La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) remitió una solicitud a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), regional Potosí, para que haga conocer la existencia y/o conclusión de trámites de petición de nuevas áreas mineras de cooperativas que trabajan en el Cerro Rico, para migrar en cumplimiento de la Sentencia Constitucional No. 1062/2022.
Fuente: Prensa (COMIBOL)
La Gerencia Regional en Potosí, solicitó a la directora departamental de la AJAM, Mireya Torrez Bedoya, que “vía cooperación” interinstitucional haga conocer en qué situación y cuántos “nuevos contratos administrativos mineros” están en trámite o, sencillamente, fueron concluidos para que los operadores mineros puedan acceder a nuevos yacimientos en municipios y/o provincias del departamento.
Los contratos administrativos en curso y/o concluidos sobre los cuales pidió información la estatal minera corresponden a las cooperativas: 10 de Noviembre R.L.; 21 de Diciembre R.L.; 27 de Marzo R.L.; 9 de Abril R.L.; Central Mixta de Minas Libres R.L.; Ckascchas Libres y Palliris R.L.; COMPOTOSI R.L.; Encarnación R.L.; Esperanza R.L.; La Salvadora R.L.; Rosario R.L.; San Cristóbal R.L.; San Juan R.L.; Unificada Potosí R.L.; y Veneros Villa Imperial R.L.
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La petición oficial fue remitida en cumplimiento a la Resolución Ministerial No. 105/2022 del 7 de abril de 2022 del Ministerio de Minería y Metalurgia, que dispone la “migración sistemática y progresiva de las secciones y/o bocaminas que existen sobre la cota 4.400 del Cerro Rico”, puntualizó al gerente regional de la COMIBOL en Potosí, Iván Fuertes.
Como es de conocimiento de las autoridades nacionales, regionales y cívicas del departamento de Potosí, desde la gestión 2022, la COMIBOL, procedió a organizar la migración de operaciones mineras que existen sobre la cota 4.400 de manera gradual, progresiva, concertada, pero fundamentalmente, irreversible.
Como resultado de este proceso, en curso, la COMIBOL cerró hasta el momento 38 bocaminas de un total de 56 y, hasta diciembre espera inhabilitar un total de 41 minas, sobre la cota 4.400, en respuesta al mandato constitucional destinado a preservar la gradiente geológica del macizo rocoso.
El cierre de minas que viene ejecutándose, a través de un plan progresivo y concertado, no suspendió acciones desde la gestión 2022 y, para alcanzar los objetivos planteados, en el marco de la Sentencia Constitucional 1062/2022 que ordena, entre otras cosas, la preservación geológica del Cerro Rico y la migración de las actividades mineras, implicó además la “otorgación de nuevas áreas a fin de garantizar el desalojo de las operaciones mineras”.
“No obstante de la suscripción de actos jurídicos administrativos sobre nuevas áreas mineras (rubricadas por la COMIBOL) a las que fueron migradas varias cooperativas (entres las gestiones 2022-2024) los operadores mineros reclaman, constantemente, la existencia de obstáculos técnicos-administrativos, por un lado, y, por el otro, la existencia de resistencia social para ingresar a las comunidades”, refiere la estatal minera en la solicitud entregada a la AJAM.
De forma recurrente, las cooperativas denuncian a la COMIBOL que las áreas entregadas en municipios y provincias del departamento “no se encuentran prospectadas, ni exploradas, reclaman por la distancia donde se ubican, lejos de la capital y; además, de las dificultades sociales que deben afrontar, sumado a los costos de inversión económica que requieren para explotar minerales”, describe, la entidad minera, los escollos que exponen los operadores mineros.