El presidente Luis Arce Catacora propuso, mediante un memorial judicial, pagar el 10% de su salario mensual como asistencia familiar provisional en el marco del proceso iniciado por la exfuncionaria Brenda Lafuente.
La denunciante rechazó la oferta al considerar que el monto no corresponde a las necesidades reales del menor y representa un intento de minimizar su responsabilidad.
Según el documento presentado ante el Juzgado Familiar Primero de Cochabamba, Arce informó que percibe un salario mensual de Bs 23.353. En ese contexto, ofreció aportar Bs 2.635,30, equivalentes al 10% de su ingreso, mientras el proceso de filiación avanza. “Voluntariamente propongo proporcionar el diez por ciento (10%) de mi salario mensual actual como asistencia familiar provisional”, se lee en la presentación judicial.
Luis Arce
Lafuente, en contacto con radio Erbol, sostuvo que el ofrecimiento equivale a un reconocimiento implícito de la paternidad. “Con esto, él está admitiendo que es el padre del niño”, afirmó brevemente, aunque subrayó que el monto propuesto es insuficiente.
Su defensa legal había planteado previamente una solicitud de Bs 8.000 como asistencia mensual y argumentó que ese monto responde a las condiciones y gastos que requiere el menor.
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La causa familiar se encuentra en etapa de evaluación y está prevista una audiencia judicial en la que se determinará el monto definitivo de la asistencia, tomando en cuenta los ingresos de ambas partes y las necesidades del niño.
Paralelamente, Lafuente impulsa un proceso penal contra Arce por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, tipificado en el Código Penal.
Aistencia familiar
Para este jueves estaba prevista la toma de muestras de ADN a fin de establecer la paternidad. Sin embargo, se conoció que el denunciado rechazó someterse a la prueba pericial, lo que puede tener implicaciones procesales.
De acuerdo con especialistas en derecho de familia, la negativa a realizar la prueba de ADN puede ser considerada como un indicio de reconocimiento de paternidad. Aunque la valoración final corresponde al juez de la causa.
En tanto, desde el entorno del exmandatario no se emitió una posición pública sobre el avance del proceso. El caso aún genera atención mediática y jurídica por tratarse de una denuncia que involucra a una alta autoridad del país, que el 8 de noviembre dejará su cargo.