El eje central del proyecto político del MAS radicaba en la construcción de un Estado empresario, productor y generador de excedentes que le permitiera eternizarse en el poder. Un Estado que controlara sectores estratégicos y no estratégicos, que fuera el principal generador de empleo y de excedentes económicos; un Estado que, en el proceso, asfixiara o subordinara al sector privado para eliminar cualquier vestigio de competencia política.
Durante veinte años de gobierno, la corrupción descontrolada, terminó prostituyendo las empresas estratégicas que se construyeron en años de democracia. Se realizaron inversiones millonarias en industrias pesadas y livianas, financiadas con recursos del Estado, que hoy resultan ser una caja de Pandora que incrementa el déficit fiscal. El Estado ineficiente y corrupto se convierte así en la principal traba para impulsar una dinámica de competencia que permita a las nuevas generaciones promover una visión de base ancha.
La funesta experiencia socialista nos deja un órgano ejecutivo obeso, que requerirá cirugía profunda. Veamos algunos datos sobre el entramado empresarial y sus vínculos de dependencia con los ministerios del Órgano Ejecutivo:
Ministerio de Defensa: 5 empresas públicas
Ministerio de Desarrollo Productivo: 12 empresas
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Ministerio de Hidrocarburos y Energías: 27 empresas
Ministerio de la Presidencia: 2 empresas
Ministerio de Minería: 8 empresas
Ministerio de Obras Públicas: 10 empresas
SEDEM y EMAPA: decenas de empresas.
En este universo empresarial público coexisten empresas estratégicas y otras insólitas, como fábricas de papa frita o de industrialización de la hoja de coca; un cuadro que pone los pelos de punta. Destrabar los candados constitucionales y legales que dejaron los constructores de este desastre, requerirá del concurso de los abogados más avezados.
En su lógica de corrupción, y viendo al Estado como una agencia de empleo, crearon la Oficina Técnica para el Desarrollo de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia. Esta instancia podría convertirse en generadora de políticas y decisiones para el achicamiento y adecuación del Estado. No hay inventor que no se joda con su invento, dice el dicho popular. Estimo que la modificación de la norma de creación de OFEP, será suficiente para dar legalidad e institucionalidad. Bajo la conducción de un profesional competente y experimentado, un directorio estratégico con solvencia técnica y política, la ineficiente política de estado empresa puede ser reconducida, sin duda, será un proceso plagado de tensiones y dificultades.
Independiente de los ministerios involucrados en la dinámica del desarrollo empresarial público, esta instancia podría ofrecer la autonomía necesaria para viabilizar una tarea tan compleja.
Someter a rigurosa evaluación técnico-financiera a aquellas empresas deficitarias y, cuando sea posible vislumbrar futuro, impulsar procesos transparentes de transferencia al sector privado.
En los casos de empresas inviables o insalvables, deberá procederse con mecanismos de liquidación que permitan recuperar parte del capital invertido, mediante la venta de activos cuando sea factible. En este último grupo se encuentra la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA): la imposibilidad de producir materia prima —caña de azúcar— paralizó el proyecto. En mis años universitarios, allá por los 80 en la UCB, se advirtió sobre este hecho fundamental que inviabilizaba el proyecto. Los “genios” del MAS pasaron por alto ese tema central; claro, la jugosa comisión de una inversión superior a 370 millones de dólares pesó más que la frustración de una región que aspiraba a su desarrollo.
Recojo palabras de Julio Linares, experto en el tema: “Probablemente los ingenios existentes y en operación, tengan interés en adquirir algunos activos y así recuperar algo del capital invertido”. En los casos de liquidación, y en aquellos donde existan indicios de corrupción, corresponderá iniciar procesos penales contra los responsables del daño al Estado.
Los ministerios con tuición sobre las empresas públicas, por mandato presidencial, serían las instancias competentes para aplicar las políticas, previendo acciones de contención para evitar conflictos con otras entidades estatales (gobernaciones y municipios), así como con organizaciones cívicas, sociales, sindicales u otras. Aquellos que ofrezcan resistencia a la liquidación podrán tener el privilegio de adjudicación en términos razonables.
La normativa necesaria para un proceso de esta naturaleza no debería generar controversias en la Asamblea Legislativa, considerando que la bancada socialista es prácticamente inexistente.
Jaime Navarro Tardío
Político y ex Diputado Nacional.