Entre los pedidos está modificar el mecanismo para levantar gradualmente la subvención, que YPFB disponga sus instalaciones, la anulación del B-Sisa y un diálogo «inmediato» con el gobierno, entre otros
Fuente: eldeber.com.bo
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El Comité de Defensa del Productor (Codepro), que agrupa a pequeños y medianos productores agrícolas de Santa Cruz y Beni, difundió un pronunciamiento de nueve puntos, en el que demanda al Gobierno nacional la adopción de medidas urgentes frente a la crisis energética, los problemas derivados del régimen cambiario y las distorsiones en la cadena de abastecimiento de combustibles.
El sector señaló que es imprescindible la “inmediata implementación de políticas estructurales de seguridad energética mediante el establecimiento de un mecanismo de diálogo intersectorial y multisectorial”, con el fin de garantizar el abastecimiento de carburantes de forma universal, “priorizando al sector agropecuario”, expresó el documento emitido ayer en la ciudad de Montero.
Codepro advirtió que la situación actual está estrechamente vinculada a la presión sobre el mercado cambiario. Según el comunicado, “la problemática del subsidio de hidrocarburos importados está intrínsecamente ligada a la distorsión del mercado cambiario”, lo que provoca una mayor demanda de divisas en el mercado paralelo y genera “un shock cambiario inducido que afecta la estructura de costos de los combustibles”, mencionó.
Entre sus pedidos más contundentes, el sector exigió “la autorización inmediata y excepcional de la libre importación de hidrocarburos líquidos por parte de productores”, así como que YPFB habilite su infraestructura para el acopio y transporte del combustible importado debido a su carácter de utilidad pública.
Asimismo, planteó derogar la normativa vigente y aprobar nuevas leyes o decretos que permitan la participación privada “en toda la cadena de valor de los hidrocarburos: desde la importación de petróleo crudo hasta su refinación e industrialización”, mencionó el pronunciamiento.
El sector agrícola también propuso modificar el mecanismo para levantar gradualmente la subvención, señalando que este proceso debería basarse en “la variable costo de importación y no en el precio de venta”, con el fin de evitar impactos negativos en la competitividad frente a países vecinos.
Otro de los reclamos fue la “anulación inmediata del uso de tarjetas B-Sisa” en la compra de combustibles para actividades agrícolas, debido a que —según Codepro— este sistema facilita la reventa ilegal y la creación de un mercado negro que perjudica al productor legítimo. A esto se suma su pedido de eliminar la normativa que clasifica el diésel y otros carburantes como sustancias controladas y limita su transporte.
El comité también instó al fortalecimiento de los proyectos de biodiésel como una estrategia de sustitución de importaciones, solicitó que los acopios y silos liquiden las compras de soya y granos en dólares —ya que esos productos se negocian internacionalmente en esa moneda— y pidió intensificar la lucha contra el contrabando de granos, especialmente arroz.
Finalmente, la entidad reiteró la necesidad de “un diálogo inmediato con el gobierno a objeto de tratar estos temas de relevancia para nuestro sector”, mencionó el pronunciamiento.