Entrar en razón II


Inició el nuevo tiempo…

Terminó el ciclo del estatismo masista, marcado por la ineficiencia y el mayor pillerío de la historia democrática. Socialistas de café, sindicalistas corruptos, aprendices en conducción de empresas, intelectuales y académicos que solo se mojaron los tobillos en la lluvia, impulsaron proyectos millonarios, inviables e insostenibles. El gigante Estado productor no tiene opción de sobrevivencia: se acabó el dinero para financiar sus deficitarias operaciones y solo queda enfrentar la realidad. No es cuestión ideológica, es una verdad irrefutable.

Los que nacimos en los años sesenta vimos pasar dos ciclos históricos. En 1985, Paz Estenssoro nos liberó del estatismo; en 2005, Evo nos volvió a hundir en el barro del socialismo; y en 2025, Rodrigo Paz Pereira tiene el desafío histórico de abrir un nuevo ciclo orientado al mercado.

Quiero compartir con ustedes un caso que permitirá constatar las barbaridades cometidas bajo las banderas del Estado productor.



A principios de los años ochenta, la Corporación de Desarrollo de Tarija contrató una empresa francesa para la instalación de la fábrica de Cemento El Puente. La planta, con capacidad de 60.000 toneladas anuales, inició su fabricación a comienzos de esa década y su puesta en marcha se realizó a finales de los ochenta. Cuesta creerlo, pero así fue. Las pruebas y la puesta en marcha demoraron más tiempo porque la Corporación de Desarrollo no había previsto el tendido del ducto de gas necesario para alimentar la planta. Extender el ducto demandó una inversión significativa y un tiempo no previsto. Genialidades de la administración pública.

En 1996 se privatizó la Fábrica de Cemento El Puente (FACEP), operaba al 30 % de su capacidad instalada. A partir del año 2000 comenzó un agresivo plan de inversiones; a la fecha, su capacidad instalada se ha multiplicado por cinco y produce más de 300.000 toneladas anuales. Es incontrastable: esa planta logró viabilidad en el momento en que se liberó de la ineficiencia estatal.

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En mayo de 2014, el gobierno de Evo Morales inició el montaje de una planta de cemento en Oruro (Caracollo), y en marzo de 2017 firmó el contrato para instalar la planta de Potosí (Turicaya/Chiutara). Se invirtieron más de 700 millones de dólares en tecnología de punta, con un proveedor incuestionable: ThyssenKrupp Polysius.

Al momento de adjudicar los proyectos, la realidad del mercado mostraba un exceso de oferta significativo. Mientras la oferta de cemento rondaba los seis millones de toneladas, la demanda apenas bordeaba cuatro millones; el excedente era del 50 %. Las proyecciones de crecimiento de la demanda eran conservadoras y no justificaban una inversión tan grande. El masismo le metió no más, decidió con criterio político: la estrategia buscaba asfixiar la industria cementera, controlar la producción, fijar precios y direccionar el abastecimiento.

La ubicación geográfica de las fábricas estatales permitiría hacer dumping a las fábricas privadas de La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre. En pocas palabras, se pretendía liquidar la industria cementera nacional.

La fábrica de Oruro empezó a producir en 2019 y actualmente opera al 15 % de su capacidad instalada, mientras que la de Potosí no arranca porque no dispone del flujo de gas necesario: el ducto no abastece la demanda de la planta. Cuesta creerlo, pero, igual que en los años ochenta en Tarija, no pensaron en el insumo esencial para la producción. En contraste, las empresas cementeras privadas operan a plena capacidad.

Cuando las estrategias políticas se anteponen a la racionalidad económica, las consecuencias afectan el largo plazo. La ineficiencia estatal ocasiona pérdidas al Estado porque los proyectos no funcionan, y el daño mayor a la industria se refleja en su rentabilidad y sostenibilidad. Cuando el mercado está en equilibrio promueve crecimiento, las inversiones fluyen y son rentables; el sector se vuelve atractivo. Cuando existe desbalance —en este caso, un brutal exceso de oferta—, los ajustes y recortes son inevitables, el empleo resulta el primer afectado. Actualmente, la capacidad instalada nacional bordea los diez millones de toneladas anuales, mientras que la demanda abastecida por el sector privado se mantiene alrededor de cuatro millones.

En este escenario, siendo insostenibles los proyectos estatales, solo quedará explorar opción de joint venture con perspectiva exportadora, para evitar el cierre de ambas fábricas que demandaron inversiones millonarias.

El nuevo tiempo debe nacer con todos los candados necesarios para que las aventuras estatistas nunca más se repitan.

Jaime Navarro Tardío
Político y ex Diputado Nacional.