La dictadura chavista emitió un comunicado luego de que Donald Trump advirtiera a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” que el espacio aéreo del país caribeño debe considerarse “cerrado en su totalidad”.
Fuente: Infobae
El régimen de Venezuela rechazó este sábado la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Las autoridades venezolanas calificaron el mensaje como una “amenaza colonialista” y lo denunciaron como “un acto hostil y arbitrario”, en medio de una escalada de tensiones entre Washington y la dictadura de Nicolás Maduro.
Trump emitió su advertencia este sábado, a través de la red social Truth, dirigiéndose a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” para que consideraran que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecería “cerrado en su totalidad”.
En respuesta, el régimen chavista difundió un comunicado oficial en el que condenó la declaración de Trump, señalando que “este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario”. El texto, publicado por el canciller Yvan Gil, subrayó que Venezuela “exige respeto a su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero”. Además, la cancillería denunció que la advertencia estadounidense representa una “nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.
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Tras el anuncio de Trump, rápidamente la dictadura cubana salió en defensa del régimen chavista. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reportó una “persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela”, atribuida al despliegue militar estadounidense en la región. Rodríguez advirtió que estas acciones forman parte de una escalada de agresión militar y guerra psicológica.
La advertencia de Trump coincidió con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos estadounidenses en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir organizaciones de narcotráfico en la región.
Durante el fin de semana previo, Trump mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, en la que reiteró que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si el dictador venezolano no abandona Caracas en el corto plazo. En esa comunicación también participaron altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado Marco Rubio, lo que evidenció el cierre de cualquier vía de negociación y la exigencia de la salida inmediata de Maduro y su círculo más cercano, incluidos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
En paralelo a la advertencia sobre el espacio aéreo, la administración estadounidense anunció la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida, que implica la inclusión del grupo liderado por Maduro en la lista gestionada por el Departamento de Estado, otorga a Washington nuevas facultades legales para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad vinculada al cartel. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y reiteró que Washington considera a Maduro como líder de la estructura criminal. Por su parte, el régimen venezolano rechazó estas acusaciones y sostuvo que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.

La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista refuerza el marco legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas, incluidas operaciones militares selectivas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales” para la administración estadounidense.