Con el rechazo fiscal a los incidentes y la reprogramación de la audiencia, el juicio entra en un tramo decisivo que podría definir la responsabilidad penal de los implicados, seis años después de uno de los episodios más violentos registrados en el distrito 2 de Montero
Fuente: eldeber.com.bo
El juicio oral por el caso Cofadena, que investiga las muertes de los cívicos cruceños Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, volvió a quedar en suspenso después de que los acusados presentaran nuevos incidentes y excepciones que obligaron a la Justicia a suspender la audiencia y fijar una nueva fecha para el 5 de diciembre a las 11:00, según informó el abogado Saúl Menacho, representante de las familias de las víctimas.
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El fiscal de materia Luis Alberto La Fuente informó que el juicio oral se instaló el 13 de octubre de 2025, fecha en la que se dio inicio formal a la etapa pública y contradictoria del proceso. En esta fase, la defensa técnica de tres imputados presentó incidentes de nulidad de acusación, amparándose, según señalaron, en supuestas vulneraciones a principios constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de legalidad.
Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que tales incidentes no tienen carácter sobreviniente, requisito indispensable para ser planteados en esta etapa del juicio, y que tampoco están respaldados por prueba idónea o pertinente.
“Se corrió traslado al Ministerio Público, a la parte civil, a las víctimas y al Gobierno Municipal. Hoy nos correspondía contestar esos incidentes, lo cual hemos hecho, porque consideramos que no tienen carácter sobreviniente tal como lo establece la normativa procesal penal”, explicó el fiscal La Fuente.
El representante del Ministerio Público recordó que los implicados ya habían presentado incidentes y excepciones en 2019, durante su audiencia cautelar, alegando vulneración de derechos. Aquella vez, la autoridad jurisdiccional ya había rechazado sus solicitudes.
“Nuevamente, en etapa de juicio, vuelven a plantear lo mismo. Estamos solicitando que se rechacen porque vulneran el principio de legalidad: ya no están dentro de lo que establece nuestro procedimiento. La propia norma señala que los incidentes y excepciones se pueden presentar por única vez”, agregó.
Para la parte denunciante, los recursos planteados por los acusados tienen un claro objetivo dilatorio. “Son incidentes presentados para frenar el avance del juicio. Nosotros vemos que son maniobras para prolongar el proceso”, sostuvo Menacho, quien indicó que tanto él como el Ministerio Público ya respondieron a las solicitudes y pidieron su rechazo.
El tribunal deberá resolver todos los incidentes en la nueva audiencia, donde se definirá si los recursos prosperan o si se confirma que buscan retrasar el avance del caso, estancado desde hace más de cuatro años.
Los acusados enfrentan cargos por homicidio y asociación delictuosa, entre otros. La Fiscalía remarcó que el proceso busca garantizar justicia para las familias de las dos víctimas fatales que dejaron los enfrentamientos ocurridos durante la crisis política de 2019.
Un juicio por las muertes de 2019
El caso Cofadena investiga los hechos del 30 de octubre de 2019 en Montero, durante el conflicto poselectoral y el paro de los 21 días. Ese día, en un enfrentamiento entre grupos cívicos y militantes del MAS, murieron por proyectiles de arma de fuego Salvatierra (55 años) y Terrazas (48 años).
Salvatierra, un ciudadano sin militancia política, recibió dos disparos mientras intentaba despejar un punto de bloqueo y falleció cuando era trasladado a Santa Cruz. Terrazas, abogado, padre de dos hijos y miembro activo de la Unión Juvenil Cruceñista, también fue herido de bala en el mismo enfrentamiento y murió minutos después.
En la lista de acusados figuran: Johan Elías N. P., Iván C. V., David P., Alberto F. y Wilson R., además de Facundo Molares, ya fallecido.
La defensa de las víctimas insiste en que se reincorpore al proceso a la ex diputada del MAS Deysi Choque, sobreseída en la etapa investigativa. Menacho sostiene que existen indicios de su participación en la organización del grupo que llegó a enfrentar a los cívicos en Montero.
“Vamos a solicitar que se la vuelva a incluir, porque hay elementos que muestran su vinculación con quienes se movilizaron ese día”, detalló el abogado.
La instalación del juicio oral estaba prevista para este lunes 24 de noviembre, pero no llegó a avanzar debido a la presentación de los nuevos incidentes. Las familias de las víctimas denuncian que el proceso se ha extendido por años debido a retrasos, recusaciones y maniobras procesales de los acusados.
Con el rechazo fiscal a los incidentes y la reprogramación de la audiencia, el juicio entra en un tramo decisivo que podría definir la responsabilidad penal de los implicados, seis años después de uno de los episodios más violentos registrados en el distrito 2 de Montero.