Durante más de una década, bajo el gobierno del Movimiento al Socialismo, nos acostumbramos a un discurso hypnotizante. Se hablaba de la Pachamama con una reverencia que resonaba en foros internacionales. Mientras los líderes enarbolaban la bandera de la “Madre Tierra”, en los hechos, se promovía una expansión agrícola y ganadera feroz que devoró millones de hectáreas de bosques. Los incendios, muchas veces denominados “controlados” como parte de chaqueos desmedidos, convirtieron nuestro verdor en ceniza, el año 2024 ardieron más de 14 millones de hectáreas. En el occidente, la minería cooperativista, blindada por un poder político del que era aliada estratégica, envenenó ríos con mercurio y cianuro, dejando cicatrices líquidas e irreversibles. La contradicción era obscena: un culto discursivo a la tierra, y una práctica de saqueo y quemazón.
Llegamos a creer que el cambio de gobierno podía ser una oportunidad para sanar esa herida. La promesa de un “gobierno verde” de Rodrigo Paz sonaba a un necesario correctivo. Pero la realidad muestra señales nada alentadoras.
La primera acción no fue de fortalecimiento o cambio. El Ministerio de Medio Ambiente no fue simplemente anulado; fue estratégicamente degradado a un Viceministerio. Este no es un mero cambio burocrático. Es un mensaje claro: el medio ambiente ya no es una prioridad de Estado, sino un trámite. Para rematar la jugada, este viceministerio mutilado fue puesto bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La jugada salta a la vista. ¿Qué puede esperarse de una cartera de Medio Ambiente que responde a un ministerio cuyo objetivo único es aumentar la producción, la extracción y las exportaciones? Es como poner al zorro a cargo del gallinero. Y el zorro, en este caso, tiene nombre y apellido: un ministro ligado directamente al agronegocio y a la explotación maderera. Su primer movimiento fue de una lógica perversa: nombrar viceministro de Medio Ambiente al ex gerente de la Cámara Forestal. Es el colmo del conflicto de interés, la burla institucionalizada.
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Frente a esto, la carta del movimiento “Todos Somos Jaguar” al presidente Paz pidiendo la destitución del Ministro Justiniano es un grito de cordura en un mar de complicidad. Señala el conflicto de interés que es tan evidente que duele: no se puede ser juez y parte. Pero la pregunta que nos estalla en la cara es más profunda: ¿Cómo podemos esperar que un gobierno cumpla promesas de campaña?
Ante la presión y por supuesto que no existe la posibilidad del cambio de ministro, ahora para tratar de remediar el error y el Ministro de la Presidencia anuncia que en viceministerio de Medio Ambiente, ira a depender del Ministerio de Planificación, donde se encuentra al frente un excelente profesional, pero también ligado al agro, no olvidemos que Fernando Romero hasta hace muy poco, fue presidente de ANAPO – Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, es decir la falta de visión para reordenar la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), hace que se vuelva a lo mismo ser juez y parte.
Este virus de la doble moral no se limita al Ejecutivo. Ha infectado el corazón del Legislativo. Uno de los mayores latifundistas del país, un hombre cuyo negocio depende de la explotación extensiva de la tierra, hoy preside la Comisión de Tierra y Territorio en el Senado. Este señor llegó al parlamento de la mano de Jorge “Tuto” Quiroga, en una campaña que, nos quieren hacer creer, abogaba por el “respeto a la naturaleza”.
El patrón es claro e innegable. Hoy, los grandes consorcios del agro, la minería y la madera no necesitan dar golpes de estado. Han perfeccionado un método más eficiente y menos sangriento: financiar campañas presidenciales. Apuestan a diferentes caballos en la carrera, asegurándose de que, quien gane, les esté en deuda. Hacen políticas públicas. Redactan leyes. Y, como hemos visto, colocan a sus propios ejecutivos en los puestos claves que deben regularlos. Es la captura total del Estado por los intereses del extractivismo más voraz.
La ecuación es brutalmente simple: nosotros ponemos los votos, ellos ponen los millones de dólares. Y en la balanza del poder real, el peso de los dólares siempre aplastará el de los votos. La democracia se vacía cuando el poder económico secuestra las instituciones que deberían representar el interés común.
Si en el pasado salimos a las calles en los nueve departamentos para luchar contra un régimen que oprimía, hoy la lucha es por algo más fundamental: la vida misma. La defensa de nuestros bosques, ríos, lagos y fauna no es solo un tema “ambiental”. Es la defensa de nuestro derecho a un futuro.
La destrucción de la naturaleza no puede ser considerado un “daño colateral” aceptable en el objetivo del crecimiento de negocios de unos pocos. No piensan en Bolivia. Piensan en su balance contable. Para ellos, un árbol es solo madera por convertir en dólares, y un río, una cloaca de desechos mineros.
Por ello, la reflexión debe dar paso a la acción. La organización ciudadana, la presión constante, la denuncia incansable y, si es necesario, la movilización masiva y pacífica en defensa de nuestro patrimonio natural, son la única respuesta posible. No se negocia con la vida. No hay “desarrollo” que valga cuando se quema el futuro.
Esta no es una lucha de izquierdas o derechas. Es una lucha de sentido común contra la codicia, de vida contra lucro. Es hora de que, una vez más, las calles de Bolivia se llenen de gente que defienda lo que es de todos, porque los que tienen el poder hoy, solo defienden lo que es suyo. La verdadera revolución ahora es ecológica, o no será nada.
Mauricio Taboada Ortega
Diputado Nacional