El presupuesto de la estatal es de Bs 4.600 millones para 2025, alrededor del 5% destinado para las empresas públicas. En una semana de intervención, el nuevo gobierno encontró daños por Bs 95 millones
Por Raúl Dominguez
Fuente: eldeber.com.bo
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Desde su creación, en julio de 2007, los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce, presentaron a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) como uno de los pilares del Modelo Económico Social Comunitario Productivo de Bolivia, con el objetivo de impulsar la producción nacional, estabilizar precios, eliminar intermediarios y garantizar alimentos básicos para la población.
Sin embargo, con la llegada del gobierno encabezado por Rodrigo Paz, emergió una realidad distinta: una empresa que nunca cumplió el rol para el que fue creada y que, según productores y recientes intervenciones, se convirtió en un foco de ineficiencia, pérdidas millonarias y presunta corrupción estructural.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, ha sido el encargado de revelar la cruda realidad. “Tengamos en cuenta la cifra: 4.600 millones de bolivianos era lo que EMAPA tenía de presupuesto para este año. (…) y presupuestos muy similares o algo menores ha tenido a través de los últimos años”, reveló el ministro el pasado martes.
Según Justiniano, solo en una semana de trabajo se detectaron daños al Estado por más de Bs 95 millones, siendo el caso de una planta procesadora de papas en Chuquisaca, uno de los más significativos. En ella se evidenció un daño por Bs 41,4 millones, donde se encontró una póliza de garantía falsa, presentada por un contratista y que pretendía cobrar unos Bs 12 millones adicionales a los Bs 25,7 millones pagados por una maquinaria retenida en China y que está “a punto de perderse”, según palabras del ministro.
“Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero que nada es la denuncia penal contra los funcionarios y también para los privados que hubieran ocasionado daño económico al Estado”, anunció Justiniano.
Quejas no atendidas
La detención del exgerente de Emapa, Franklin Flores, por cargos de corrupción, expuso en octubre las debilidades de transparencia en la administración de una compañía que maneja más recursos que varias gobernaciones del país. Solo por dar un ejemplo la Gobernación de Santa Cruz maneja un presupuesto de Bs 2.164 millones.
Y a pesar que Flores guarda detención domiciliaria, el caso involucra, hasta el momento, a cinco exfuncionarios y al dirigente de los panaderos Rubén Ríos, todos señalados por su presunta relación con hechos de corrupción en la distribución de insumos para la elaboración de pan de batalla, principalmente en el occidente del país.
Algunos productores y críticos sostienen que Emapa fue usada con fines políticos, favoreciendo intermediarios o ciertos grupos, en lugar de apoyar de forma efectiva a pequeños productores. Por ejemplo, denuncian que los cupos de compra de granos se asignaban a intermediarios o “aliados políticos”.
Paulino Sánchez, agricultor de Cuatro Cañadas, entregaba soya y arroz a Emapa en sus inicios, pero de un tiempo a esta parte, la estatal se convirtió en una red burocrática que solo alimentaba intermediarios, manipula cupos y marginaba a quienes realmente cultivan la tierra.
“La corrupción no empezó ahora, sino desde Evo Morales”, dijo Sánchez a EL DEBER en pasadas semanas y manifestó que el esquema se mantuvo intacto bajo el gobierno de Luis Arce.
“Los pequeños productores, casi el 20%, no logran vender a EMAPA. Los cupos se reparten entre intermediarios, transportistas y hasta menonitas que no siembran nada”, denunció.
Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), es uno de los más acérrimos críticos de la administración de Emapa. En múltiples ocasiones señaló que los problemas de la estatal son consecuencia de un modelo que terminó ahogando la producción.
“Hace mucho tiempo venimos diciendo que EMAPA nunca fue una solución a los problemas de los pecuarios. Bolivia necesita 1,2 millones de toneladas de maíz al año, y EMAPA, en su mejor momento, apenas lograba comprar 250.000. En ocasiones, incluso adquiría maíz de contrabando, mientras el Gobierno se negaba a autorizar la producción de transgénicos en Santa Cruz”, indicó.
Las cámaras agropecuarias del Oriente (CAO) y de Cochabamba (CAC) denunciaron en reiteradas ocasiones que EMAPA subvencionaba precios sólo para una minoría, favoreciendo a algunos productores o beneficiarios, lo que creaba competencia desleal frente al sector privado.
Señalaron que, en lugar de incentivar la producción nacional y apoyar a pequeños y medianos productores, la empresa estatal terminaba “irregularizando” el mercado, distorsionando precios, y marginando a quienes no estaban vinculados a esa subvención.
Desde 2020 se incrementaron denuncias por atraso en pagos, desabastecimiento de maíz subvencionado y promesas incumplidas. Pero en 2025 las críticas se intensificaron: dirigentes de Cochabamba, Santa Cruz y el altiplano afirmaron que la empresa acumuló pérdidas superiores a los Bs 800 millones, que su ejecución presupuestaria rara vez superó el 40% y que los proyectos industriales quedaron abandonados.
Casos de éxito
El modelo de una empresa estatal para abastecimiento de alimentos, regulación de precios y apoyo a la producción nacional existe en muchos países, desde Brasil hasta India, China y varios de América Latina.
Sin embargo, las experiencias internacionales también muestran que no basta con crear la empresa. Es clave gestión eficiente, transparencia, buena gobernanza, controles estatales y rendición de cuentas.
Existen casos de éxito de empresas similares a EMAPA, como Perum Bulog, en Indonesia, uno de los modelos más estables y mejor evaluados de Asia. La estatal funciona mejor porque tiene autonomía técnica en muchas decisiones, alta inversión en logística, transporte y silos; cuenta con sistemas digitales de inventario desde hace más de 15 años y maneja un solo producto estratégico como eje, el arroz, lo que reduce complejidad.
Otro caso de éxito es la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab), que es el sistema más robusto de América Latina, porque cuenta con alta profesionalización de su personal técnico, tiene una enorme red de almacenes y logística en todo el territorio; monitorea mercados en tiempo real y realiza auditorías internas y externas constantes, entre otras medidas.