El planeta atraviesa un alarmante deterioro climático. Según la OMS, el año pasado fue el más caluroso jamás registrado, y sus efectos ya se hacen sentir con fuerza.
Por Miriam Telma Jemio
Fuente: ANF
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe reunidas en Belém do Pará, Brasil, demandan que la región avance hacia una justicia climática, priorizando el financiamiento público para la adaptación, la participación comunitaria y la acción efectiva frente a la crisis climática.
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El tema prioritario para las organizaciones latinoamericanas es el financiamiento para la adaptación. “Hoy más que nunca tenemos no solo que duplicar, sino triplicar el financiamiento, e incluso multiplicarlo por diez si queremos ser justos. Esta COP debe salir con un paquete de financiamiento accesible, predecible y equitativo, demandó Sandra Guzmán, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC).
En la misma línea, Alejandro Alemán, coordinador general de CANLA enfatizó: “No es posible hablar de ambición climática sin financiamiento hacia los países en desarrollo. El artículo 9.1 (del Acuerdo de París) es clave para cumplir los compromisos de apoyo financiero”.
El planeta atraviesa un alarmante deterioro climático. Según la OMS, el año pasado fue el más caluroso jamás registrado, y sus efectos ya se hacen sentir con fuerza: el deshielo se acelera, los fenómenos meteorológicos extremos se multiplican y el mundo enfrenta huracanes, inundaciones, incendios y olas de calor cada vez más intensas.
En ese contexto se llega a la cumbre global del clima, la COP30, que durante dos semanas se desarrolla en la ciudad brasileña Belém do Pará. Es la primera cumbre climática en la Amazonía, una región clave para el equilibrio del planeta. El encuentro marca un hito simbólico: tres décadas después de la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), la conferencia regresa a Brasil, país donde nacieron los tres acuerdos de Río —biodiversidad, desertificación y cambio climático— y se cumplen diez años del Acuerdo de París.
La sociedad civil agrupada en la Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) subraya la urgencia de pasar de las promesas a la implementación efectiva de las políticas climáticas, garantizando respuestas justas para las comunidades más afectadas. En conferencia de prensa, realizada el 11 de noviembre, advirtieron sobre el rezago en la presentación e implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), y el desafío que implica ponerlas en marcha.
En diferentes eventos realizados este martes en Belém, la sociedad civil latinoamericana mandó un mensaje claro: sin financiamiento, participación ni justicia climática, no habrá transición justa ni futuro sostenible para la región.
De los compromisos a la acción
En el marco de la Convención de Cambio Climático de la ONU existen avances institucionales como las actualizaciones de las Contribuciones NDC, los Informes Bienales de Transparencia (BTR) y los reportes de adaptación.
Alejandro Alemán advierte que “hoy las emisiones de gases de efecto invernadero están en niveles nunca antes vistos, la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo, está en niveles récord a nivel global, lo cual pone en cuestión la efectividad de este proceso, y esta COP tiene la oportunidad de cambiar esa dirección”.
Esta edición coincide además con las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reafirman que la acción climática “no es voluntaria, sino una obligación de los Estados para proteger, particularmente, a las poblaciones altamente vulnerables”.
Según el informe de síntesis de las NDC, 112 países actualizaron sus compromisos. No obstante, para Verónica Mendoza, de AIDA, “este aumento no es suficiente. Necesitamos NDC más ambiciosas”. Agrega que estas deben alinearse con la meta de 1.5 °C, incluir medidas efectivas de reducción de emisiones y centrarse en la justicia climática: “Las NDC deben poner a las personas y al medio ambiente en el centro”.
Un mecanismo para la implementación
Las ONG latinoamericanas impulsan la creación de una nueva herramienta dentro del Acuerdo de París: el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), para garantizar una transición justa a nivel global.
Según Javier Dávalos, de CANLA, la región necesita un mecanismo específico para implementar las NDC, ya que “la transición justa tiene diferencias entre el norte y el sur. Tenemos la obligación de cumplir lo que estableció el balance global en la COP28: una salida ordenada, justa y equitativa de los combustibles fósiles, y la entrada en sistemas de energía limpia y eficiente”.
Dávalos también alertó sobre los riesgos que la transición energética puede generar en América Latina si no se coordina a nivel global. “La enorme demanda de minerales críticos como cobalto, litio y oro en países como Ecuador, Chile, Perú, México y Bolivia está produciendo nuevos impactos en los ecosistemas y en las comunidades, tal como sucedió antes con el petróleo”, advirtió.
Adaptación y financiamiento: la deuda pendiente
Para Daniel Porcel, del Instituto Talanoa, más allá de las cifras de los costos de los eventos extremos, es fundamental recordar que se trata de “vidas, familias, comunidades enteras, pueblos indígenas, afrodescendientes, niños, abuelos y ecosistemas completos”.
“Salir de esta COP sin aprobar la lista de indicadores con medios de implementación de calidad sería un fracaso colectivo. Es hora de implementar la adaptación”, subrayó.
Han pasado diez años desde el Acuerdo de París y aún no existe un objetivo global de adaptación. Según el PNUMA, la brecha de financiamiento supera los 300.000 millones de dólares anuales. Aunque los países en desarrollo ya cuentan con planes nacionales, carecen de los recursos para implementarlos.
Porcel añadió que “desde nuestra región vemos un creciente apoyo al llamado para triplicar el financiamiento para adaptación hasta 2030. Eso no cerraría la brecha, pero daría señales claras de que el financiamiento seguirá creciendo y no disminuyendo”.
Las organizaciones insisten en que el debate sobre financiamiento climático debe centrarse en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, que establece la obligación de los países desarrollados de aportar recursos públicos para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático.
Nicole Makowski, de GFLAC, recordó que las controversias sobre este artículo se relacionan con la falta de un objetivo de financiamiento acordado en la COP29 en Azerbaiyán y con la ausencia de la hoja de ruta “de Bakú a Belém” hacia los 1,3 billones de dólares: “Si no tenemos una definición clara sobre la provisión, todo el trabajo realizado será una pérdida de tiempo”.
Participación y justicia climática
La sociedad civil también cuestiona la falta de transparencia y participación en las negociaciones. Carola Mejía, de Latindadd, lamentó que tras 30 años de negociaciones, las decisiones se sigan tomando a puerta cerrada por los gobiernos, con amplia presencia de la industria de combustibles fósiles y corporaciones que mueven las cosas a su favor.
Critican que pocas voces representen a quienes están en la primera línea de la emergencia climática: pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables. “Si esta COP no garantiza la participación de comunidades, mujeres y otros grupos vulnerables, volverá a ser una cumbre más que decide por ellos sin ellos. Los pueblos amazónicos no son invitados, son protagonistas de la solución”, enfatizó Mejía.
El martes, un grupo de indígenas logró ingresar a la sede de la cumbre en Belém, pero fue repelido por la seguridad del evento, lo que provocó indignación entre observadores de ONG. Estos insistieron en que los pueblos originarios deben participar en las mesas de negociación, ya que “son quienes resisten la crisis climática en sus territorios y poseen las soluciones en sus manos”.
Fuente: ANF