Pablo Camacho
El Presidente Rodrigo Paz recibe a Bolivia atravesando una de las coyunturas más complejas de la historia. A una pronunciada desaceleración económica, una inflación persistente y una crítica escasez de combustibles, se suma una profunda crisis moral y el resurgimiento del narcotráfico a gran escala, factores que en conjunto amenazan la estabilidad institucional y el tejido social del país.
La economía boliviana muestra signos de agotamiento. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta de -0.5% para 2025, el nivel más bajo en cuatro décadas. Esta desaceleración es el resultado de la caída en la producción de hidrocarburos, la debilidad del sector servicios y los efectos de fenómenos climáticos adversos como El Niño, que han paralizado motores clave de la economía.
Este escenario se ve agravado por una inflación acumulada que supera el 18%, con los alimentos en el orden del 25%. El persistente aumento de los precios ha deteriorado severamente el poder adquisitivo de los hogares, un golpe especialmente duro para las familias de zonas periurbanas y rurales.
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La crisis energética, gestada en la presidencia de Luis Arce, se agudizó hasta niveles críticos. En regiones como Santa Cruz, la demanda diaria de diésel es de aproximadamente 3,3 millones de litros, pero durante el punto más álgido de la crisis solo se recibían 700.000, afectando gravemente al transporte, la agricultura y la industria. Si bien el nuevo gobierno ha logrado una mayor provisión de combustible en su primera semana, el fantasma de la escasez aún planea sobre el país.
En el ámbito financiero, las reservas internacionales netas se encuentran en niveles críticos, lo que limita la capacidad del Banco Central de Bolivia para defender el tipo de cambio y enfrentar shocks externos. Aunque se discute una transición hacia un régimen cambiario más flexible, con bandas de flotación y metas de inflación, la falta de confianza institucional complica sobremanera su implementación.
El nuevo gobierno hereda un país con una expansión sin precedentes del narcotráfico y la violencia asociada a él. Bolivia, en su doble condición de país productor de hoja de coca y ruta de tránsito de drogas, enfrenta crecientes presiones internacionales debido a la debilidad en el control territorial. Esta situación ha creado una tormenta perfecta donde la crisis económica y el crimen organizado se retroalimentan.
- Enclaves ilegales: Zonas cocaleras como el Chapare se han convertido en territorios donde la presencia del Estado es limitada o nula.
- Criminalidad transnacional: Organizaciones criminales transnacionales han intensificado sus operaciones, aprovechando la debilidad institucional y la desesperación económica para reclutar mano de obra.
- Penetración y corrupción: El narcotráfico ha logrado penetrar estructuras locales y nacionales, corrompiendo autoridades y generando una ola de violencia en zonas rurales.
- Impunidad urbana: Ciudades como Santa Cruz se han convertido en refugio donde capos de la mafia viven con tranquilidad e impunidad.
Este fenómeno no solo afecta a la seguridad ciudadana, sino que también distorsiona los mercados legales, fomenta el lavado de dinero y debilita aún más la confianza para la inversión privada.
Los desafíos que enfrenta Bolivia son estructurales y requieren de reformas profundas para salir de la encrucijada. Fortalecer la seguridad jurídica, garantizar la independencia de las instituciones y aumentar la productividad laboral son claves para reactivar la economía. Además, la transición demográfica reducirá el crecimiento de la fuerza laboral en el futuro, haciendo indispensable potenciar el valor de cada trabajador activo.
Por otro lado, combatir el narcotráfico exige una estrategia integral que combine el fortalecimiento del Estado de derecho, cooperación internacional robusta y una política de tolerancia cero, especialmente considerando que estas redes criminales han penetrado prácticamente todas las estructuras del Estado.
Podíamos concluir que el nuevo gobierno recibe a Bolivia al borde de una espiral de deterioro institucional y social, donde la crisis económica y el narcotráfico se alimentan mutuamente. Sin un consenso nacional para impulsar reformas estructurales y la voluntad política para aplicarlas, el riesgo es inminente. Esta tarea, si bien debe ser liderada por el gobierno, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad boliviana para poder lograr un futuro estable y próspero.