El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instó a los militares y policías procesados por los hechos de 2019 a solicitar la revisión de sus casos, con el fin de determinar si pueden acceder a la absolución.
Fuente: Brújula Digital
El presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana, Édgar Cortez, informó que alrededor de 40 funcionarios policiales a nivel nacional fueron procesados por su participación en los hechos registrados durante la crisis de 2019, y que el 80% de ellos recibió baja definitiva tras las resoluciones emitidas en los distintos tribunales disciplinarios.
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“Estas determinaciones se asumieron en base a las resoluciones emitidas y al avance de cada proceso. Actualmente, el Tribunal Disciplinario Superior revisa los casos según la etapa legal en la que se encuentren. Incluso tenemos un caso de un mayor que fue restituido a sus funciones por una disposición judicial que ordenó revertir la baja anterior”, explicó Cortez.
El jefe policial señaló que, aunque la cifra exacta puede variar, son cerca de 40 los uniformados procesados por los conflictos de 2019. “Cada caso tiene características particulares. Muchos ya concluyeron su etapa procesal en el sistema disciplinario, pero otros continúan en curso porque recurrieron a instancias jurisdiccionales, como los jueces de garantías, cuyas resoluciones estamos cumpliendo”, indicó.
Asimismo, Cortez precisó que el 80% de los casos derivó en bajas definitivas, mientras que el 20% restante sigue en revisión o en trámite judicial. “Se está revisando caso por caso, según su naturaleza y el momento procesal en el que se encuentre”, añadió.
La declaración de Cortez se produce luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instara a los militares y policías procesados por los hechos de 2019 a solicitar la revisión de sus casos, con el fin de determinar si pueden acceder a la absolución.
La decana del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, recordó que su instancia actúa únicamente a petición de parte. “Nosotros no actuamos de oficio. Si ellos fueron juzgados en la vía ordinaria, deben solicitar su revisión; caso contrario, deberán acudir a las instancias que correspondan”, explicó.
Esta petición se la realizó luego de la liberación de Jeanine Añez, quien dejó el penal de Miraflores después de casi cinco años de detención por el denominado caso “Golpe de Estado II”. El fallo del TSJ determinó que su asunción a la presidencia en 2019 fue “un acto de necesidad constitucional”, no un delito de usurpación de funciones.
A raíz de esa decisión, el vicepresidente electo, Edmand Lara, pidió que se restituyan los derechos y la fuente laboral de los policías y militares procesados o dados de baja durante el gobierno de Luis Arce. “La ley debe aplicarse para todos, sin distinción, y se debe reparar la situación de quienes fueron sancionados injustamente con procesos armados”, sostuvo.
BD/LE