Durante la COP30, representantes de pueblos indígenas de Bolivia advirtieron sobre los impactos sociales y ambientales de la minería en sus territorios, denunciando que el Estado no garantiza el cumplimiento de los derechos que reconoce en la ley.
Fuente: Sumando Voces
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Las declaraciones se realizaron tras el evento paralelo “The Human and Environmental Costs of Mining Waste for Indigenous Peoples’ Rights and Lands”, coorganizado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y otras organizaciones aliadas.
«La minería no es nuestra fuente de ingreso, no es nuestro trabajo. La minería nos va a deshacer. Nosotros estamos bien con lo que hacemos, somos agricultores, trabajamos con productos diversificados de una manera sostenible y también orgánica», afirmó la lideresa indígena Wilma Mendoza, presidenta de la CNAMIB.
«El Estado juega a ser juez y parte»
Mendoza expuso que Bolivia cuenta con un sólido marco normativo, incluyendo la Constitución Política del Estado (CPE), el Convenio 169 de la OIT, y la Recomendación 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), pero que en la práctica esos derechos son sistemáticamente vulnerados.
«El Estado boliviano tiene las mejores normativas, pero en la implementación hace justamente lo contrario. El Estado juega a ser juez y parte. No garantiza los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres específicamente», afirmó Mendoza en un video publicado por la PBFCC.
Según explicó, el avance de la minería aurífera en distintas regiones del país está provocando graves daños ambientales y afectaciones profundas al tejido social de las comunidades. Agregó que, actualmente, en Bolivia hay mucha extracción de oro, pero casi ningún beneficio para los pueblos, e hizo énfasis que los impactos son más negativos que positivos.
Mendoza puso como ejemplo el caso del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (Pilcol), que cuenta con más de 885 hectáreas tituladas. Sin embargo, cerca del 70% de su superficie ha sido afectada por la minería aurífera.
De acuerdo con la lideresa, debido a la minería, en esas zonas se incrementó la trata de personas, la violencia de género y los niveles de estrés de las mujeres, quienes asumen la carga emocional y económica que deja la destrucción del territorio.
En contraste con este panorama, Mendoza destacó la decisión del territorio indígena Mosetén, que hace tres años resolvió, en congreso, rechazar la minería y apostar por un modelo económico basado en la agricultura sostenible y agroecológica.
El territorio Mosetén, certificado como Tierra Comunitaria de Origen (TCO) con producción orgánica, fortaleció su autonomía y trabaja en la exportación de productos agroecológicos. Esta experiencia, según la presidenta de la CNAMIB, demuestra que existen alternativas viables al extractivismo que pueden sostener la economía local y la vida comunitaria.
«Todos convencidos, hacemos una sola voz de decir: ‘Aquí no entra la minería’», finalizó Mendoza.
En un escenario global donde la transición energética y la minería verde se presentan como soluciones al cambio climático, las voces indígenas bolivianas recordaron en la COP30 que no puede haber justicia climática sin justicia para los pueblos y las mujeres que habitan los territorios más afectados.
La COP30
En la COP, Inter Press Service (IPS) reportó que los indígenas de la Amazonía pidieron a los negociadores climáticos que basen sus propuestas e iniciativas en el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas afectadas.
«Representantes de los pueblos indígenas de los países de la cuenca amazónica presentaron pruebas de que las iniciativa de reforestación, los planes del mercado de carbono y los proyectos de energía renovable podrían desplazar a las comunidades indígenas y locales y dañar los ecosistemas si se desarrollan sin la participación de la comunidad y sin respetar sus derechos», enfatiza IPS.