La Defensoría del Pueblo advirtió que el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) es, en general, parcial, y alertó sobre retrocesos graves en materia de justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis política y social de 2019.
Fuente: ANF
En su más reciente evaluación, “Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI-Bolivia”, la institución subrayó que las medidas implementadas por el Estado siguen siendo insuficientes, fragmentadas y sin una estrategia integral.
El informe defensorial identifica serias deficiencias en las políticas de reparación, que deberían garantizar atención médica, apoyo psicológico, acceso a vivienda, educación y empleo para las víctimas. La Defensoría sostiene que los decretos emitidos por el Gobierno en los últimos años —como los Decretos Supremos 4100, 4176, 4729 y 4639— constituyen ayudas humanitarias, pero no sustituyen una verdadera política de reparación integral, como establece el mandato del GIEI.
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Entre las observaciones más críticas figura la ausencia de una estrategia nacional coordinada para la ejecución de la Política Plurinacional de Reparación Integral. Según el informe, las acciones del Estado se mantienen dispersas entre distintas entidades, sin mecanismos de seguimiento ni participación efectiva de las víctimas. Además, los programas de vivienda y reinserción laboral carecen de un enfoque diferenciado, lo que impide atender las particularidades de quienes sufrieron violaciones graves a los derechos humanos.
La Defensoría también alertó sobre irregularidades en el Registro de Víctimas por Violencia Política, cuya base de datos mostró incongruencias entre los reportes de 2024 (727 víctimas) y 2025 (666 víctimas). A ello se suma la disposición que exige la autorización de las víctimas directas para registrar a las víctimas indirectas, un requisito que, según la Defensoría del Pueblo, limita el acceso a la reparación y vulnera el principio de inclusión.
En el ámbito judicial, el informe presenta un diagnóstico preocupante: el riesgo de impunidad estructural. De los 88 procesos penales abiertos por los hechos de 2019, 36 corresponden a delitos contra la vida y la integridad. Sin embargo, 17 fueron rechazados y otros sufrieron nulidad de obrados, entre ellos los casos emblemáticos de Senkata y Sacaba, lo que representa un retroceso grave en la búsqueda de justicia y verdad.
La Defensoría atribuye estas fallas a omisiones institucionales del Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Procuraduría General del Estado, el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) y el Ministerio de Gobierno. Según el informe, estas entidades incurrieron en dilaciones, inacciones y deficiencias procesales que afectaron el derecho de las víctimas al debido proceso. En particular, la Defensoría del Pueblo criticó que las investigaciones continuaran en la vía ordinaria, pese a corresponder un juicio de responsabilidades conforme a la Ley N° 044.
El control judicial sobre las investigaciones también fue cuestionado. El Tribunal Supremo de Justicia, sostiene la Defensoría del Pueblo, eludió su obligación de ejercer control jurisdiccional efectivo, al afirmar que dicha función recae exclusivamente en el Ministerio Público. Esta interpretación, considerada restrictiva por la Defensoría, habría permitido la tramitación indebida de los procesos y contribuido a la impunidad.
En sus conclusiones, la institución advirtió que, a cinco años de los hechos luctuosos de 2019, el Estado boliviano no ha cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo que podría derivar en una responsabilidad internacional ante instancias de derechos humanos.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones urgentes a distintas instancias del Estado. Al Órgano Ejecutivo le pidió aprobar de manera prioritaria la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos -actualmente fue promulgado-, además de adoptar una estrategia nacional articulada y ejecutar medidas simbólicas de reconocimiento, como la construcción de las Casas de la Memoria y la emisión de disculpas públicas.
Al Ministerio Público y al Órgano Judicial se les instó a presentar la proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa para iniciar el juicio de responsabilidades por Senkata y Sacaba, a sancionar a los fiscales y jueces que incumplieron sus deberes funcionales, y a revisar los casos cerrados con resoluciones de rechazo o sobreseimiento. Para la Defensoría del Pueblo, solo el cumplimiento pleno de las recomendaciones del GIEI permitirá cerrar el ciclo de impunidad y devolver dignidad y justicia a las víctimas de 2019.
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