El estudio se trata de “La situación del agua en Bolivia”, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, escrito por Elizabeth Vargas Solá.
Fuente: ANF
Bolivia atraviesa una crisis hídrica profunda, cuya magnitud no se debe solo a factores climáticos, sino también al modelo económico extractivista, la degradación ambiental y una normativa obsoleta, según revela el estudio “La situación del agua en Bolivia”, de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, escrito por Elizabeth Vargas Solá. La investigación concluye que el país vive una “crisis de gobernanza del agua”, marcada por la falta de coordinación institucional, el deterioro acelerado de las fuentes y la ausencia de una Ley de Aguas actualizada desde 1906.
“La crisis hídrica no solo tiene causas naturales, sino también sociopolíticas, por lo que se habla de una ‘crisis de gobernanza del agua’ (…) En cuanto a las normativas e institucionalidad del agua, existe una Ley de Aguas obsoleta (data de 1906), que requiere actualización en consonancia con la CPE”, establece el documento.
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Destaca que, entre 2000 y 2024, los principales hitos vinculados al agua en Bolivia estuvieron marcados por la defensa social del recurso. La llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba impidió la privatización del servicio y dio paso a reformas esenciales, como el reconocimiento de los comités de agua y regantes como actores legítimos en la gestión del recurso, así como la consagración del agua como un derecho humano en la Constitución. También impulsó la creación del entonces Ministerio del Agua y la adopción del enfoque de Gestión Integral de los Recursos Hídricos.
Sin embargo, los avances institucionales no lograron sostenerse en el tiempo, dice Vargas. Señala que la coordinación intersectorial nunca se consolidó y que las políticas posteriores —incluidos los programas “Mi Agua” y “Mi Riego”—, aunque ampliaron la cobertura, no resolvieron los problemas estructurales vinculados a la protección de cuencas ni al uso eficiente del agua. Esta debilidad se agravó en el contexto económico reciente, en el que los últimos gobiernos priorizaron la expansión del agronegocio, los hidrocarburos y la minería del oro como motores para generar divisas ante la crisis fiscal.
“Esta situación se ha generado por el modelo agrario y económico extractivista, centrados en los hidrocarburos, minería y sector agroindustrial, implementado durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Añez (2019-2020) y Luis Arce (2020-presente)”, expresa el estudio.
Como consecuencia directa, Bolivia registra altos niveles de deforestación e incendios, y por ende la reducción de la capacidad de recarga hídrica y secando humedales y lagunas. A esto se suma la creciente contaminación de ríos por aguas residuales, residuos industriales y el uso de mercurio en la minería aurífera.
El estudio advierte que estas presiones ambientales alteran el ciclo natural del agua exacerbando los impactos del cambio climático, especialmente ante eventos extremos como El Niño y La Niña, que intensifican sequías severas e inundaciones.
La dimensión social de la crisis también es crítica, ya que persisten grandes desigualdades en el acceso al agua potable y saneamiento, afectando principalmente a zonas rurales y periurbanas donde las familias dependen de cisternas, pozos o vertientes cada vez más frágiles. En las ciudades, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana presiona las áreas de recarga hídrica, mientras que la calidad del agua distribuida y el tratamiento de aguas servidas siguen siendo desafíos pendientes.
El estudio responsabiliza directamente al marco normativo e institucional. La Ley de Aguas vigente data de 1906, y las normativas complementarias mantienen una lógica sectorial que distribuye competencias entre entidades como Servicio Nacional de Riego (Senari), Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) o la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) sin un ente regulador que articule la gestión del recurso.
Además, la permisividad para actividades extractivas en áreas protegidas, glaciares y humedales profundiza la vulnerabilidad del país. La falta de vigilancia y control sobre volúmenes de uso, calidad del agua y contaminación refuerza la necesidad —según el estudio— de crear una Autoridad Nacional del Agua con participación de la sociedad civil.
A pesar de este escenario crítico, el estudio identifica buenas prácticas impulsadas tanto por comunidades como por organizaciones sociales y algunos niveles de gobierno. Entre ellas se destacan experiencias de “siembra y cosecha del agua” y la restauración de áreas de recarga hídrica bajo enfoques de manejo integral de cuencas. Estas iniciativas recuperan saberes ancestrales y promueven la “crianza del agua”, lo que demuestra que la gestión comunitaria puede fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.
El informe también aporta insumos para una futura Ley de Aguas, señalando que las propuestas se acumularon desde los años setenta sin concretarse. Entre los elementos recurrentes están la necesidad de una ley marco, una autoridad nacional del agua, un ente que garantice la participación social y un enfoque de gestión por cuencas.
Asimismo, plantea retomar principios como “el agua para todos” y “convivir con el agua”, inspirados en las luchas sociales que marcaron la historia reciente del país.
Finalmente, el estudio subraya que Bolivia necesita un cambio estructural en su modelo de desarrollo. Mientras la apuesta gubernamental siga centrada en actividades que degradan bosques, humedales, glaciares y áreas protegidas, la crisis hídrica continuará profundizándose. “La efectiva gestión del agua está en manos de las comunidades y los actores locales”, concluye el documento que llama a reconstruir una nueva gobernanza del agua que priorice la vida y la naturaleza sobre el extractivismo.
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Fuente: ANF