Bolivia enfrenta una crisis silenciosa tras los muros de sus cárceles. A septiembre de 2025, los penales albergaban a más de 33.180 privados de libertad, cuando su capacidad no supera las 15.600 plazas. En cada celda donde debería vivir uno, están dos o tres. En los últimos años, el hacinamiento se convirtió en parte del paisaje cotidiano, una muestra del colapso carcelario.
Fuente: ABI
Esta sobrepoblación del 113% no es solo una cifra; es una realidad que afecta la vida diaria de miles de internos e internas.
“Escuché mi nombre por el megáfono y por un momento pensé que era una encomienda o visita, pero era la hora de mi libertad. (…) El sargento encargado de la puerta me dijo: Mi momento de libertad había llegado una vez más. Cruzar esa puerta de salida fue emocionante. Sin embargo, al salir tropecé con una persona que ingresaba al penal y quedé inconsciente. Cuando desperté, me encontraba de nuevo en mi celda, en mi cama. Una vez más, había soñado con mi libertad”, relató Amílcar, cuyo apodo es “Alambrito”, gracias a su talento para trabajar con metales y artesanías.
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Amílcar fue detenido en 2022 y está recluido en el penal de San Antonio, en Cochabamba.
Desde entonces, su vida fue marcada por la soledad, en una pequeña y fría celda compartida, la búsqueda de redención y, sobre todo, la espera interminable de un futuro incierto.
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, es consciente de la gravedad de la situación.
Según sus datos, de los 33.181 privados de libertad a escala nacional, 14.912 están sentenciados, mientras el resto permanece en detención preventiva; es decir, 18.269 personas están encarceladas sin sentencia.
Esto es más dramático en el caso de las mujeres, donde el 56% aún espera la resolución de sus casos y su sentencia condenatoria o de absolución.
“Sigue siendo la detención preventiva la más elevada respecto a los sentenciados”, explicó Limpias en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
En Bolivia, el plazo máximo para la detención preventiva es de tres años, pero más del 50% de los internos superaron ese tiempo, sin que se les haya dictado sentencia.
Ante este panorama, el Decreto Presidencial de Indulto N° 5460, impulsado por el Gobierno, emergió como una medida urgente y humanitaria para aliviar el hacinamiento y dar una oportunidad de reinserción a cerca de 5.000 reclusos.
“Hay personas que deberían estar libres, defendiendo su inocencia fuera de prisión”, afirmó Limpias.
Muchos se encuentran atrapados en un sistema judicial burocrático e insensible.
“Nuestro llamado ha sido al Órgano Judicial para que en esa buena voluntad que tiene Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se pueda revisar y hacer justicia, no se está pidiendo que se cierre el proceso o que la víctima quede en indefensión. Lo que se está pidiendo es que esa persona privada de libertad puede defenderse en libertad”, precisó.
El resultado de este caos institucional es un sistema penitenciario saturado, donde los internos carecen de condiciones para rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad.
“No terminamos de inaugurar un aula que sirve para la reinserción social y a la semana nuevamente el Órgano Judicial se encarga de llenar este espacio. Entonces, ya no se cumple el objetivo que teníamos. Tenemos que cerrar el aula para darles un techo y una cama”, explicó.
Aun así, entre la escasez de recursos, el hacinamiento y la precariedad, más del 70% de las personas privadas de libertad elige estudiar o trabajar, aferrándose a las pocas oportunidades que ofrece el encierro y en un esfuerzo de superación y reinserción.
Los techos de algunas cárceles, como la de San Pedro en La Paz, se convirtieron en talleres improvisados y al aire libre, donde se dan forma a pequeñas piezas de esperanza. Entre el ruido de martillos y pinceles elaboran artesanías, miniaturas y otros productos que luego cruzan los muros del encierro para exhibirse en ferias nacionales e incluso internacionales.
El acceso a los techos se convirtió una solución improvisada frente al hacinamiento que entorpece los talleres y los pasillos del penal. Paradójicamente, ese mismo lugar, también es escenario de protestas y reclamos, un recordatorio de que detrás de cada figura tallada o tejido artesanal hay una historia de encierro, resistencia y búsqueda de dignidad.
“El tema es de que la infraestructura también tiene que acompañar y eso es un problema estructural que tenemos que resolver. Pero hay un número importante de privados que quiere un cambio, una oportunidad del Estado para llegar a una reinserción social más efectiva”, aseveró.
Rayito de esperanza en medio de la oscuridad
Ahora, el Indulto se presenta como un salvavidas para muchos, pero también como una medida temporal ante un problema mucho más profundo.
El objetivo es aliviar la sobrepoblación carcelaria sin poner en riesgo la seguridad ciudadana. En ese sentido, el beneficio no se aplicará a personas condenadas por delitos graves o de alta relevancia penal, como homicidio, feminicidio, violación o corrupción.
“Este indulto nace desde la solidaridad y el compromiso humano. No se trata de impunidad, sino de dar una oportunidad de reinicio a aquellos que, realmente, tienen la voluntad de reinsertarse”, aseguró Limpias, mientras supervisa las visitas de socialización del decreto en los centros penitenciarios.
Se prevé que hasta el 2026 alrededor de 5.000 internos se acojan a este beneficio, que busca no solo aliviar el hacinamiento, sino ofrecerles una nueva oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
Amilcar es uno de los ejemplos de resiliencia, porque, a pesar de su encarcelamiento, encontró una vía de escape en la artesanía.
“Con un poco de alambre se pueden hacer muchas cosas”, dice el joven, mientras observa sus creaciones como ser: Collares, brazaletes y pequeños símbolos de esperanza.
También compartió su arte con otros internos, que se mostraban fascinados por su habilidad y deseaban aprender para generar ingresos económicos.
“La prisión no me quitó mi capacidad de soñar. Aunque perdí mi libertad, nunca perdí la esperanza. Mis recuerdos familiares y el arte me mantienen en pie”, aseguró y reflexiona sobre el día en el que espera cruzar la puerta del penal a la libertad.
La necesidad de un cambio estructural
“El indulto no es una solución permanente, pero es un paso necesario hacia la humanización de las cárceles (…) Debemos seguir trabajando para que el sistema penitenciario se convierta en un lugar de rehabilitación y no solo de castigo”, consideró Limpias.
El Decreto de Indulto ofrece un destello de esperanza en medio de un sistema desbordado y en crisis. Sin embargo, la verdadera solución debe venir de una reforma estructural que no solo se centre en la sobrepoblación, sino también en crear condiciones efectivas para la rehabilitación y reinserción de los internos, asegurando que los que sean liberados puedan tener una vida digna fuera de la cárcel.
Mientras tanto, los internos como Amílcar siguen viviendo con la esperanza de un día poder reintegrarse a la sociedad.
Aunque la solución no será fácil ni rápida, el Decreto Presidencial de Indulto ofrece una oportunidad para romper el ciclo de desesperanza y darles una nueva oportunidad a quienes viven en cárceles sobrepobladas.
GM/cc
Fuente: ABI