupuestos recursos para la reinserción social, pero la mayoría no lo hace. En lugar de eso, tenemos que estirar la mano para pedir colaboración”, lamentó en declaraciones a ANF.
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El funcionario subrayó que la reinserción no puede ser vista como una tarea exclusiva del Estado central, ya que los problemas que la sociedad “encierra entre los muros” deben ser abordados colectivamente. Una forma concreta de apoyo —dijo— sería que los municipios faciliten espacios comerciales para la venta de productos elaborados por las personas privadas de libertad, promoviendo así su autosostenibilidad y su reintegración laboral.
Actualmente, la Dirección de Régimen Penitenciario impulsa programas de capacitación laboral y educativa en centros como Qalauma, donde se aplica un modelo socioeducativo enfocado en la rehabilitación y la prevención de la reincidencia. “La mejor medida de seguridad dentro de un penal es una medida educativa”, afirmó Limpias, al destacar que el aprendizaje de oficios como mecánica o agricultura permite reconstruir los hábitos y las aspiraciones de los jóvenes internos.
Para Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario y estudioso del sistema carcelario, el incumplimiento de los gobiernos subnacionales no es nuevo, pero sí alarmante por su persistencia. Recordó que la Ley de Seguridad Ciudadana establecía claramente que las gobernaciones y municipios debían construir centros de readaptación productiva, espacios que serían una transición entre la prisión y la libertad plena. “Estos centros debían parecer más una casa que una cárcel; un lugar donde los jóvenes que egresan puedan seguir viviendo, trabajando y consolidando su reinserción”, explicó a ANF.
Sin embargo, Llanos denuncia que, pese a estar contemplados en la ley, estos centros nunca se construyeron. A ello se suma la falta de políticas de seguimiento postpenitenciario, lo que deja a muchos jóvenes sin apoyo ni orientación una vez que salen de prisión. “Sin acompañamiento ni oportunidades, la reincidencia es casi inevitable”, afirmó.
El exdirector también advirtió sobre otras fallas estructurales que obstaculizan la rehabilitación, entre ellas la presencia policial dentro de los centros penitenciarios, que —según él— desvirtúa el enfoque educativo y comunitario. “Mientras esté la policía, cualquier programa va a fracasar. Su lógica no es la de la readaptación, sino la del control. Esa cultura trae consigo violencia, tortura, droga y alcohol”, sostuvo Llanos.
A este problema se suma la falta de continuidad administrativa y judicial. Llanos recordó que existía una resolución que permitía que los jóvenes permanecieran en centros especializados como Qalauma hasta los 28 años, edad reconocida por Naciones Unidas como parte de la juventud plena. Sin embargo, la anulación de esta disposición y la rigidez del sistema penal obligan a muchos jueces a transferir a jóvenes de 21 años a cárceles para adultos, truncando procesos de rehabilitación que aún no han madurado.
“La dogmática penal termina imponiéndose sobre la pedagogía de la reinserción. En lugar de consolidar su reintegración, el sistema los castiga de nuevo”, apuntó Llanos, quien considera urgente una reforma integral que recupere el sentido humano de las leyes penitenciarias.
Pese a estas limitaciones estructurales, Limpias insiste en que el Estado está avanzando en la consolidación de un modelo de gestión penitenciaria con enfoque educativo y laboral, especialmente en centros juveniles. Sin embargo, reconoce que sin la inversión y compromiso de los gobiernos subnacionales, los esfuerzos no serán sostenibles.
El funcionario recordó que la política penitenciaria no puede limitarse a la administración de cárceles, sino que debe incluir la creación de oportunidades fuera de ellas. Por eso, destacó la importancia del trabajo articulado con organizaciones sociales, fundaciones y universidades, que apoyan en la capacitación y seguimiento de los internos y egresados.
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Fuente: ANF