Ramiro Sánchez Morales
Introducción: ¿Qué son las Recomendaciones del GIEI y su Relevancia para Bolivia?
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia fue establecido mediante un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el mandato de coadyuvar en la investigación de los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, en el contexto de la crisis postelectoral.
El GIEI, compuesto por expertos internacionales, llevó a cabo una investigación técnica y exhaustiva, culminando en su Informe Final (2021) . Este documento no solo confirma la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias, tortura y violencia sexual, con responsabilidad estatal comprobada (CIDH, 2021), sino que también formuló un conjunto de 36 recomendaciones dirigidas al Estado boliviano.
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Estas recomendaciones tienen un propósito cuádruple:
Garantizar la Justicia: A través de investigaciones imparciales, diligentes y sanción a los responsables.
Reparación Integral: Restituir la dignidad de las víctimas mediante medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición.
Reformas Estructurales: Implementar cambios legales e institucionales para evitar futuros abusos de poder y fortalecer el sistema de justicia.
Memoria y Reconocimiento: Fomentar el reconocimiento público de los hechos y la memoria histórica.
El cumplimiento de estas directrices internacionales es esencial para sanar las profundas heridas sociales, restaurar la confianza en las instituciones y consolidar el Estado de Derecho y la democracia en Bolivia.
Importancia y Objeto de las Recomendaciones del GIEI
Las recomendaciones emanadas del GIEI tienen como propósito fundamental reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis poselectoral de 2019, que dejaron decenas de muertos, cientos de heridos, casos de tortura, violencia sexual y persecuciones políticas con responsabilidad estatal comprobada (CIDH, 2021). Su objeto específico comprende:
Garantizar justicia efectiva con investigaciones imparciales y diligentes.
Implementar reparaciones integrales que restituyan la dignidad de las víctimas.
Promover reformas legales para evitar la impunidad futura.
Fomentar el reconocimiento público y la memoria histórica como elemento de reconciliación social.
Este conjunto de recomendaciones no solo responde a un mandato ético y jurídico internacional para Bolivia, sino que también tiene implicancias clave para el fortalecimiento democrático, la gobernabilidad y la prevención de futuras crisis de violencia y polarización social. La justicia transicional que estas recomendaciones promueven es esencial para restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y avanzar hacia una sociedad más equitativa y segura (Caballero, 2023; Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, 2024).
Por qué el Estado boliviano debe cumplirlas hoy
El cumplimiento de estas recomendaciones es imperativo para Bolivia por razones que trascienden lo meramente legal y normativo, implicando principios fundamentales de equidad, democracia y gobernabilidad:
Obligación Internacional: Bolivia está sujeta a tratados internacionales de derechos humanos y mecanismos interamericanos que exigen investigaciones, sanciones y reparaciones efectivas en casos de violaciones graves. El incumplimiento podría acarrear responsabilidades internacionales y desprestigio ante la comunidad democrática global.
Sanación Social: La reparación integral y la justicia son pilares para sanar las heridas sociales y garantizar la no repetición, contribuyendo a disminuir la polarización y el conflicto. Es un acto de reconocimiento pleno para las víctimas, que refuerza la dignidad humana y hace más sólida la cohesión social (Defensoría del Pueblo, 2025).
Fortalecimiento Institucional: El fortalecimiento del sistema judicial, mediante la creación de grupos especializados, control judicial riguroso y procesos imparciales, constituye un paso indispensable para afianzar la independencia judicial y evitar nuevos abusos de poder que minen la confianza en el Estado.
Prevención de Crisis: La prevención de nuevos episodios de crisis pasa por garantizar un Estado responsable, comprometido con sus obligaciones y respetuoso de los derechos ciudadanos, evitando las prácticas autoritarias que han dañado el desenvolvimiento institucional histórico (CIDH, 2023).
Contexto Histórico: Incumplimientos desde 2005 y Autoritarismo
Es fundamental tener presente que estos mandatos internacionales de justicia y reparación han sido incumplidos recurrentemente desde 2005, coincidiendo con el ascenso al poder de Evo Morales y luego de Luis Arce. Durante estos gobiernos, el Estado boliviano mostró un patrón autoritario que socavó tanto la independencia judicial como el respeto por los derechos humanos, menoscabando el sistema democrático (Sánchez Morales, 2025).
Concentración de Poder: Las reformas constitucionales y decisiones judiciales tomadas por la administración de Morales, como la manipulación del Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar la reelección indefinida, evidencian una concentración de poder que afectó la institucionalidad judicial y debilitó los mecanismos de control y equilibrio.
Represión y Negligencia: En el ámbito de los derechos humanos, se documentaron prácticas sistemáticas de represión, control político y negligencia en la investigación y reparación de casos de violaciones, incumpliendo compromisos internacionales y rechazando supervisiones externas efectivas.
Continuidad de Prácticas: La continuidad de estas prácticas bajo el gobierno de Luis Arce mantiene el descrédito y las barreras para una justicia plena, situación que contradice la obligación constitucional y los estándares internacionales que Bolivia ha suscrito.
Por estas razones, mantener vigente el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones del GIEI resulta indispensable para revertir décadas de autoritarismo encubierto bajo discursos democráticos y reflexionar críticamente sobre los costos institucionales y sociales de esta política autoritaria (Orías, 2023; Sánchez Morales, 2025).
La Situación Actual y el Rol del Procurador General del Estado
A pesar de la creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (MESEG) en 2022 y algunos avances formales, la información pública y los análisis independientes registran incumplimientos evidentes, en especial en la aprobación de leyes de reparación, la conformación de grupos fiscales especializados y el control judicial permanente (MESEG, 2023).
En este escenario, el Procurador General del Estado, Ricardo Condori, ha jugado un papel fundamental al anunciar públicamente sobre los riesgos de incumplimiento y la posible responsabilidad internacional del Estado boliviano. El Procurador, como abogado del Estado, ha señalado que:
“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que han sido revisadas por estos organismos internacionales… Entonces, estamos en un delantal de incumplir dichas situaciones y al incumplir dichas situaciones, el Estado va a ser responsable por el no cumplimiento” (Condori, 2025).
Esta advertencia subraya que la responsabilidad del incumplimiento no recae solo en el Órgano Ejecutivo, sino en todo el aparato estatal, incluyendo el Órgano Judicial y el Ministerio Público. La Procuraduría, por lo tanto, tiene la tarea de monitorear, impulsar y, en su caso, exigir a los diferentes órganos del Estado que aceleren y prioricen el cumplimiento de las recomendaciones, emitiendo dictámenes procuratoriales para garantizar la debida diligencia.
Con el inicio del nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz en 2025, existe una oportunidad estratégica para que Bolivia retome el camino del cumplimiento real y efectivo. La sociedad, las víctimas y la comunidad internacional exigen compromiso firme para reparar, investigar, sancionar y reformar, cerrando las heridas históricas y fortaleciendo la democracia (Defensoría del Pueblo, 2025).
Conclusión
El cumplimiento de las recomendaciones del GIEI no es solo una cuestión de derecho internacional o política pública: es un imperativo para la consolidación de una democracia auténtica en Bolivia, severamente afectado por la concentración autoritaria del poder desde 2005. Este cumplimiento significa honrar a las víctimas, fortalecer la justicia y evitar que las prácticas autoritarias que han marcado la historia reciente se repitan. Es un compromiso ineludible para garantizar un futuro en el que los derechos humanos y la institucionalidad sean piedras angulares del Estado.
Referencias.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2021). Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2023). Primer Informe Anual de la MESEG – Bolivia.
Condori, R. (2025). Declaraciones sobre riesgos en cumplimiento de recomendaciones del GIEI. Procurador General del Estado.
Defensoría del Pueblo de Bolivia. (2025). Informe Defensorial “Crisis de Estado – Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-diciembre 2019”.
José Luis Caballero, Relator CIDH para Bolivia. (2023). Declaraciones sobre avances en investigaciones de la crisis de 2019.
Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (MESEG). (2023). Plan de Trabajo y seguimiento.
Orías, R. (2023). Informe de seguimiento a las recomendaciones del GIEI Bolivia.
Plataforma de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos. (2024). Informe de monitoreo sobre cumplimiento de recomendaciones GIEI.
Sánchez Morales, R. (2025). Análisis del autoritarismo y justicia en Bolivia desde 2005.