El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, anunció este miércoles una serie de medidas disciplinarias y posibles procesos penales en contra de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo mandato concluyó pero que permanecieron en funciones por decisión propia.
Fuente: Prensa CM
Baptista calificó de “crítico” el escenario institucional heredado tras la reorganización reciente en el TCP y recordó que durante meses las resoluciones de los magistrados autoprorrogados afectaron directamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Hemos sufrido resoluciones dejando sin efecto sanciones disciplinarias, convocatorias e incluso paralizando la labor administrativa del órgano judicial, sin respeto al debido proceso ni al marco constitucional”, afirmó.
El Presidente del Consejo señaló que estas actuaciones respondieron a “intereses particulares” y no al mandato ciudadano de contar con un sistema judicial eficiente y sin acefalías. Actualmente, la institución enfrenta cinco acefalías en el Tribunal Constitucional y dos en el Tribunal Supremo, un vacío que según Baptista es consecuencia directa de decisiones adoptadas por una sala constitucional que deberá responder por sus actos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Se actuó de manera selectiva”
Baptista denunció además que el TCP resolvía causas de manera selectiva y no cronológica, vulnerando los principios básicos de administración de justicia. Con la posesión de nuevas autoridades electas, aseguró que se abrirá paso a revisiones “igualitarias y transparentes” de todas las resoluciones cuestionadas.
“Antes se nos había prohibido iniciar acciones disciplinarias o denuncias ante el Ministerio Público hasta que el Tribunal Constitucional resolviera el fondo de las acciones. Ahora, con una nueva estructura imparcial, se revisarán estos casos y el Consejo actuará de manera contundente”, advirtió.
Acciones disciplinarias y penales
El Consejo se apersonará al Ministerio Público en los casos en que se identifiquen delitos y activará procesos disciplinarios contra jueces y vocales constitucionales que hayan actuado sin competencia o contrariando la ley. Baptista recordó el caso del llamado consorcio judicial en La Paz, donde el Consejo destituyó a un juez que asumió atribuciones constitucionales sin competencia y que actualmente afronta un proceso penal.
“Si un juez se deja influenciar por una autoridad externa, comete un delito. Nuestra labor será identificar cada caso y actuar sin mirar a quién”, aseguró.
Consultas pendientes y revisión de exconsejeros
Baptista también anticipó que el Consejo remitirá al renovado TCP consultas pendientes sobre la situación de los exconsejeros de la Magistratura, tema que —según dijo— no pudo ser abordado mientras los magistrados autoprorrogados permanecían en funciones.
“Ahora sí tenemos un tribunal imparcial. En función de su respuesta, iniciaremos las acciones legales que correspondan”, enfatizó.
El Presidente del Consejo reafirmó que el camino jurídico para el procesamiento de los magistrados autoprorrogados comenzará a definirse en coordinación con el Tribunal Supremo y el Ministerio Público. “La renuncia no los exime de responsabilidad. Bolivia espera transparencia y justicia, y vamos a cumplir con ese mandato”, concluyó.